Semillas de resistencia: De la exoneración de Virginia Aparicio a la lucha ambiental y sanitaria en el Chaco
En los últimos años, la persecución contra científicas, científicos y profesionales de la salud que investigan el impacto de los agroquímicos en la Argentina ha alcanzado un nivel alarmante. El caso de la Dra. Virginia Aparicio -quien enfrenta un proceso administrativo dentro del INTA con una amenaza latente de exoneración a raíz de sus reveladoras investigaciones sobre la presencia, transporte y persistencia de plaguicidas en suelo, agua y aire- no es un hecho aislado, sino que constituye una muestra palmaria de la violencia institucional y corporativa ejercida contra la ciencia digna que se niega a someterse a los dictados del modelo agrobiotecnológico extractivista.
Esta sistemática presión sobre la Dra. Aparicio evoca de manera ineludible uno de los episodios más oscuros y paradigmáticos de hostigamiento científico en la historia reciente del país: la agresión sufrida por el Dr. Andrés Carrasco en agosto de 2010 en Las Palmas, Chaco. Carrasco, tras haber demostrado los severos efectos teratogénicos del glifosato en embriones, fue rodeado y atacado por patotas vinculadas al poder político y a los intereses agroindustriales cuando intentaba presentar sus hallazgos en una comunidad seriamente afectada por las fumigaciones. La violencia contra la Dra. Aparicio y el intento de silenciarla en el INTA representan la continuación de ese mismo patrón: acorralar, disciplinar y sancionar a quien ponga en evidencia la insostenibilidad de un esquema de producción que envenena.
En Chaco, las investigaciones de la Dra. Aparicio hallan una dramática y abrumadora constatación territorial, tal como lo ha documentado de manera minuciosa la Dra. María del Carmen Seveso en su libro Resistiendo al Modelo Agrobiotecnológico. Para evitar la complicidad de las víctimas (2021), el avance desmedido del paquete soja-algodón transgénico y el uso masivo de biocidas han transformado la geografía provincial en un escenario de enfermedad y despojo.
A lo largo de décadas, la labor colectiva de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo, junto con investigaciones de epidemiología comunitaria y los aportes de profesionales como el biólogo molecular Horacio Lucero (Instituto de Medicina Regional de la UNNE), pediatras en diversos centros de salud y las denuncias de docentes en escuelas rurales, han sacado a la luz indicadores sanitarios atroces:
• Incremento de malformaciones congénitas y abortos espontáneos: Registrados de forma alarmante en el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña y en el Hospital Perrando de Resistencia.
• Enfermedades crónicas y oncología infantil: Un aumento desproporcionado de casos de cáncer en niños y adultos en comunidades expuestas a derivas aéreas y terrestres como Avia Terai, La Leonesa, Las Palmas, Campo Largo y Pampa del Infierno.
• Contaminación ambiental y mortandad animal: Evidenciada en colonias agrícolas y asentamientos campesinos e indígenas (como en Colonias Unidas, Napenay o Pampa del Indio), donde el uso irresponsable de cócteles químicos de glifosato, 2,4-D, clorpirifos e imidazolinonas arrasa con la producción de subsistencia, la fauna local y la salud de las familias.
Lo que ocurre con la Dra. Virginia Aparicio en su ámbito institucional de trabajo y lo que padecen diariamente los pueblos fumigados del Chaco forman parte de la misma trama: la prioridad del lucro corporativo por encima de la vida, de la soberanía alimentaria y del derecho a un ambiente sano. Pretender exonerar o castigar a quien investiga e informa la verdad no borra la presencia de los agroquímicos en el agua que se bebe, ni en el aire que respiran las infancias rurales.
Es imperioso que la sociedad, las instituciones académicas, las organizaciones sociales y los medios de comunicación alcen la voz en defensa todas y todos los científicos comprometidos con la salud pública. Detener la persecución científica es la primera línea de defensa para detener el ecocidio y garantizar que el conocimiento siga estando al servicio de los pueblos y no de las corporaciones.
Gerardo Roberto Martínez – Quitilipi (Chaco); 10/10/2026
