Derogaron el artículo 136 de la ley 800-H

y eliminaron el tope jubilatorio para agentes comprendidos en esa disposición.

La normativa fue impulsada y aprobada por la mayoría legislativa del oficialismo. La oposición, que votó por la vuelta a comisión del proyecto en cuestión, planteó su rechazo en cuanto a no habilitar «jubilaciones de hasta $13 millones», en un contexto de crisis, aún cuando reconoció que con la derogación del artículo 136 de la ley 800-H se respondía a un reclamo «legítimo».

El Parlamento chaqueño derogó este miércoles, por el voto de la mayoría legislativa, el artículo 136 de la Ley 800- H (antes 4044), del Régimen de Seguridad Social para el personal de la administración pública provincial y municipal. En los fundamentos del proyecto, los autores de la iniciativa, diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, sostuvieron que desde la modificación del artículo 75° de la Constitución Provincial, la garantía del cálculo del haber previsional mediante la aplicación del 82% de los haberes correspondientes al cargo activo calculados conforme lo establece el artículo 132° de la misma Ley 800-H tiene rango constitucional, una disposición que fue prevista a fin de que el haber pasivo refleje la trayectoria laboral del beneficiario, proporcionalmente razonable a la retribución que percibía al momento de jubilarse y que seguiría percibiendo si estuviera en actividad.

Señalaron que, sin embargo, el artículo 136º no se adecuó a esa disposición lo que implica una exacción “legal”, pero “manifiestamente inconstitucional”, ya que un número determinable de beneficiarios pasivos de la previsión social chaqueña son privados de percibir el 82% de los haberes que les corresponden. Además, que con la nueva modificación del art. 136 en 2020 se estableció un nuevo tope, que “trajo y traerá como consecuencia nuevos procesos judiciales en reclamo de la declaración de inconstitucionalidad”.

El debate

Con una postura claramente contraria al proyecto impulsado por el oficialismo legislativo, el diputado justicialista Nicolás Slimel, fue el primero en tomar la palabra durante el debate en el Recinto. “Si hay algo de lo que nos tenemos que jactar los chaqueños, es justamente con la posibilidad de que exista el 82% móvil, que haya sido sostenido durante todas las gestiones pasadas y reafirmada en la enmienda constitucional de 2009, donde incluso se garantizaron otros derechos como la movilidad jubilatoria y la no trasferencia de la caja previsional a la Nación. Fue una gran lucha de quien era el Gobernador en ese momento y también, por supuesto, de todo el sector de trabajadores”, resaltó.

Dicho esto, marcó que el proyecto legislativo puesto a consideración “tiene serias falencias en el análisis y en los planteos que se fueron realizando durante todo el trabajo legislativo. Y no es una prioridad o más prioridad que otras situaciones que se presentan en las cajas previsionales jubilatorias de nuestra provincia en cuanto a los montos que hoy están percibiendo la mínima y también en la caja de seguros donde estamos teniendo las grandes falencias en cuanto al cumplimiento de cómo deberían ser las soluciones a todos los sectores”.

Recordó que el proyecto ingresó el 15 de marzo y que si bien cuenta con opiniones de algunos organismos, “ninguna fue contundente ni marcó lo que nosotros pedimos en las distintas comisiones, incluso en la de Legislación del Trabajo, sobre cuántas personas están comprendidas, cuál es el monto del que estamos hablando, cómo quedaría la situación de los jubilados, cual es la situación de los juicios que hoy tiene la provincia. No nos han dado ninguna información”.

“Entiendo que este proyecto tiene la intención de mejorar la situación de la cuestión previsional, pero no estamos trabajando en el sector más vulnerable. Un poco lo que discutimos durante cuatro horas hace un rato con la emergencia alimentaria porque la gente no tiene para comer, literalmente, y le cuesta muchísimo llegar a fin de mes a los trabajadores del Estado y más a los jubilados con la mínima”, manifestó.

Planteado esto, señaló la falta de informes sobre cuántas personas se encuentran comprendidas en este nuevo beneficio que elimina el tope jubilatorio y planteó que “no nos estamos preocupando de otros problemas reales que sí tiene el InSSSeP”. “Entiendo que es un proyecto que beneficia a los sectores más pudientes de nuestra sociedad, no quiero estigmatizar a nadie, pero quienes perciben estas jubilaciones que están dentro del tope son muy pocas personas y en su mayoría son cargos políticos de algún organismo del Estado o algún Ministerio. Estamos beneficiando a ese grupo que el presidente llama casta política. Me parece que hoy tenemos que defender a quienes perciben jubilaciones de mucho menor valor y no estas jubilaciones privilegiadas”, sostuvo.

Aseguró que con esta derogación, habrá agentes pasivos que superarán jubilaciones de $2, $5, $6 millones “cuando hoy tenemos un pueblo que se está cagando de hambre y lo digo con total respeto”. Pidió a sus pares no acompañar el proyecto.

Su par de bloque, la diputada Pía Chiacchio Cavana, aseguró que a partir de la derogación, “muchas personas pasarían cobrar $13 millones de jubilación”. “No niego que hay un reclamo que muchas veces se manifiesta en la justicia y es legítimo, pero en este contexto, hay no más de 200 personas que han tenido cargos políticos de alto rango que pasarían a tener una jubilación superior a los $10 millones, algunos van a cobrar $13 millones. Implicaría un presupuesto de $3.600 millones fondos que se podrían destinar, por ejemplo, al incentivo provincial docente y beneficiar a 30 mil docentes fijos y a otros 10 mil docentes que no tiene cargos fijos”, apuntó. “Creo que con esto queda claro que sí hay plata, pero para determinados sectores a los que se pretenden beneficiar”, señaló.

“No se pueden aprobar jubilaciones de $13 millones cuando los jubilados cobran una mínima de $200 mil y son la principal cara del ajuste”, rechazó la diputada y pidió que el proyecto vuelva a comisión “para revisar las prioridades económicas del gobierno”.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, la diputada Zulema Wannesson, remarcó que no se trata de “una discusión ideológica sino técnica”. “Acá no se trata de qué piensan si es más o es menos sino de cumplir con lo que dice la Constitución provincial y si no quieren cumplirla que la reformen”. Dicho esto, dio lectura al artículo 75 de la Carta Magna.

“El ahorro que quieren hacer no respetando la Constitución lo perdemos en juicios con las costas de los abogados o peritos. Nos está costando una fortuna”, sostuvo la legisladora y añadió: “Esto no es más que el desmanejo económico que ha sufrido el InSSSeP durante años. Esto no va a hacer colapsar la caja de jubilaciones. Si vamos a hablar del InSSSeP tenemos mucha tela para cortar, pero mientras tanto les pido a los diputados que respetemos la Constitución y la letra expresa cuando dice “irreductible” el 82% móvil”.  

Durante el debate, por la oposición, también se manifestaron por la vuelta a comisión los diputados Juan Carlos Ayala (PJ), Tere Cubells (Frente Grande), Rodolfo Schwartz (Partido del Trabajo y el Pueblo), Mariela Quiroz (PJ), Rodrigo Ocampo (PJ).

Desde el NePAR, Juan José Bergia advirtió que se expresaría de cara al oficialismo, pero también de sus propios pares de bancada. “Ninguna de estas jubilaciones son de privilegio. Son personas a las que le s tocó en suerte aportar el 82% móvil. Tiene un derecho adquirido, fueron aportando y el desfinanciamiento del InSSSeP no es por ellos si vamos a dar la discusión real. Lo que sí, como lo dijo algún otro diputado, esto marca a las claras que hay plata y la prioridad. Pero también marca que hay juicios y que nosotros, en su momento, levantamos la voz diciendo que esto era inconstitucional y estaba en el mismo interbloque ene l que estoy hoy. Hacer demagogia por la demagogia no tiene mucho sentido”, aseguró.