Detuvieron al presidente de Vicentin por disponer de bienes
cautelados por la Justicia
Omar Scarel será trasladado a Rosario, donde se realizará una audiencia de imputación en la causa por la venta de acciones de la empresa Renova sobre las cuales existía una medida cautelar.
El presidente del directorio de la aceitera Vicentin SAIC, Omar Adolfo Scarel, fue detenido este lunes por orden de la Justicia de Santa Fe en la ciudad de Avellaneda, en el norte de la provincia, en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova que estaban cautelados por la Justicia, informaron fuentes judiciales.
La detención de Scarel se concretó en Avellaneda, distante unos 330 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, donde Vicentin tiene además su sede central, y en las próximas horas será trasladado hacia Rosario, donde el miércoles se realizaría la audiencia de imputación.
Tras conocerse la detención, efectuada por agentes de la División Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe, la empresa emitió un comunicado en el que sostuvo que «no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad».
Además de la detención de Scarel, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de la empresa Viterra, que comparte con Vicentin el paquete accionario de Renova.
Las fuentes dijeron que el fiscal Miguel Moreno investiga a Scarel por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin, cuando era contador de la firma.
Entre otras acciones, le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa.
También se le imputa haber presentado informes ante bancos internacionales con la intención de mostrar que Vicentin poseía una posición financiera sólida para conseguir créditos.
Esas maniobras habrían sido realizadas presuntamente por Scarel entre enero de 2017 y julio de 2019 y le habrían permitido a la aceitera conseguir créditos por US$ 500 millones.
La primera reacción de la empresa fue descalificar la acción de la Justicia de Santa Fe.
A través de un comunicado dijeron que «es absolutamente falso» que la compañía haya «incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento».
La nota de prensa niega que haya existido un «incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad». Vicentin señaló que esos acuerdos «se encuentran en instancias precontractuales ad referéndum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”
«El señor Scarel como todos los miembros del directorio de Vicentin SAIC imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”, añadió el texto.
Además, enfatizaron que «llama poderosamente la atención que este hecho (la detención) ocurra cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido”.
La detención de Scarel se da en el marco de las graves dificultades financieras de Vicentin, que incluso llevó al Gobierno nacional a intervenirla en forma transitoria en junio de 2020, en parte debido a que el Banco Nación era uno de los principales acreedores por créditos otorgados durante la presidencia de Mauricio Macri.
