CHACO SOSTENIBLE: PROGRAMA QUE
PROMUEVE POLÍTICAS CON PERSPECTIVA AMBIENTAL, DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
A través del programa de Formación Integral para un Chaco Sostenible de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente su busca promover políticas públicas y principios de sostenibilidad a través de la formación integral, continua, participativa y permanente de los distintos sectores del Estado.
El Gobierno provincial, a través del programa de Formación Integral para un Chaco Sostenible de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, diagramó la implementación de políticas con perspectiva ambiental, de género y derechos humanos para 2022, definiendo líneas prioritarias, poniendo especial énfasis en la planificación y concreción de acciones para el primer semestre del año que contribuyan a la consecución de los objetivos y prioridades establecidas por el mencionado organismo provincial.
“Para este 2022 la clave seguirá siendo el establecimiento de vínculos y las alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y otros organismos provinciales, la Sociedad Civil organizada, los municipios, universidades nacionales, el Consejo Provincial del Ambiente y el equipo a cargo de la implementación de la Ley 3.330 R de seguimiento y monitoreo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros”, expresó la coordinadora del programa de Formación para un Chaco Sostenible Marilyn Rolón.
El Programa de Formación Integral para un Chaco Sostenible dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente tiene como objetivo principal promover el desarrollo de competencias y capacidades y generar las condiciones institucionales para la implementación de políticas públicas con perspectiva ambiental, de género, derechos humanos y principios de sostenibilidad a través de la formación integral, continua, participativa y permanente de los distintos sectores del Estado provincial y de la ciudadanía en general.
Cabe destacar que el Programa de Formación Integral resulta un actor clave en la implementación de dos leyes 27.592 “Ley Yolanda” y la 27.621 “Ley de Educación Ambiental Integral”, esta última en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia.
