Causa de la obra pública: una testigo fundamental

Denunció que el macrismo la obligó a firmar imputaciones falsas.

Fuerte golpe al armado de Javier Iguacel .

El juicio por la obra pública vial en Santa Cruz va de naufragio en naufragio. Este martes declaró Laura Hindie, abogada, jefa de Legales del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y testigo de la fiscalía, es decir de la acusación. Fue ella la que instruyó el sumario 1035/2016 con el que se inició la investigación interna y con el que se puso en marcha la causa. Hindie contó que la conducción macrista de Vialidad llegó al edificio del distrito en un patrullero, la intimidaron y se vio obligada a firmar un documento según el cual a las empresas de Lázaro Báez ya se les habían pagado las obras y no se les debía nada. El texto se firmó en los primeros días de 2016. Eran tiempos en que los obreros de la UOCRA reclamaban parte de sus sueldos y Báez contestaba que le habían suspendido todos los pagos y no podía pagarles. Lo que se pretendía era demostrar que el Estado le había pagado todo a Báez y que éste se guardó el dinero, pero Hinde produjo un enorme impacto con su testimonio.

— ¿A usted le consta que se le había pagado todo a Austral Construcciones y no se le debía nada? –preguntó el fiscal Diego Luciani.

— No, no vi ninguna documentación que dijera eso -sorprendió Hindie-. Pero sucedió que las autoridades del nuevo gobierno (de Mauricio Macri) llegaron a Vialidad en Río Gallegos, en un patrullero. Ahí estaban Javier Iguacel y Ricardo Stoddart, que luego serían titulares de Vialidad y de Legales, pero que en ese momento no tenían decreto de designación. Se bajaron del patrullero y me dijeron que tenía que firmar. No me constaba nada.

El objetivo de traer como testigo a Hindie era demostrar que existía un contubernio entre Vialidad Nacional, sobre todo en el distrito Santa Cruz, y Lázaro Báez, pero la intentona naufragó como casi todas las pruebas incriminatorias presentadas hasta ahora en el juicio. Se pretendió demostrar que a Báez se le pagaron obras no concluidas y la propia auditoría de Vialidad demostró que sólo hubo una diferencia del 0,1 por ciento, normal en todo el país. También quedó evidenciado que las obras estaban bien construidas y que los parámetros fueron parecidos a los de otras provincias. 

Hindie agregó un dato más. Ella no tenía relación con las obras, pero sí con la expropiación de propiedades que estaban en la traza por la que iba a pasar, por ejemplo, la ruta 3. “No fue fácil. A veces las expropiaciones retrasaban las obras tres y hasta cuatro años. Y eso ocurría en muchos lugares del país”. Parte de la acusación en este juicio es que las obras se atrasaron mucho. La imputación sufrió un duro golpe.