Los números del proyecto sobre las grandes fortunas y los motivos para impulsarlo.

El bloque oficialista de Diputados llevará desde la semana próxima el proyecto de contribución extraordinaria a las grandes fortunas a los debates por Comisiones. Después de largas demoras que no tuvieron justificación pública, la iniciativa se pone en marcha con los legisladores puntualizando los alcances del tributo y, además, justificando la decisión en la situación de las arcas del Estado luego de la herencia de Cambiemos.

Este aporte solidario, así descripto, alcanza a un universo de 12.000 contribuyentes con patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos. La alícuota será del 2 por ciento, pero se irá incrementando hasta el 3,5 por ciento para lo que tengan mayor patrimonio. Con todo, el Estado podría recaudar unos 300 mil millones de pesos, que serán usados para comprar insumos para la pandemia de la COVID 19 y otras medidos de estímulo económico para los sectores golpeados por la pandemia.

El incremental porcentual tiene una razón de ser. Cerca de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre 200 a 400 millones de pesos. Por esta cuestión, además, la mayor tasa alcanza a menos de 300 personas. Otro apartado es el de los contribuyentes que tienen bienes en el exterior. Allí, las alícuotas son 50 por ciento mayores.

Según la información que hicieron circular desde el bloque del Frente de Todos, lo recaudado se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia. También apoyarán a las pymes con subsidios y créditos. Urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio; y hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar Gas Natural. También se financiará el relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.

La herencia, un problema

“Encontramos la actividad económica deprimida”, contaron desde el espacio de Todos antes de enumerar las razones de la herencia de Cambiemos que le quitó espalda financiera al Estado. “La gestión de Macri, Rodríguez Larreta y Vidal dejó ocho trimestres de caída interanual del PBI de 3,4 por ciento en promedio, incluido el primer trimestre de este año”, detallaron en los argumentos.

Asimismo, aseguraron que entre 2005 y 2015 el promedio de ese valor fue positivo de 3,82 por ciento. El consumo privado también tuvo ocho caídas trimestrales significativas desde el segundo trimestre de 2018, que promediaron 5,7 por ciento; en el caso de la inversión la caída fue 14 por ciento en el promedio de esos ocho trimestres.

Entre 2015 y 2019, los ingresos tributarios y de la seguridad social de la Nación disminuyeron 3,1 por ciento del PIB, en parte como consecuencia de la decisión deliberada de reducir los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva.

Respecto a los Recursos Tributarios, explicaron que los Servicios Totales de la Deuda fueron desde el 53 por ciento en el 2002, al 39 por ciento en 2015, a 71 por ciento en 2019. “En esta situación nos encontró la pandemia. ¿Cuánto representa para las cuentas públicas este aporte extraordinario?”, se preguntaron.

Recordaron además que en los cuatro años de gestión de Macri, se dejaron de cobrar impuestos a personas y a empresas de mayores patrimonios por el equivalente acumulado de 7 puntos del PBI. Este aporte permite recuperar más de uno de esos 7 puntos para financiar la recuperación de la economía.

Agregaron además los legisladores que “con las previsiones del mes de agosto, los gastos e inversiones que tendrá que realizar el Estado Nacional para atender las consecuencias de la pandemia suman $870.000 millones. Se trata del equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera a PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios.

Este aporte extraordinario, en comparación, representa solamente el 34% de ese enorme esfuerzo que están haciendo todas/os las/os ciudadanas/os por medio del Estado”. Por último, citaron los casos de Alemania, España, Reino Unido, Suiza, Italia y Rusia, que evalúan iniciativas similares.