Denuncian a Aranguren por aumentos desmedidos en las tarifas de gas

Pidió a sus funcionarios que «multipliquen por 33» las tarifas, aunque el ajuste por el marco regulatorio era muy inferior.

La denuncia fue presentada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, con elementos que probarían «la arbitrariedad» del ajuste con que se pretendió imponerle a los usuarios un sobrecosto a pagar en los siguientes cinco años.

El supuesto «sinceramiento» de tarifas del gas por redes que le concedió el macrismo a las concesionarias del servicio introdujo sobreprecios del 900 por ciento, incluso sobre lo que hubiera resultado de reconocerle a las empresas contratistas las tarifas dolarizadas. Así lo manifiesta la ampliación de denuncia que presentó el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, contra Juan José Aranguren, ex ministro de Energía de Mauricio Macri, y otros funcionarios de su área responsables de aquella negociación de fines de 2016, que derivó en un ajuste del 3300 por ciento en las tarifas (factor de ajuste 33, en los términos del acuerdo), contra el 2400 por ciento (factor 24) que hubiera resultado «de haberse ajustado al ritmo del dólar». La denuncia de Bernal incluye el intercambio de e-mails entre funcionarios, e incluso una presentación pública del subsecretario Andrés Chambouleyron, en los que se reconoce que el «objetivo» era llegar a ese factor de ajuste 33 para conformar a las concesionarias y que desistieran de «llevar reclamos de indemnizaciones al CIADI», organismo de solución de controversias sobre inversiones del Banco Mundial. Con ese argumento, el ministerio de Energía del ex Shell Aranguren sobreestimó el ajuste de tarifas con un «premio» o adicional que hubiera representado, en los cinco años de aplicación de los contratos renegociados (con transportistas y distribuidoras) un sobrecosto en las tarifas a  pagar por los usuarios equivalente a 1343 millones de dólares, entre 2017 y 2021 inclusive, según la denuncia presentada este martes en tribunales federales. 

«El factor de actualización de las tarifas fue totalmente arbitrario, con la consecuencia de sobreprecios escandalosos en las facturas de gas», relató Bernal ante la consulta de Página/12. «Los funcionarios que participaron, del Ministerio de Energía y del Enargas, con sus autoridades del año 2016, asumieron que todos los concesionarios del transporte y la distribución iban a efectuar el reclamo por tarifas ante el CIADI, cuando hasta ese momento no se habia presentado ningún reclamo, y que además se iban a perder todos estos litigios. Entonces vuelcan esa pérdida a la tarifa, haciéndole pagar a las y los usuarios en forma arbitraria el costo de juicios hipotéticos», completó el actual interventor del Enargas. 

Bernal recordó que «este argumento falaz, de justificar la manipulación de los ajustes de tarifas a través de la supuesta renuncia de las empresas, o sus accionistas, a reclamar indemnizaciones por perjuicios, es casí idéntico al utilizado en la Causa Peajes». 

«Al incluirle los montos por eventuales reclamos en la tarifa, se le garantizó a los dueños de las empresas concesionarias el 100% de recupero, vía tarifas, de algo que ni siquiera habían reclamado formalmente; no correspondía que los funcionarios reconocieran esa deuda, no correspondía su inclusión en las tarifas. Tampoco correspondía incluir renuncias a eventuales reclamos ante el CIADI en el cálculo de actualización de la tarifa ni el entonces interventor del Enargas estaba autorizado a evaluar costos de juicios para hacérselos pagar a los usuarios y las usuarias de gas, sea de la forma que sea», expuso Bernal.

En función de todas estas irregularidades, presentó la denuncia contra los por entonces ministro Aranguren, el subsecretario Andrés Cambouleyrón, el director de Política Tarifaria Andrés Ferraris, la directora técnica del Indec Graciela Bevacqua, y el titular del Enargas David Tezanos, entre otros. Los cargos que le imputa son: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, y administración fraudulenta.

Si bien los aumentos que por entonces resolvieron las autoridades del Ministerio de Energía y el Enargas no llegaron a aplicarse plenamente, porque fueron cuestionados en la justicia y polìticamente le resultó imposible al macrismo sostenerlos más acá de 2018, el volumen de ingresos adicionales que le hubiera significado a las empresas ascendería al equivalente a 1343 millones de dólares. 

De cualquier modo, Bernal aclaró que la denuncia está orientada a las autoridades nacionales por las graves irregularidades en el desempeño de su función pero no contra las empresas. «En este caso, consideramos que las empresas fueron víctimas de las violaciones al marco regulatorio por parte de las autoridades», señaló.

El factor 33

Entre la documentación presentada ante el Juzgado Federal número 9, figura una cantidad de correos electrónicos de los últimos meses de 2016 principalmente, en los que aparece reiteradamente la mención al objetivo de alcanzar «un factor de actualización de la base tarifaria de 33», esto es, multiplicar por esa cifra la tarifa hasta entonces vigente para establecer el nuevo precio del servicio de gas por redes. 

El argumento era que, por aplicación de los índices previstos en el marco regulatorio, el factor de actualización resultante era de 24, pero había que llevarlo a 33 para conformar, supuestamente, una pretensión de las empresas, una suerte de compensación por ajustes anteriores no acordados, que sólo aparece en las expresiones de los propios funcionarios.  

Un documento presentado por Chambouleyrón en aquel momento, en una exposición oficial que hizo a través de power points parece dejar a las claras que, primero estuvo el objetivo de saltar de la actualización por 24 a la de 33. Luego, se encontraría la excusa. El cuadro que presenta expone los resultados del ajuste de tarifa por factor 24, aplicando los índices previstos en el marco regulatorio, y luego los resultados por aplicación de un factor 33 (?). Cierra el cuadro indicando: «diferencia x33 versus x24 igual a Pago implícito por reclamos históricos».

La arbitrariedad, o no, en la determinación del factor 33, que aumentaba en nueve veces el valor de las tarifas sobre un tarifazo que ya lo elevaba en 24 veces, será la cuestión a investigar por la Justicia.