Diputados oficializó para el próximo miércoles la sesión
que buscará rechazar el veto a la ley jubilatoria.
La oposición deberá reunir dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso que otorga un 8% de aumento y establece parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados. Los números que hacen en la Rosada y en las filas opositoras. Los detalles del poroteo.
La Cámara de Diputados oficializó este lunes la convocatoria a la sesión especial pedida por un sector de la oposición dialoguista para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de reforma de la movilidad jubilatoria.
Según informó el secretario parlamentario Adrián Pagan, la sesión fue convocada para el próximo miércoles 11 de septiembre, a las 11 horas.
El pedido de sesionar llegó de parte del radical Fernando Carbajal y fue acompañado por una veintena de legisladores de la UCR, Encuentro Federal, y la Coalición Cívica, que deberán reunir el voto de los dos tercios de la Cámara para rechazar el veto presidencial e insistir con la ley sancionada por el Congreso que otorga un 8% de aumento para compensar la inflación de enero y establece los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.
Mientras tanto, en una carrera contrarreloj, el oficialismo trabaja junto a sus aliados del PRO y otros bloques provinciales para garantizar 86 legisladores y así impedir que los opositores puedan conformar esa mayoría agravada para insistir con la ley aprobada por el Congreso.
Negociaciones en Diputados
Casa Rosada cuenta con una base de 80 diputados y necesita sólo unos 6 más para desbaratar las posibilidades de la oposición de llegar a los dos tercios. La oposición, mientras tanto, necesita llegar a 172 votos o, si no es posible, ponerse a jugar con un número menor y varias ausencias cuidadosamente pensadas.
El escenario está parejo y todos – oficialistas y opositores – se miran por encima del hombro sospechando traiciones. El resultado final lo definirá, sin embargo, una veintena de diputados, y en la oposición confían en que la presión social -con una gran marcha convocada para el miércoles- servirá para dar vuelta algunas voluntades.
Actualmente, el oficialismo tiene asegurados sus 36 legisladores – ya que no vota el presidente de la Cámara Martín Menem – y 36 del PRO – todavía hay dudas sobre qué hará el larretista Álvaro González -, tres del MID y dos de Buenos Aires Libre.
En junio, el PRO había aportado 30 votos en contra de la ley jubilatoria, ya que se ausentaron siete legisladores, entre los que figuran Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, que ahora dicen que estarán presentes para rechazar el veto.
También esperan sumar a la tucumana Paula Amodeo y dos diputados de Producción y Trabajo y tres de Independencia. Si logran sumar a estos legisladores, tendrían 83 para poder defender el veto presidencial.
Asimismo, la mirada está puesta en los legisladores de Encuentro Federal, Francisco Morchio, el libertario correntino Federico Tournier, el entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio, y los radicales que responden a los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdes, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, para alcanzar un número que permita bloquear los dos tercios.
Desde el radicalismo, señalan que “están trabajando” para que los 33 legisladores radicales se sienten y voten en contra del veto y lo mismo sucede con Encuentro Federal que buscará tener sentados a sus 16 legisladores.
Tampoco descartan, para garantizar tener sus 33 votos, proponer una insistencia parcial y no insistir con los artículos más cuestionados por el Gobierno sobre el aumento adicional en marzo y la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales y las sentencias firmes.
¿Qué hará el radicalismo?
Este lunes, sin embargo, adelantándose a la posibilidad de que varios legisladores radicales que votaron a favor de la ley ahora voten -contradiciéndose a sí mismos- defendiendo el veto de Javier Milei, el senador de la UCR Martín Lousteau recordó que fue el bloque radical el que “tuvo una iniciativa que fue presentar este proyecto de ley que después se transformó en ley habiendo sido aprobada en Diputados y Senadores”.
“No solamente defendió el contenido y espíritu del proyecto, defendió las características técnicas de las tres o cuatro cosas diferentes que hace el proyecto con los jubilados para mejorarles la situación, sino que además los miembros informantes fueron todos radicales”, recordó Lousteau en una entrevista radial.
Consultado sobre la posibilidad de que varios radicales voten defendiendo el veto de Milei, dijo que “tendrán que explicar por qué antes les parecía que algo estaba bien y lo defendieron y redactaron y se lo comunicaron a sus pares y ahora votan distinto. Este fue un proyecto que nació de la mano del bloque radical en virtud de conversaciones, pedagogías y negociaciones y tuvo dos tercios en diputados y después en senadores también dos tercios”.
En qué consiste la ley de jubilaciones
El proyecto vetado por Milei contempla otorgar un 8,1% adicional para compensar la inflación de enero, ya que el Gobierno había otorgado un 12,5% y el IPC de ese mes fue del 20,6%. Ese es el punto que centralmente rechaza el Gobierno Nacional con el argumento que afectará su política de déficit cero.
También establece, como el DNU del Gobierno, aumentar las jubilaciones de acuerdo al Índice de Inflación, pero fija que se dará un aumento adicional en marzo de cada año.
En ese sentido, determina que “adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicara el siguiente aumento: un cincuenta por ciento (50%) de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año calendario anterior. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado”.
Además, dice que se deberán cancelar las deudas con las cajas previsionales de provincias con los recursos que se obtengan de impuestos que tienen asignación específica para la ANSeS, así como el pago de las sentencias firmes dentro de los seis meses de sancionada la ley, aunque en este caso habrá una prórroga de seis meses.
En el veto total, el Gobierno de Javier Milei argumentó que la ley generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para 2024 y de 15 millones billones para 2025, que “equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso, y 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”. Además, aseguró que implicará un incremento del 18,5% del gasto de ANSeS para 2024 y de 29,2% para 2025.
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