Denunciaron penalmente a diputados y penitenciarios por la visita a Astiz

La denuncia fue formulada por el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5. Será investigada por el magistrado Ernesto Kreplak. El SPF y la ministra siguen sin precisar concretamente quiénes fueron al penal de Ezeiza, con quiénes se entrevistaron ni por qué motivos.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) quedó envuelto en un sinfín de excusas para explicar la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas de la última dictadura. Oficios en los que no nombraban a los legisladores oficialistas que tomaron café con leche con Alfredo Astiz; respuestas en las que tenían a diputados que no habían entrado a la cárcel de Ezeiza y nombres que aparecían a cuentagotas. Toda una comedia de enredos que terminó con una denuncia penal que formuló el juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, y remitió para que la investigue la justicia de Lomas de Zamora.

El 11 de julio, seis diputados oficialistas llegaron en una camioneta de la Cámara de Diputados a la Unidad 31 de Ezeiza, donde están alojados Astiz y otros represores de la última dictadura. La comitiva estuvo integrada por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.

A priori, esta información sencilla no fue fácil de explicar para el SPF, que depende de Patricia Bullrich. Los pedidos de explicaciones de los tribunales federales se iniciaron en plena feria judicial, cuando el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, exhortó al juez Obligado –que está a cargo de la ejecución de la pena de Astiz– a averiguar cómo se había gestado la excursión a la cárcel.

Obligado le pidió informes a Bullrich. La ministra demoró la respuesta casi una semana, pese a que el magistrado le había dicho que el requerimiento tenía carácter de urgente. En el ínterin, Bullrich salió a respaldar a los diputados que deambularon por la Unidad 31 de Ezeiza y a atacar a Slokar, a quien acusó de no tener la “misma vara” para todos. La respuesta destemplada de Bullrich generó la reacción de los organismos de derechos humanos, que respaldaron al camarista.

Cuando llegó la contestación al TOF 5, la sorpresa fue grande porque no vino con la firma de Bullrich ni con la del titular del SPF, Fernando Martínez. El jefe penitenciario optó por un perfil bajísimo después de que se filtraran chats en los que Benedit –organizador de la comitiva a Ezeiza– lo describió como un “excelente colaborador”, lo que daba cuenta de que se había forjado un vínculo entre ambos. Posiblemente porque el diputado entrerriano es habitué de la Unidad 31 y la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados los criminales de la última dictadura.

El subdirector del SPF, Diego Morel, le envió un oficio a Obligado en el que lo único que decía era que los diputados habían estado en la cárcel siguiendo las normativas y que habían ingresado el 11 de julio. Ni quiénes eran los diputados que habían entrado ni con qué represores se habían entrevistado: esa información se le perdió por el camino al número dos del SPF.

Obligado corrió vista a las partes. Allí, el abogado querellante Pablo Llonto pidió que se iniciara una investigación. Lo respaldó el fiscal Félix Crous. ¿Qué era lo que decían ambos? Que algo no cerraba con la explicación que habían dado dos de las diputadas que fueron a Ezeiza: según Bonacci y Arrieta, habían llegado engañadas, sin saber que iban a ver a los torturadores de la última dictadura. Arrieta, conocida por haber aparecido en una comisión con un patito en la cabeza, llegó a decir que ella no sabía quién era el exmarino porque había nacido en 1993.

A partir de esas declaraciones, Llonto entendió que se habría violado lo que establece el decreto 1136/97 (sobre la pena privativa de la libertad) en su artículo 8. Allí dice que las visitas serán concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno, quien podría en cualquier momento, bajo constancia escrita, desistir de la visita solicitada o propuesta. Esto quiere decir que el detenido debe saber quién quiere visitarlo y, de esa forma, prestar su consentimiento. Si Bonacci y Arrieta no sabían a quienes iban a ver, mal podrían haber hecho el pedido de autorización para la entrevista. Y menos aún podría Astiz haber consentido el encuentro.

El fiscal Crous también advirtió que se podría haber violado el artículo 109 del mismo decreto, que establece que los miembros de los organismos oficiales deben acreditar el motivo de la visita al establecimiento penitenciario. En esa línea, si esa documentación no estaba, tanto integrantes del SPF como legisladores podrían ser responsabilizados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o falsedad ideológica.

El defensor Guillermo Jesús Fanego estalló de ira con las presentaciones de Crous y Llonto. Él, como abogado de Adolfo Donda y de Alberto González –el “mentor” de la vicepresidenta Victoria Villarruel– reclamó que se desechara los planteos de la querella y de la fiscalía. Obligado decidió formular una denuncia penal para que se investigue la justicia federal de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre el penal de Ezeiza. El caso estará en manos del juez federal Ernesto Kreplak.

¿Yo, señor? No, señor

Adrián Grünberg es el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Ese tribunal juzgó y condenó a Raúl Guglielminetti, exagente del Batallón de Inteligencia 601, a prisión perpetua por su rol en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti.

Grünberg –que está a cargo de la ejecución de la pena de Guglielminetti– le pidió informes al SPF después de que se conoció que el represor había participado del cónclave con los diputados oficialistas. De hecho, Bonacci, contó que fue el propio Guglielminetti quien habría entregado un papel que decía “ideas para la prisión domiciliaria”.

Inicialmente, el SPF le contestó al juez que Guglielminetti solo había recibido la visita de su esposa y de dos amigos. Grünberg insistió porque todas las versiones indicaban que se había sentado a la mesa con los diputados. El viernes a última hora, llegó una nueva contestación del SPF. Esta vez decía que habían ingresado “ciudadanos” visitando el sector masculino la Unidad Residencial II. ¿Quiénes eran los ciudadanos que mencionaba la nota? Los diputados Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Nombraba a otras cuatro personas más.

La sorpresa es que no estaban mencionados ni Benedit ni las otras dos diputadas que también integraron la comitiva, Ferreyra Ugalde y Araujo. La novedad es que aparecía otra legisladora, la salteña María Emilia Orozco, que todo indica que no fue de la partida. En la Cámara de Diputados daban la siguiente versión: “Lo que pasa es que el SPF dejó que entraran todos sin cotejar los documentos. Lo que dice Bonacci de que ingresaron con los celulares es cierto. Orozco había mandado los papeles para ir, pero, cuando llegó la hora, no se subió a la camioneta”.

Después de que Página/12 reveló la sumatoria de imprecisiones –o complicidades–, el SPF rectificó la información que le había enviado a Grünberg: borró a Orozco y mencionó a los otros seis diputados. En la lista, a priori, no aparece la asesora de Montenegro, mencionada como quien tomó fotos de los legisladores oficialistas con los genocidas presos.

Si la investigación escala, podría salpicar a Bullrich. La ministra de Seguridad había justificado la visita de los seis diputados diciendo que hay una “construcción de libertad” en el país desde que gobierna Javier Milei. Bullrich viene desde hace tiempo dándoles señales a los sectores pro-impunidad. En la víspera del 24 de marzo, la ministra había dicho que hay militares injustamente detenidos. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado el año pasado que los equipos de Bullrich trabajaban en una “solución” para que no hubiese mayores de 70 años detenidos por crímenes contra la humanidad.

Esa solución es la que justamente los genocidas presos en Ezeiza les pidieron a los diputados que motoricen, después de que fracasó un intentó en la Cámara Federal de Casación Penal para que volvieran a sus casas.

Página/12