Por ley
crearán un registro de comercializadores de materiales usados y un régimen de control a chacharitas y desarmaderos.
La iniciativa unifica dos proyectos de los bloques mayoritarios y no solo establece la creación de este registro público sino también un régimen preventivo y de control de la actividad comercial de metales no ferrosos, aunque también abarca elementos como motopartes. La ley incluye a chacaritas, generadores de chatarra, fundiciones, desarmaderos, recicladores, acopiadores, galponeros y transportistas que trasladen estos elementos. Apunta a desalentar el mercado ilegal que se sustenta del robo de cables, transformadores u otros materiales.
Con 26 votos afirmativos y un voto por su permanencia en cartera, la Legislatura provincial aprobó este miércoles la ley que crea el Registro Público Especial de Comercializadores de Elementos y Materiales Usados, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de compraventa de elementos y materiales usados, en forma permanente o eventual.
Será obligatoria la inscripción de chacaritas, generadores de chatarra, fundiciones, desarmaderos, recicladores, acopiadores, galponeros y transportistas que trasladen estos elementos.
La ley establece además un régimen preventivo y de control de la actividad comercial.
Las autoridades de aplicación serán el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad.
El despacho de la Comisión de Industria unificó dos proyectos de ley, el 362/24 de autoría de los diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, Ricardo Salom y Zumela Wannesson, y el 709/24 de los legisladores del Frente Chaqueño, Rodrigo Ocampo y Juan José Bergia.
El debate
El diputado Salom obró de miembro informante y recordó que ya siendo concejal recibían “denuncias sistemáticas, seriales” por el robo de cables y transformadores que dejaban a pueblos y a barrios enteros sin energía, sin embargo, reconoció que no se logró avanzar en esa órbita municipal con una ordenanza también de su autoría que abordaba esta problemática. “Aquí desandamos un nuevo camino, ya buscando un límite superior que iguale a la provincia toda”, comentó el legislador y se refirió a los recorridos que iniciaron por distintas chacharitas frente a los reiterados hechos delictivos.
“Logramos primero hacer un registro con el Municipio de Resistencia y con el ahora presidente del Concejo, Alejandro Aradas, de casi una veintena de establecimientos comerciales que manejaban los bienes usados. Solo seis estaban inscriptos en la Municipalidad y varios de los inscriptos también estaban en el mundo del mercado negro”, relató.
Comentó que avanzó junto a su par de bloque, la diputada Wannesson, en la iniciativa que finalmente se acumuló a un proyecto similar, pero impulsado desde el Frente Chaqueño por los diputados Bergia (NePAR) y Ocampo (PJ). “Investigamos qué había pasado en otras latitudes en el país y presentamos este proyecto”, reforzó.
“Hubo una visibilización dramática en Sáenz Peña y en lugares del interior con accidentes de electrocución y heridas gravísimas que también desnudaban esta realidad subyacente de que en esa comercialización existía un paralelismo con la venta de estupefacientes. Niños y adolescentes que arriesgaban su vida por unos pesitos para poder comprar una droga pero, a la par, pingues ganancias llevaban adelante empresas fuertes, con una logística compleja”, graficó el diputado.
Marcó que el incidente vial ocurrido semanas atrás en la avenida Sabin, donde hallaron material de propiedad de la empresa SECHEEP, dejó finalmente al descubierto una red delictiva dedicada al robo de estos materiales, “que llevaban a países vecinos”. “Perjudicaron al gobierno anterior, a este e iban a seguir. Toneladas de elemento público salía de la provincia y de la región porque esto también afecta a otras provincias”, aseguró Salom y agradeció la intervención de las fuerzas policiales.
“Esta ley va a ser una herramienta vital para que se lleve adelante el trabajo del Gobierno, de la Justicia, de las fuerzas de seguridad. Va a traer calma y respuestas positivas para nuestros comprovincianos”, manifestó.
Desde el Frente Chaqueño, el diputado Ocampo se refirió a la presentación de la iniciativa de su autoría durante el mes de marzo, centrada en la comercialización de metales no ferrosos, “entendiendo que este delito que se fue propagando con el robo de cables y comercialización a chacharitas no solo afectaban a la empresa SECHEEP o SAMEEP sino a los vecinos que ven como decaen los servicios públicos cuando faltan, porque generan un corte de servicio y, luego, una demora por la reposición de los mismos”. “Ya hay mecanismos en la justicia para frenar esto. Esta ley no viene a frenar el robo de cables sino a regular la comercialización de metales no ferrosos”, aclaró.
Explicó algunos puntos salientes de la norma y agradeció a sus pares radicales por acceder a la unificación de los proyectos. Apuntó, por ejemplo, que el órgano de control debe ser el Ministerio de Seguridad, que se debe generar una constancia de transporte, que debe estar debidamente registrado. También que se debe prohibir la venta menorista “principal problema a regular”. “Es muy grande lo que está detrás y nos parece un aporte para regular esta situación, pero fundamentalmente para frenar el delito”.
“Es un problema serio, cuesta muchísimo gestionar recursos para poner transformadores, generar un anillado específico. Son insumos dolarizados”, remarcó el diputado Ocampo previo a pedir el acompañamiento de sus pares.
Desde el Frente Grande, Tere Cubells, adelantó su voto en contra de la iniciativa. “No me parece conveniente para nada el control de compra y de venta de material, proponer que esta Legislatura invada competencias que son del municipio”, sostuvo. Aseguró que “son actividades ejercidas por sectores informales que no son los que se enriquecen con este delito. Entiendo que se resuelve con un buen funcionamiento en torno a la justicia y a la policía y al municipio. No entiendo que sea una solución de fondo, ya hay responsables definidos por la Constitución y las leyes”, sostuvo y agregó: “No voy a acompañar este proyecto”.
El diputado justicialista Santiago Pérez Pons compartió lo dicho por su par Ocampo. Sí marcó, en términos de aplicación de la ley, cuestiones al artículo 4 del proyecto, referido a la comprobación de documentación. “Mi consideración con esto es que estos contribuyentes al inscribirse en el registro que crea este proyecto de ley deberán aportar a distintos organismos. Contribuyentes que tienen la obligación de emitir comprobantes por las operaciones que realizan incluso cuando están frente a una compra de bienes usados a consumidores finales que no se le pide, eso ya está reglamentado”, sostuvo. “Resulta confuso y de mucho trabajo emitir un comprobante en línea de las operaciones que hagan”, dijo y recalcó: “Estoy de acuerdo con el registro, las operaciones y el control”.
El legislador Rubén Guillón celebró el avance de la iniciativa y dijo sentirse “persuadido” para acompañar su sanción. “Es cierto que estamos ante un vacío legal. Hay que reconocer que muchas familias viven de esta actividad y muchas familias necesitan desprenderse lícitamente de productos en desuso de su casa. Y además también prever sanciones contundentes para quitar el incentivo a esto”, afirmó.
“Es cierto lo que dice la diputada Cubells, que se puede invadir competencias de los municipios, pero está previsto en los proyectos de ley la invitación a los municipios a adherirse para que tengan plena validez en cada jurisdicción y así no invadirlos”, sostuvo el diputado justicialista.
El legislador Salom al igual que su par de la oposición Ocampo hicieron mención a la autoridad de aplicación, ya que el proyecto del interbloque radical establecía como tal al Ministerio de Gobierno, mientras que el otro, al de Seguridad. El diputado Ocampo consideró que podrían ser ambos y Salom coincidió también con esta posición.
“Este registro es más amplio, va más allá de lo no ferroso, se roban también lo no ferroso, las motopartes, por ejemplo”, remarcó Salom, que además mencionó que San Juan, Mendoza, Río Negro y Santa Fe ya sancionaron leyes similares y Chaco se transformaría en la cuarta del país. Un dato que destacaron ambos legisladores, previo a la votación de la normativa.
