Inspeccionan los depósitos en los que el Gobierno
retiene los alimentos de los comedores.
Jaque a Sandra Pettovello y al plan de hambre de Milei.
La Justicia no confió en la información brindada por Capital Humano y mandó a allanar los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. La denuncia de la ministra ante la Oficina Anticorrupción podría ser un boomerang.
El Ministerio de Capital Humano no sólo incumplió con la orden judicial de presentar un plan de reparto del alimentos que se guardó en lugar de distribuirlos en comedores y merenderos, sino que entregó listados con diferentes cantidades de mercadería según quien lo requiriera. Por esa desobediencia y por la «poca fiabilidad» de lo informado, el juez Sebastián Casanello ordenó este sábado, a pedido de la fiscala Paloma Ochoa, una inspección en el depósito de Villa Martelli. En el galpón de Tafí Viejo, en Tucumán, se había hecho lo mismo el día anterior, por pedido de un fiscal de esa provincia. En ambas investigaciones se tuvo en cuenta que la propia cartera a cargo de Sandra Pettovello en un comunicado había reconocido el «mal desempeño» (sic) de su propia gestión en el control del stock de productos y las fechas de vencimiento.
Todos los caminos…
El escándalo creció el jueves último después que Capital Humano entregó al juzgado de Casanello las planillas que dejaban a la vista no sólo el acopio de 5,9 millones de kilos de comida, sino que había 339.867 kilos de leche en polvo que se vencen en julio y 40 kilos de arroz con hortalizas que ya expiraron. Ante la evidencia, Pettovello decidió echar cual fusible al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, quien se ocupaba de la política de seguridad alimentaria y había dicho que la comida guardada era para situaciones de emergencia y catástrofes.
La cartera hizo trascender que lo denunció ante la Oficina Anticorrupción (OA). La acusación, a la que accedió Página/12, no tiene relación con el alimento guardado y vencido sino con revelaciones sobre un convenio se había hecho con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), parte de cuyos fondos se habrían usado para pagar a funcionarios que aún no tenían designación y sobresueldos para otros. La «trampa» es que para eso se habrían utilizado acuerdos habituales que en realidad son para la contratación externa de especialistas para proyectos puntuales.
Tal vez Pettovello no lo sepa, pero ella misma podría considerarse denunciada. Si la OA sigue el caminito de los fondos girados a la OEI va a encontrar que el 6 de marzo se publicó una resolución que aprueba un acta complementaria de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Niñez y el organismo internacional, al que se ordena transferir 6.772.500.000 pesos de fondos públicos. Ese documento, que fue revelado por este diario, solo está firmado por la ministra, pese a que las normas de contrataciones del estado establecen que si se superan los 2.500 millones debe firmar el jefe de gabinete. El dinero en cuestión tendría múltiples propósitos. Por un lado, los contratos que se habrían desviado y por otro, como informó Página/12, la compra de alimentos, para lo cual Capital Humano le delegó a la OEI la licitación y adquisición de lentejas y aceite, a cambio de una comisión del 5%. En contra de lo que decía el Gobierno, no todo fue adquirido por la gestión anterior. Ahora incluso se usó este método que evita controles locales.
La denuncia ante la OA relata que el director general de administración de la Secretaría de Niñez, Federico Fernández, declaró en una investigación interna que presenció una reunión donde se planeaba entre autoridades de esa dependencia el pago a personas que no tenían nombramiento y otras que recibían «bajas retribuciones», desviando los convenios con la OEI de su propósito. Dio nombres de funcionarios que ya no están, explicó que con esos contratos se podía facturar hasta 1,3 millones de pesos, dijo –siempre según el documento en manos de la OA– que «el dinero que cobraban algunos consultores era cambiado a dólares estadounidenses y que los «remanentes» «en dólares eran entregados a Pablo De la Torre». Al final pedía aclarar que «Sandra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular”.
La OEI difundió esta semana un comunicado para despegarse de situaciones anómalas, donde cuenta que es un organismo de cooperación multilateral con muchos convenios, entre ellos con Capital Humano. Dice que la compra de alimento para mejorar «la calidad nutricional» permitió un ahorro del 40% y que la comisión son gastos de la gestión. No menciona la licitación. Dijo que en los contratos de prestadores que pidió la secretaría de Niñez ellos solo «ejecutan» decisiones. Y que el presupuesto «de cooperación para Argentina» «es de más de 6.000.0000.000». Es el que lleva la firma de Pettovello.
La ministra hasta ahora dio a entender, lo que luego contó el jefe de gabinete, Guillermo Francos: «La información que le habían brindado (a Pettovello) sobre estos alimentos en depósitos no incluyó que algunos tenían vencimientos, como el caso de la leche en polvo. Cuando se enteró de que había leche en polvo con vencimiento en julio, ordenó su inmediata distribución y tomó una medida con el funcionario a cargo…» El reparto solo fue enunciado, pero no informado al juez Casanello. ¿Dirá la jefa de Capital Humano que tampoco conocía el convenio con la OEI? Vale recordar que el reparto de alimento para comedores sociales se cortó apenas asumió Javier Milei, con el argumento de que se presumían irregularidades y querían poner al sospecha sobre organizacions sociales. Esto generó protestas en el verano, con la «fila del hambre» en febrero. Era y es un tema más que presente.
Inspección en Villa Martelli
La fiscala Paloma Ochoa, a cargo de la investigación en la denuncia contra Pettovello que hizo ya en febrero el dirigente Juan Grabois (Argentina Humana), le pidió a Casanello que ordenara el allanamiento del galpón de Capital Humano ubicado en Villa Martelli, donde hay cerca de 2,7 millones de kilos de comida. En un dictamen marcó cuestiones que le resultaban llamativas relativas inventario entregado por el ministerio: los alimentos a punto de vencer (leche en julio, lentejas en agosto y yerba en septiembre), la comida ya vencida (arroz con hortalizas) el incumplimiento pasadas las 72 horas de un plan de distribución de lo acopiado y un comunicado que asumía responsabilidades. El Gobierno había apelado la orden del juzgado y este miércoles habrá una audiencia en la Sala II de la Cámara Federal.
«El estado de situación planteado evidencia la poca fiabilidad de aquello que resulte informado por un organismo desconcentrado de la administración pública federal, el Ministerio de Capital Humano, que públicamente autocuestiona su funcionamiento; todo lo cual da cuenta acabada de la gravedad de la situación, en un contexto en que los efectos de lo discutido y sustanciado en este sumario, redunda en la salud de la población», planteó la fiscalía.
El juez dispuso «una orden de presentación con allanamiento en subsidio» que se hizo este sábado. Como la policía pudo ingresar sin problema fue una inspección. La resolución que disponía la medida señalaba que pretendía chequear una serie de incongruencias –advertidas también por la fiscalía de Ochoa– ya que la información sobre alimentos, cantidad y fechas de vencimiento entregada en su despacho el 28 de mayo no coincidía con la que había sido remitida el 5 de marzo último al juzgado en lo contencioso administrativo de Walter Lara Correa, que tramita un amparo colectivo por le mismo tema, y la que surgía del resultado de un pedido de acceso a la información pública que entregó la querella el 30 de abril.
Por ejemplo: en los dos primeros figuraban 130.270 kilos de aceite mezcla, en el último nada; la harina de trigo pasó de 18.380 kilos, a 9.149 y luego a cero; la leche en polvo de 415.432 kilos, a 397.887 y finalmente 389.351; en locro se restaron 1675 kilos; en arroz con carne 1 kilos; en puré de tomate 1.398, el guiso de lentejas pasó de 568 kilos a cero; 40 kilos de arroz con hortalizas se vencieron y de yerba mate desaparecieron 4.428 kilos. Desde el 30 de abril, aclara el juez, solo se entregaron 37.500 kilos a algunas provincias y hubo movimientos de un galpón a otro de 65.169 de aceite y 1.380 de puré de tomate. «Si se toman en cuenta tan solo los alimentos alistados (nueve) existen una considerable diferencia que no logra ser justificada, aún teniendo la salidas informadas», sostuvo el juez.
Decidió entonces que era necesario «corroborar la fidelidad de los datos relativos al stock –y la fecha de expiración y estado– de los alimentos acopiados». «Este reclamo de la fiscalía y anteriormente también de la querella está respaldado por un elemental principio de responsabilidad y transparencia que se conjuga con el derecho de acceso a la información pública», señaló. Pidió sumar información sobre marcas, lotes, cantidades, fechas de ingreso, destino previsto (si lo está), detectar otra mercadería, libros donde se asiente la información, y registrar en video y fotos las instalaciones y el estado de la mercadería. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina. Aún no están los resultados.
Tucumán
En el depósito de Tafí Viejo hay unos 2,2 millones de kilos de alimentos. Allí tramita una investigación diferente, impulsada por organizaciones que están inscriptas en el Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM). Está a cargo del fiscal Agustín Chit. A pedido suyo el juez José Manuel Díaz Velez, ordenó un día antes un relevamiento en ese lugar, que le encomendó a Gendarmería, ya que los denunciantes decían que había almacenada comida que no les estaban entregando a tiempo. Encontraron aceite de girasol, aceite mezcla, lentejas, garbanzos, leche en polvo, puré de tomate, pasta de maní y yerba mate. Unos 2 millones de productos están en condiciones de ser distribuidos y alrededor de 600 mil están esperando autorización de control de calidad. No había productos vencidos.
El personal de Capital Humano entregó la documentación en forma digital sobre la mercadería con las fechas de ingreso y vencimientos. Una de los funcionarios, que sería de carrera, dio un dato no menor a los investigadores. Dijo que si bien no hay un protocolo que precise cuándo sebe ser entregado tal o cual alimento, hay usos y costumbres históricos marcados por la lógica: entre ellos, que todo se debe entregar por lo menos 90 días antes de la fecha de vencimiento (de lo contrario lo devuelven). De lo que hay guardado en Tafí Viejo, nada está en riesgo pero –por caso– la leche en polvo debería ser entregada con urgencia, ya que vence en septiembre. Si el mismo criterio se aplicara a los productos que hay en Villa Martelli, miles de kilos deberían ser descartados.
Todo esto no hace más que confirmar que el Gobierno de Milei y su leal Pettovello, tuvieron la convicción de cortar la alimentación para los comedores y merenderos de barrios populares –apostando a desarmar a las organizaciones sociales, esenciales en el sostén de los barrios– y todo lo que aparece ahora es un show de excusas y contradicciones que los dejan al desnudo –más allá del odio de clase– que nada es tan transparente como lo quieren pintar.
Fuente Pagina 12
