Juicio político a la Corte: Jueces federales y funcionarios del máximo tribunal serán los primeros testigos

Ambos magistrados intervinieron en la causa por los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro. Los fuertes cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y la denuncia de aprietes por parte de Ricardo Lorenzetti a legisladores.

La comisión de Juicio Político definió el cronograma de trabajo de la investigación a los jueces de la Corte Suprema y los primeros testigos que desfilarán por el Congreso serán los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, así como un puñado de funcionarios de la Corte Suprema. En lo que fue la cuarta reunión de la comisión que preside Carolina Gaillard, el oficialismo aprovechó para hacer uso de su mayoría y, además de aprobar el cronograma de citación de testigos, libró oficio a la producción de prueba. Esto último – que incluía, por ejemplo, un pedido de informes sobre el cruce de llamadas de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro – despertó una verdadera batalla campal entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. 

La comisión de Juicio Político apretó el acelerador y definió los primeros testigos que comparecerán en la reunión del próximo jueves. Estos serán: Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; Cristian Abrita, ex titular de la secretaria judicial N5; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, secretario judicial de la N 2 Previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía de Horacio Rosatti. También fue incorporado un testigo ofrecido por la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto: Mario Jorge Cimadevilla, ex miembro del Consejo de la Magistratura. 

El plato fuerte de la jornada serán, sin embargo, los jueces Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla: una sorpresa que el oficialismo se tenía guardada y que tiene como objetivo poner en discusión la validez de los chats filtrados de Robles y D’Alessandro. «Va a ser Ramos vs Ramos», ironizó un diputado kirchnerista. Y es que el FdT se propone contrastar las intervenciones de los dos jueces cuando les tocó expedirse en alguna de las causas que investigan al vocero de Horacio Rosatti y al ministro de Seguridad porteño. Sebastian Ramos, por un lado, archivó la causa argumentando que los chats habían sido obtenidos de manera ilegal. Alejo Ramos Padilla, en cambio, sostuvo que no había «elementos de prueba serios» que permitieran afirmar que el origen era ilegal y remitió la causa a María Eugenia Capuchetti. 

Sobre cruces de llamadas y cumpleaños en el Four Seasons

La cuarta reunión de la comisión de Juicio Político fue también la más acalorada. Desde el minuto uno, oficialismo y oposición se enfrascaron en una enfurecida discusión en torno a la admisibilidad de las pruebas. Y es que la reunión de comisión, además de establecer la apertura de las audiencias testimoniales, se encargó de librar oficio a las distintas dependencias para ya poder comenzar a reunir las (numerosas) medidas de prueba que forman parte del proceso de investigación. «Son los Jorge Rial de los sótanos de la democracia», les recriminó la radical Karina Banfi. «Admitir pruebas obtenidas ilegalmente es lo mismo que admitir una confesión bajo tortura», agregó el ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal, Alejandro Finocchiaro. «Mejor dejen las garantías constitucionales en nuestras manos que nosotros no nos dedicamos como ustedes al espionaje ilegal», sostuvo, por parte del FdT, el chaqueño Juan Manuel Pedrini.

El corazón del conflicto giró en torno al pedido de ampliación de pruebas que realizó Rodolfo Tailhade (aprobadas todas al final, claro, por la mayoría de 16 a 15 que el FdT tiene en la comisión). Entre estas se destacaba el pedido de informe a la DAJUDECO – el órgano de la Corte Suprema encargado de las escuchas – el listado de llamadas entrantes y salientes de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro. «La comisión no tiene la facultad para pedir entrecruzamientos de llamadas, todo esto excede largamente las atribuciones del Congreso», se quejó Pablo Tonelli (PRO), quien ofició de vocero principal del rechazo opositor a prácticamente todas las medidas de prueba solicitadas: la citación a los funcionarios de la Corte, a Robles y D’Alessandro, los pedidos de informes de entrecruzamiento de llamadas, el pedido de acceso al video del cumpleaños del fiscal Ignacio Mahiques en el Four Seasons (al que habrían concurrido juntos Robles y D’Alessandro), entre otros.

«Cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad, la libertad, requiere la intervención de un juez», se sumó el lilito Juan Manuel López, quien acusó al FdT de querer impulsar «un juicio penal paralelo por en sede penal no tuvieron suerte». «A mi también me encantaría saber que se vio en el cumpleaños de Mahiques, pero no se puede. Y no soy abogado defensor de nadie», estaba diciendo López y, por lo bajo, lo interrumpió María Rosa Martínez (FdT): «No se nota».

El encargado de recoger el guante de parte del oficialismo fue Tailhade. «Me hubiera gustado que esta discusión sobre garantías constitucionales las hubiésemos tenido cuando en el gobierno de Macri arreciaba el espionaje y Bonadio metía presos a diestra y siniestra», ironizó, entre las risas de sus compañeros de bancada, y metió el dedo en la llaga: «Que vengan Robles y D’Alessandro y digan ellos por qué no pueden declarar. ¿Por qué hacen de abogados defensores antes de tiempo?». En ese momento empezaron los primeros gritos. «Y si los pueden traer por la fuerza mejor, ¿no?», le recriminaba, fuera del micrófono, López. Carolina Gaillard, en el medio, intentaba mantener orden. 

Antes de que se finalizara su tiempo, sin embargo, Tailhade agregó un último condimento: «Quiero insistir en la gravedad de la denuncia de la diputada Oliveto sobre las presiones que sufrió por parte del equipo de Lorenzetti. Espero que lo que sufrió Oliveto no lo sufran el resto de los testigos, porque hay mucho funcionario oficial que está a tiro de las presiones de sus superiores», advirtió, elusivo. El diputado kirchnerista no profundizó más en el tema, pero por lo bajo, en charlas de pasillo, varios legisladores del FdT reconocieron ante este diario que «Lorenzetti está llamando a todo el mundo». Incluido a gobernadores y vicegobernadores peronistas.

A medida que las horas iban pasando, los ánimos se iban caldeando y, ante cada cruce de gritos o intervención particularmente airada de un legislador, Germán Martínez pedía la palabra para ordenar el debate. «Nosotros estamos aprobando solo la etapa probatoria del proceso informativo, vamos a hacer todo de acuerdo a la Constitución y los reglamentos», repetía, ya hastiado. Tailhade, mientras tanto, también aprovechaba para tomar la palabra y responder las acusaciones – cada vez más encendidas – de JxC: «Claro que nos tenemos que meter con las amistades, Banfi. No se puede admitir que un juez sea amigo de una parte», le respondía, también a los gritos, a la diputada radical que, minutos antes, había acusado al oficialismo de ser «Jorge Rial» por querer acceder al video de cumpleaños de Mahiques. 

«En un juicio político no se suspenden las garantías constitucionales. La prueba tiene que se construída con la máxima legalidad, si no está el control de legalidad se está violando la Constitución. Esto es un circo político, bienvenidos al show», exclamó, por su parte Silvia Lospenatto (PRO), machacando con el mismo concepto que JxC repitió a lo largo de toda la jornada: que para el cruce de llamadas se necesitaba una orden judicial. Durante horas el oficialismo argumentó que no era así, que el reglamento de la comisión de Juicio Político los habilitaba a pedir el informe a la DAJUDECO sin orden de un juez. Ya al final del debate, minutos antes de someter a votación el pedido de ampliación de prueba y las primeras citaciones, Gaillard buscó por dar terminada la discusión, volvió a insistir que «estamos pidiendo el cruce de llamados y no el contenido» y que, por eso, el reglamento de la comisión los autorizaba a pedir el informe a la DAJUDECO. Y, al final de todo, hizo una última advertencia: «Los testigos que están citados están obligados a comparecer. En caso de que no se presenten se dispondrá su arresto».

Fuente Pagina 12