Segunda reunión de la comisión de Juicio Político a la Corte Suprema

Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron sus denuncias contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones. El próximo 9 de febrero se analizará cuales serán los pedidos de juicio que serán admisibles.

La Comisión de Juicio Político tuvo su segunda reunión en la que se realizaron las exposiciones de cada uno de los 14 proyectos presentados contra los jueces del máximo tribunal. Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron sus denuncias contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.

De acuerdo a la agenda planteada por la titular de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), tras las exposiciones escuchadas este jueves, el próximo 9 de febrero «se analizará cuales serán los pedidos de juicio que serán admisibles», explicó la diputada y precisó que luego de esa votación se podrá abrir el sumario para la recolección de pruebas. El oficialismo podrá hacer pesar su mayoría en la comisión para avanzar con la investigación. 

El pedido de juicio político del oficialismo fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a los ministros Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y no tener «idoneidad» debido a la sentencia sobre la coparticipación federal en la que fallaron a favor de la Ciudad de Buenos Aires; por haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, por querer aplicar la ley del 2×1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social.

«Distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores», sentenció Valdés respecto del fallo sobre la coparticipación federal y agregó que asumieron «funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento».

El diputado, que reemplazó en la presentación a la senadora Juliana Di Tullio, quien se ausentó por «problemas de fuerza mayor», también señaló que «es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal».

«¿Por qué no escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Rosatti con (Horacio) Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles (colaborador del presidente de la Corte) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño con licencia), que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?», lanzó Valdés. 

“Si tuvieran dignidad ya estarían renunciando al cargo” 

Otras de las exposiciones estuvo en la voz de la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas quien señaló ante la comisión que el pedido de juicio político a la Corte «llega muy tarde» porque «estos jueces han hecho mucho daño ya».  

La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo subrayó que entre las voces que se oponen al juicio política contra los jueces del máximo tribunal están «los represores, los genocidas, los violadores de derechos humanos en Argentina» y recordó que el tribunal los favoreció en la sentencia del 2×1, decisión que fue revertida tras una inmensa movilización popular en defensa de los derechos humanos.  

Cortiñas aseguró que el juicio político es «admisible» y agregó que entre los «beneficiarios en el proceder de los jueces» que se oponen al juicio político están también «los grupos mediáticos, como Clarín, y los grupos económicos concentrados; muchos de ellos fueron clientes de (Carlos) Rosenkrantz». 

En materia de delitos de lesa humanidad, Cortiñas pidió no olvidar la acusación presentada por Patricia Isasa, una detenida-desaparecida, que señala al juez Rosatti de haber apañado al represor que la torturó y violó durante la última dictadura, que era empleado municipal en Santa Fe cuando el ministro de la Corte era intentendente de la capital provincial. 

«Estos jueces se han convertido en legisladores que se permiten derogar leyes y reemplazarlas por otras leyes ya derogadas», aseveró Cortiñas y sentenció: «Si tuvieran un mínimo de dignidad en este momento ya estarían renunciando al cargo».

La exdetenida desaparecida Patricia Isasa también tomó la palabra para defender el proyecto de acusación que presentó contra Rosatti y señaló que su petitorio no busca que «castiguen a Rosatti por la conducta incompatible con el cargo sino una Justicia proba que se comprometa con la protección de los intereses públicos».»Soy argentina, amo este país y nos merecemos gente proba en la Corte», dijo.

El proyecto de la Coalición Cívica para enjuiciar a Lorenzetti 

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto recapituló que el pedido de juicio político contra Lorenzetti fue presentado por el bloque en 2017, cuando Elisa Carrió aún ocupaba su banca en la Cámara de Diputados. 

«En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano», recordó Oliveto, pero buscó mantener un puente con el bloque de Juntos por el Cambio –que desde la UCR y el PRO buscan bloquear los pedidos de juicio político– al sostener que el pedido de enjuiciamiento «no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión».

Rosenkratz y los conflictos de intereses  

Posteriormente, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, aseguró que en el marco de «la multisectorial por la democratización» de la Justicia presentó en 2022 «un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fundado en 10 hechos de la causal de mal desempeño».

Señaló que una de esas denuncias está basada en una investigación periodística, según la cual Rosenkratz «habìa intervenido en 56 fallos, siendo parte en el mismo clientes de su estudio jurídico, lo cual viola la garantía de imparcialidad».

En tanto, el representante de la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales, Federico Méndez, denunció «por la causal de mal desempeño a Rosenkrantz y a Lorenzetti, por haber manipulado un expediente judicial y haber utilizado información privilegiada, mediante una maniobra ilegal».

Para defender los 14 proyectos de juicio político presentados también expusieron los diputados del FdT Vanesa Siley (miembro del Consejo de la Magistratura), María Rosa Martínez y Pablo Carro.