Diputados comienza el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará hoy a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función de un proyecto que es impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en «mal desempeño» en varios de sus fallos.
La comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) se reunirá a las 11 para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.
La intención del oficialismo es comenzar hoy con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.
Posteriormente, se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.
El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.
Por su parte, la principal bancada opositora ya anticipó que no dará quórum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de «un ataque a la Corte y a la institucionalidad» por parte del Gobierno.
Desde el Frente de Todos (FdT) consideran, en cambio, que «la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento», y recuerdan que «en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional».
Por su parte, autoridades del Interbloque Juntos por el Cambio se reunieron ayer con miembros de la comisión de juicio Político para analizar su estrategia con vistas a la reunión que se celebrará hoy para abrir el debate sobre si es admisible el enjuiciamiento contra los miembros del tribunal.
El presidente del bloque radical, Mario Negri, informó que «Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum» y dijo que «el planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo».
«Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad», expresó y señaló que «el pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal».
En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».
«El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante», añade el documento.
Agrega que «el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea».
«Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada», señalan los diputados en el proyecto.