Diputados del Frente de Todos preparan la letra chica
del pedido de juicio político a la Corte Suprema.
El texto del proyecto, en el que les legisladores están trabajando este miércoles, tendrá como base el documento impulsado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores. La intención de Juntos por el Cambio de paralizar el Congreso para impedir que los supremos sean citados al Congreso.
Los diputados y diputadas del Frente de Todos (FdT) presentarán en la Cámara baja «entre hoy y mañana» el proyecto para abrir el proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, una vez que el Poder Ejecutivo formalice la convocatoria a sesiones extraordinarias e incluya el debate de esa iniciativa. El texto del proyecto, en el que les legisladores están trabajando este miércoles, tendrá como base el documento impulsado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, anticiparon fuentes parlamentarias.
El proceso, estiman las fuentes, podría demandar entre tres y cuatro meses de debate y se centrará en investigar la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.
Mientras les diputades del Frente de Todos avanzan en la redacción del texto, que se basará en el documento que la semana pasada el Presidente le presentó al jefe de la bancada del bloque, Germán Martínez y a la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, la mesa nacional de JxC amenaza con paralizar el Congreso.
El bloqueo legislativo de Juntos por el Cambio
Este martes, los principales dirigentes del PRO, la UCR y la CC se reunieron para redondear la defensa corporativa que harán del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los demás jueces del tribunal. En un comunicado, Juntos por el Cambio advirtió que participará del debate pero no dará quórum para avanzar con el proceso de remoción.
Además, ratificó un virtual bloqueo legislativo a todo lo que proponga el Gobierno, que solo se levantará si cesa el pedido de juicio político a la Corte. Si bien la estrategia de bloquear leyes viene funcionando desde 2020, es la primera vez que la oposición admite que su intención es paralizar el Congreso.
En ese sentido, el diputado nacional por el FdT, Leopoldo Moreau, que integra la comisión de Juicio Político, calificó como «gravísima» la postura de Juntos por el Cambio (JxC) de negarse a tratar proyectos de ley que el Ejecutivo envíe al Congreso hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia porque es «anunciar que van a paralizar» al Poder Legislativo.
«La presión de los grupos dominantes ya no es solo sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora JxC dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso», sostuvo Moreau en declaraciones a la radio AM 750.
En esa línea se manifestó también el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien consideró que «la Cámara está trabada desde antes que el Presidente anunciara el juicio político a la Corte. Desde principios de diciembre estamos sin actividad». Según Tailhade, «el juicio a la Corte les da una excusa para seguir paralizando la Cámara, cosa que va a pasar, ya que aunque el Presidente no hubiera hecho ese anuncio, creo que hubiera seguido la parálisis de la Cámara».
Sesiones extraordinarias
Este miércoles, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de enero, tal como se había anunciado, para tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema y otros proyectos.
De esta forma, la funcionaria desmintió los rumores sobre cambios en los plazos que se fijó el Gobierno para el llamado a extraordinarias, y se remitió a la información que brindó el jueves pasado, cuando contó en Casa Rosada que el presidente Alberto Fernández pretendía que «los tiempos sean lo más breves posibles» en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Juicio político
Las causales de juicio político pueden ser tres: mal desempeño de las funciones; la consumación de un delito en el ejercicio de sus funciones; o crímenes comunes. El “mal desempeño de sus funciones” es una causal subjetiva (política) por lo que se constituye en el camino más fácil para lograr la destitución de un funcionario.
El proceso se inicia en la Cámara de Diputados. Cualquier funcionario o ciudadano puede presentar un pedido de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte, que podrá ser aceptado o no por la Comisión de Juicio Político.
Si se lo considera admisible, la Comisión pone en marcha un sumario de investigación tomando las medidas del caso, incluida la declaración del imputado. Una vez que se concluye la investigación, hace falta la emisión de un dictamen, que se aprueba por mayoría simple, para que se inicie el juicio político o se desestime.
Una vez presentado el texto por los diputados, el proyecto tendrá validez por tres años y no cae con la renovación del cuerpo. Es decir, si el oficialismo consigue dictamen por mayoría simple pero no lo puede llevar al recinto este año porque no logra los dos tercios necesarios, podría insistir más adelante si reúne las voluntades necesarias.
