Habrá veredicto en la causa Vialidad, que juzga a la Vicepresidenta entre los 13 imputados

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 prevén dar a conocer la sentencia el próximo martes por la tarde. El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.

El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá veredicto el próximo martes, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso prevén dar a conocer la sentencia el próximo martes por la tarde en la llamada «causa Vialidad», bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus.

Es decir, ellos estarán junto al secretario del TOF2 Tomás Cisneros en una de las salas de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 y se conectarán a la plataforma Zoom al igual que el resto de las partes que participan del juicio de manera remota.

Para el veredicto tendrán que estar conectados a la audiencia todos los acusados.

La Vicepresidenta y el empresario y dueño de la firma «Austral Construcciones» Lázaro Báez enfrentan un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación.

Para el martes a las 9.30 se fijaron las últimas palabras del imputado exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y luego se anunciará el horario de la sentencia.

Un día antes, el lunes 5 a la misma hora se programó una anteúltima audiencia para las palabras finales de otros dos exfuncionarios del área vial Raúl Pavesi y José Santibañez y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

La Vicepresidenta y el empresario y dueño de la firma «Austral Construcciones» Lázaro Báez enfrentan un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fiscales reclamaron también la «inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos».

Es la pena más alta pedida por los acusadores mientras que la defensa de la exmandataria reclamó la absolución y denunció que la fiscalía cometió «prevaricato», al acusar por hechos «inexistentes». e incurrir en «falsedades».

El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.

Las palabras finales de la Vicepresidenta ante los jueces

En la última audiencia de esta semana, la Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un «pelotón de fusilamiento» que tiene sentencia «escrita» por hechos «inexistentes», como parte de una «actividad disciplinadora» para «estigmatizar a un espacio político».

«Cuando hablé de ‘lawfare’ fui muy generosa, si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento», advirtió desde su despacho en la Cámara Alta.

La Vicepresidenta fue víctima de un intento de magnicidio el 1 de septiembre último, días después de conocerse el pedido de pena fiscal en su contra a 12 años de prisión y en medio de manifestaciones en apoyo a su persona en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

El ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a metros de su cabeza, pero la bala no salió.

Cuatro días más tarde, el juicio se reanudó con los alegatos de las defensas.

«No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino», sostuvo por su parte el abogado Carlos Beraldi, defensor de la Vicepresidenta, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado.

«Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos»Cristina Fernández de Kirchner

A su vez en esa ocasión, la Vicepresidenta también se dirigió al Tribunal como abogada en uso de su propio derecho a defensa y se preguntó:

«¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado».

«Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos», cuestionó.

En agosto pasado, su defensa recusó al fiscal Luciani y al juez Giménez Uriburu por haber integrado un equipo de fútbol que disputó partidos en la quinta Los Abrojos de Macri, pero los planteos no prosperaron.

El juicio

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.

Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.

A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales.

Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.

La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de «perjuicio económico».

Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas «maniobras» para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.

Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra.

En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.

Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

Un juicio marcado por el intento de asesinato de la Vicepresidenta

El juicio en la causa Vialidad comenzó el 21 de mayo de 2019, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de coronavirus y marcado por el intento de asesinato de la acusada vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre pasado.

La causa penal se abrió en 2016 por denuncia del entonces presidente de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Dos fiscales federales, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, pidieron la citación a declaración indagatoria de la expresidenta y otros imputados el 16 de agosto de 2016.

Todos fueron indagados por el juez federal Julián Ercolini, quien el 27 de diciembre de 2016 dictó procesamientos por presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública nacional al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.

La siguiente es la cronología del desarrollo del proceso judicial:

• 2 de noviembre de 2017
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó los procesamientos, que ya habían sido avalados por la Cámara Federal porteña.

• 18 de diciembre de 2017
Pollicita pidió el envió a juicio oral y el 2 de marzo de 2018 Ercolini da por cerrada esa parte de la investigación y envía el caso a sorteo de Tribunal Oral.

• 21 de mayo 2019
Comienza el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de manera presencial en la sala de audiencias AMIA del subsuelo de Comodoro Py 2002.

Ese día estuvieron presentes todos los acusados: Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Claudio Fatala.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron inicio a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.

• 1 de julio 2019
La entonces senadora Fernández de Kirchner era precandidata a Vicepresidenta por el Frente de Todos y su abogado defensor Carlos Beraldi planteó ante el Tribunal, en las llamadas cuestiones preliminares, que el juicio debía suspenderse. Habló de acusaciones políticas en el marco del «lawfare» que llegaron «hasta límites absurdos» y pidió «no seguir avanzando de manera innecesaria».

• 26 de agosto de 2019
El Tribunal rechaza este planteo. Comienzan las declaraciones indagatorias de los acusados.

• 2 de diciembre de 2019
Ya como Vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner habla por primera vez ante el Tribunal en su indagatoria, de manera presencial, en la sala de audiencias de los tribunales federales de Retiro. Sostuvo que la acusación «fue un plan ideado por el Gobierno saliente» y «forma parte del lawfare» planeado con «el auxilio invalorable del aparato judicial».

El Tribunal había rechazado días antes un pedido de su defensa para televisar esa audiencia en directo. Finalizadas las indagatorias de los 13 acusados, comenzaron las declaraciones de los testigos pero, el 16 de marzo de 2020 el juicio tuvo su última audiencia presencial.

• 16 de marzo de 2020
El TOF suspende el juicio ante la pandemia de Covid 19.

• 3 de agosto de 2020
El debate se reinicia de manera semipresencial: con jueces y testigos en una sala de audiencias con barbijo y distanciamiento social y las restantes partes conectadas remoto a través de la plataforma Zoom. Siguen las declaraciones testimoniales, el debate entra en receso por la feria judicial en enero de 2021 y remota el 8 de febrero de ese año.

• 15 de febrero de 2022
El presidente Alberto Fernández se presenta en Comodoro Py y declara de manera presencial como testigo. Niega la existencia de «arbitrariedades» en la distribución de obra pública nacional y sostiene que se trata de «decisiones políticas no judiciables».

• Abril de 2022
Comienza la etapa de declaración de los peritos y se realiza un coloquio entre ellos ante la inexistencia de un acuerdo en el informe final. Las defensas cuestionan la validez como prueba de esa pericia hecha sobre cinco de las 51 obras bajo investigación.

• Terminada la etapa de testigos, el 11 de julio de 2022 empezaron los alegatos finales
La querellante Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de todos los acusados al argumentar que no hay «certeza suficiente» para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras adjudicadas a Báez y de la existencia de una asociación ilícita.

Aludió a un «estado de duda insuperable» en base a esa pericia que no acreditó la existencia de un «fraude». «Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal», agregó el organismo y pidió descartar como prueba esa pericia por «inconsistencias y falta de claridad».

• 1 al 22 de agosto 2022
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pronunciaron su alegato acusador durante nueve audiencias que terminó con pedidos de entre 2 y 12 años de prisión para los acusados por asociación ilícita y defraudación.

«Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país», dijo Luciani al inicio del alegato.

• 1 de septiembre de 2022
Desde días antes y tras conocerse el pedido de 12 años de prisión por parte de los fiscales, hubo manifestaciones de apoyo a Cristina Kirchner frente a su departamento de Recoleta. Esa noche el luego detenido Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla al gatillar un arma a pocos centímetros de su cara cuando la Vicepresidenta llegaba a su casa. La bala no salió.

• 5 de septiembre de 2022
Con la conmoción por el intento de magnicidio, se retomó el juicio y comenzaron los alegatos de las 13 defensas.

El 19 de septiembre comenzó el alegato de la defensa de la Vicepresidenta. Hubo «mala praxis» fiscal para sostener una «fantasía» , dijo su abogado Carlos Beraldi y remarcó que la acusación quedó «fulminada» ante las pruebas obtenidas en el juicio.

«Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz», sostuvo.

• 23 de septiembre
La Vicepresidenta cerró el alegato en su tercera jornada, Al hablar ante el Tribunal como abogada en su propia defensa «Estamos ante un claro caso de prevaricato», advirtió: «Luciani y Mola mintieron en el alegato final»

Los alegatos terminaron el 31 de octubre. Tras un receso, el 14 de noviembre Luciani rechazó planteos de nulidad pero no quiso replicar los alegatos de los abogados defensores.

«La acusación se mantiene incólume y el tribunal se encuentra en condiciones de avanzar con el veredicto», dijo.

El Tribunal da comienzo a la etapa de últimas palabras que cierra en la audiencia del 2 de diciembre pasado, cuando la vicepresidenta Fernández de Kirchner habla por última vez, difunde en redes sociales el documento «Las 20 mentiras de la causa Vialidad» y los jueces programan el veredicto para el 6 de diciembre próximo.