EDUCACIÓN PRESENTÓ PROTOCOLO QUE REGLAMENTA

LICENCIAS DOCENTE POR VIOLENCIA DE GÉNERO.

El Ministerio dio a conocer la Resolución 4702/22 que reglamenta la Ley provincial 7.658/15 -E de Licencia Extraordinaria por Violencia de Género, que tiene como fin proteger a las docentes víctimas de esta situación y acompañar a los equipos de gestión de las instituciones escolares. El ministro de Educación del Chaco, Aldo Lineras, junto a la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini, encabezó este miércoles la presentación del protocolo de actuación para la intervención en casos de licencia docente (o de personal administrativo de este organismo) por violencia de género o violencia laboral como establece la Resolución Nº 4702/2022.La directora de Bienestar Educativo, Belén Godoy señaló que «esta resolución es producto del trabajo llevado adelante por el equipo de la Línea de Bienestar Docente -que depende de esta dirección- teniendo en cuenta todo los aportes realizados por distintos organismos estatales y por referentes de la militancia de los derechos humanos y géneros, con el fin de reglamentar la Ley Nº 7658/15 -E de Licencia por Violencia de Género para las Trabajadoras de la Educación y que a partir de ahí, se pudo modificar el Estatuto Docente e incorporar esta posibilidad que las compañeras puedan acceder a la licencia por violencia de género.En ese sentido, también amparados en la Ley Nacional 26.485/15 de Protección Integral a las Mujeres que tiene que ver con prevenir y erradicar las violencias por motivos de género en sus ámbitos interpersonales donde se llevan adelante sus relaciones laborales y demás», detalló Godoy. El ministro Lineras agradeció a todas las personas que aportaron para poder concretar el protocolo de actuación para que las trabajadoras de la educación accedan a licencias en caso de violencia de género, señalando que: «la realidad es un entramado de discursos heterogéneos, de posicionamientos, de ideas sobre lo que pensamos, lo que queremos actuar como sociedad; estamos en un campo de disputa producto de las luchas feministas de los últimos cuarenta años”. El funcionario celebró el hecho que este instrumento legal se haya logrado en esta gestión, destacando que forma parte de las políticas públicas que lleva adelante garantizando derechos a todos los sectores. “Este protocolo está a disposición de las mujeres que sufran violencia de género a partir de ahora tienen una respuesta concreta y práctica por parte del Estado”, afirmó.Por su parte, la subsecretaria Pellegrini manifestó: “Para nosotros es un orgullo poder estar reglamentando la Ley 7658-E sancionada en el 2015, que permite a las mujeres que han sido víctima de violencia de género puedan ejercer el derecho a tomarse licencia. Después que se sancionó la ley hubo un camino que recorrer para institucionalizar este derecho”, dijo. Consideró que “la escuela es un espacio de ejercicios de derechos y es la que abre puertas a otros derechos”. «Poder pensar en las escuelas como espacios libres de violencias, es un desafío en el que trabajamos», expresó la funcionaria.En el acto, realizado en el salón de reuniones del Ministerio de Educación también se contó con la presencia de la subsecretaria de Género, Diversidades y Disidencias de la Provincia, Delia Pérez; la diputada nacional Lucila Massin; la diputada provincial Mariela Quirós; el director general de Políticas Socioeducativas e Igualdad de Géneros, Santiago Sánchez; entre otros. Además, acompañaron esta presentación la dirigente de UTRE CTERA y CTA, Mora Pared y Lucila Soria de Verón, quien aportó su experiencia por haberse desempeñado como secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de este sindicato.Ante la falta de reglamentación de la Ley N° 7658/15 – E sobre la licencia extraordinaria por violencia de género y la demanda por parte de supervisoras y supervisores y de directoras y directores de instituciones escolares para su implementación, resulta necesario contar con un protocolo de actuación que oriente el accionar administrativo y de protección, como así también, evitar la revictimización a las docentes que padecen violencia de género como a sus hijas y/o hijos en edad escolar.En qué consiste el protocoloEste protocolo tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia por razones de género en todos sus tipos y modalidades en todas las reparticiones correspondientes a la jurisdicción del Ministerio de Educación.En todos los niveles, modalidades y servicios, de gestión estatal, privada, social y comunitaria de la Provincia, deberán aplicar la siguiente reglamentación ante la solicitud de la licencia por causales de violencia de género.Está contemplado: Docente víctima de violencia de género donde se describen detalladamente las acciones a seguir por parte de la directora o del director y/o supervisora o supervisor para otorgar la licencia y proteger a la docente víctima de padecer violencia de género.Protocolo para el docente denunciado por violencia de género: se establece el procedimiento para docentes denunciados por violencia de género, que compartan la institución escolar o no, como así también, para aquellos agresores denunciados por violencia de género que no pertenezcan al ámbito educativo.Se estipulan los pasos a seguir cuando un docente comparte institución educativa con la víctima y cuando no comparten el lugar de trabajo, dando prioridad en el primer caso a la docente si decide seguir trabajando.Protocolo para intervención en casos de violencia de género sobre una docente o cuando un docente fuese denunciado y existan niños, niñas y/o adolescentes que se encuentren escolarizados: se tiene en cuenta a las y los niños, niñas y adolescentes, si los hubiera, para protegerlas y protegerlos del agresor sobre todo si hay restricción de acercamiento.Se contempla también, la posibilidad de que el docente denunciado de ejercer violencia de género deba acreditar ante su superior, la participación en Programas de Reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia, o Tratamiento Terapéutico. Dar cumplimiento en forma inmediata a aquellas órdenes judiciales que reciban.Asimismo, plantea la aplicación de la Ley Micaela y Natalia Samaniego para el personal de la institución.