Inflación global
Reino Unido aplicará un impuesto extraordinario para financiar un plan de ayuda social
El objetivo es ayudar a los hogares de menores ingresos frente a la inflación más alta de las últimas décadas. Recibirán al menos 1.200 dólares en 2022 y obtendrán descuentos en las tarifas de luz y gas. Los fondos serán obtenidos con un gravamen a las ganancias de los gigantes energéticos.
El Gobierno británico anunció este jueves un paquete de 15.000 millones de libras (19.000 millones de dólares) para ayudar a los hogares a hacer frente a la crisis desatada por la inflación, la más alta en décadas, que será parcialmente financiado por un impuesto a las ganancias extraordinarias de los gigantes energéticos.
«Casi uno de cada ocho hogares entre los más vulnerables del Reino Unido recibirá al menos 1.200 dólares este año, incluyendo una ayuda única por el costo de la vida de 820 dólares, un aumento de los subsidios de 500 dólares y la duplicación del descuento en las facturas de energía» en octubre, informó el ministro de Finanzas, Rishi Sunak en una intervención en el Parlamento.
Estas medidas se financiarán en parte con un «impuesto temporal del 25% sobre los beneficios energéticos de las empresas de petróleo y gas, que refleje sus beneficios extraordinarios», explicó, estimando que recaudará unos 6.280 millones de dólares en el próximo año, según informó la agencia de noticias AFP.
A cambio, las empresas energéticas accederán a una desgravación fiscal casi duplicada por sus inversiones. «Cuanto más invierta una empresa, menos impuestos pagará», dijo Sunak a los diputados.
La disparada en los precios del petróleo y el gas producto de la guerra en Ucrania impulsaron considerablemente los beneficios de gigantes como British Petroleum (BP) y Shell, mientras Reino Unido registra una inflación récord en los últimos 40 años, de 9% interanual en abril, lo que empujó al Gobierno a implementar la tasa denominada «impuesto temporal sobre las ganancias energéticas específicas»
La oposición laborista llevaba semanas pidiendo al ejecutivo conservador de Boris Johnson que aplicara un impuesto excepcional al sector para ayudar a las familias a hacer frente a las facturas energéticas.
Tras aumentar casi 55% en abril, el tope máximo legal de las tarifas debe volver a subir en octubre y la autoridad de la electricidad británica, Ofgem, advirtió el martes pasado que sería en torno al 42%, 1.000 dólares más al año por hogar.
Johnson y sus ministros se oponían a aplicar este impuesto excepcional, bajo el argumento -en línea con los propios gigantes energéticos-, de que podría socavar la inversión en energías renovables y la transición hacia la neutralidad en carbono.
Defendían que el Gobierno ya destinó 27600 millones de dólares a ayudar a los más desfavorecidos a hacer frente a la inflación, una cantidad que sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza denunciaron como insuficiente.
La decisión se conoce un día después de la publicación de un informe que responsabilizó a los dirigentes británicos por el «partygate«, la celebración de numerosas fiestas ilegales en dependencias gubernamentales durante los confinamientos impuestos por la pandemia.
Sin embargo, un alto cargo gubernamental, Stephen Barclay negó en declaraciones al canal Sky News que el momento del anuncio buscara acallar el escándalo del «partygate» y aseguró que el Tesoro lo había hecho coincidir con el anuncio de Ofgem.
La medida fue bienvenida por oenegés como Oxfam, cuyo responsable Sam Nadel consideró «justo que se pida a las empresas de combustibles fósiles que obtienen beneficios excesivos que contribuyan más en un momento en el que tantas familias en el Reino Unido se han quedado sin opciones».
Según un sondeo de YouGov a 1.755 adultos, uno de cada cinco británicos (22%) afirma que le cuesta o no logra llegar a fin de mes, un incremento de 12 puntos porcentuales respecto a mayo de 2021.
Sin embargo, Ami McCarthy de Greenpeace calificó el impuesto excepcional de mero «parche», criticando que se grave a las empresas energéticas solo el 25% de sus beneficios en lugar de hacerlo al 70%, lo que «podría haberse utilizado para proporcionar un alivio a corto plazo a los hogares y también mejorar sus viviendas para garantizar que utilizan y desperdician menos energía, y mantener las facturas bajas en los próximos años».
