Respaldo internacional al proyecto para que paguen los beneficiarios de la fuga.

Dos organizaciones de alto prestigio internacional, Oxfam y Red de Justicia Fiscal, apoyaron la iniciativa y proponen otras formas de control sobre los fondos ocultos en el exterior.

Dos organismos de gran prestigio internacional, Oxfam y la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Netrwork, TJN) se pronunciaron en los últimos días en apoyo de la propuesta argentina de imponer cargas fiscales sobre los activos extraterritoriales no declarados. Esto es, los miles de millones de dólares fugados por residentes argentinos –personas o empresas– sin declararlos ante la AFIP. Uno de los aspectos más interesantes de la perspectiva de estos dos centros internacionales de investigación y control es que observan que no se trata de una medida para castigar la fuga, sino que «ir en busca del dinero escondido en guaridas fiscales es ir en busca de una solución al problema de la desigualdad», como apunta Red de Justicia Fiscal. 

Oxfam y TJN señalan que la propuesta argentina de crear un «fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» va en línea con una de las cuestiones centrales del debate económico y financiero global: por qué determinadas regiones están condenadas a través del endeudamiento a una postergación permanente, la relación entre los desvíos de los recursos monetarios y el funcionamiento del sistema financiero mundial, y el control de los sistema tributarios por las grandes corporaciones y las clases más enriquecidas globales.  

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«Estafa tributaria a escala global»

Página/12 tuvo la oportunidad de conversar con representantes de estos organismos internacionales para analizar el contenido de sus propuestas y el alcance de sus advertencias sobre «la trampa de la deuda y la supuesta cooperación internacional para el desarrollo», y sobre la necesidad de crear organismos regionales independientes de la poderosa OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​) o el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por impulso del G-8), para constituir un registro público de beneficiarios finales de cuentas bancarias, el fortalecimiento de la capacidad regulatoria de las administraciones tributarias y de las regulaciones sobre los mercados de capitales, entre otros objetivos. Para ello, sostienen, resulta imprescindible avanzar en cada país sobre el derecho al secreto bancario y fiscal de los grandes capitales, para poder combatir lo que hoy se manifiesta como una «estafa tributaria a escala global».

Combatir la desigualdad

Oxfam, un movimiento global que se presenta como «una organización nacida para combatir la desigualdad» hace 80 años, pidió en una reciente declaración internacional la aplicación de «impuestos de solidaridad para financiar el apoyo a los ciudadanos, a partir del aumento de los costos de la energía y los alimentos, así como para financiar una recuperación justa». 

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Oxfam se ha convertido en una referencia internacional por sus informes sobre las consecuencias sociales de diferentes sucesos (covid, guerras, destrucción del medio ambiente, discriminaciones raciales y de género). Surgida en Europa en defensa de los afectados por la Segunda Guerra Mundial en pleno conflicto (1942), su intervención se extiende hoy sobre más de 90 países.

En su declaración de la última semana, Oxfam reclama fijar el criterio sobre las contribuciones que deben hacer los sectores de mayor capacidad económica y los beneficiados de un sistema económico mundial injusto para reparar las tremendas consecuencias sociales que el mismo sistema provoca. Y hace una especial referencia a la propuesta argentina sobre los activos de resdidentes en el exerior no declarados.

Aboga por «impuestos de solidaridad» para compensar las consecuencias de la suba del precio de bienes esenciales para la vida, como energía y alimentos, «en forma de impuestos únicos sobre el patrimonio o aumentos temporales en los impuestos sobre las ganancias de capital o los impuestos sobre la renta personal en ingresos altos».

Como si fuera una respuesta a las voces de los sectores más poderosos que se oponen a cualquier suba de impuestos, señala que «dichos impuestos no sólo son justos, sino que son cada vez más reconocidos como un ejemplo de buena economía por entidades de referencia como la OCDE y el FMI». Destaca, además, como un avance en la materia, que «Argentina adoptó un impuesto sobre el patrimonio único para los más ricos el año pasado como parte de su plan de recuperación de Covid y ahora está considerando introducir un impuesto único sobre miles de millones de activos extraterritoriales no declarados».

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Un sistema pensado para ricos

La Red por Justicia Fiscal​ es una coalición independiente de investigadores y activistas preocupados por los efectos dañinos de la evasión de impuestos, los sistemas fiscales injustos y los paraísos fiscales. Formado por especialistas en  derecho, economía e impuestos, esta organización  nacida en 2003 se propone «incrementar el conocimiento público sobre el oscuro mundo de las finanzas offshore» y develar por qué la existencia de paraísos o refugios fiscales causa pobreza en los países de origen de los fondos fugados. Sus trabajos de investigación son material de consulta y debate a nivel mundial, principalmente en los ámbitos parlamentarios europeos.

En la última semana, la sección de America Latina y el Caribe de la Red emitió una declaración que trata expresamente el caso argentino. 

«Las organizaciones que formamos parte de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe apoyamos la propuesta presentada en el Honorable Senado de la República Argentina para constituir, mediante una Ley, un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un aporte especial de emergencia que se aplicará a los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”. 

Sostiene en el párrafo siguiente: «Estamos convencidos que ir en busca del dinero escondido en guaridas fiscales es ir en busca de una solución al problema de la desigualdad. Sin recursos económicos los países no crecen y si las elites empresariales reducen su parte de impuestos acudiendo a maniobras de fraude fiscal vía estas guaridas, los países terminan presos de la trampa de la deuda o la “cooperación internacional” para financiar su desarrollo. Nuestros sistemas tributarios están hechos para las grandes corporaciones y los ricos globales«. 

Al cuantificar el impacto de la fuga de divisas y la evasión, señala que «América Latina y el Caribe pierde anualmente recursos muy necesarios. Sólo por evasión fiscal dejan nuestra región 320 mil millones de dólares por año, según CEPAL. Se pierden además, por incentivos tributarios, 5% del PBI regional y por no gravar a las grandes fortunas perdemos, actualmente, u$s 26 mil millones por año según un informe de Latindadd, RJF-LAC y Fundación SES». 

Finalmente, la RJF hace una caracterización política del problema señalando que «mientras la OCDE siga dictando las reglas de lo que se puede o no hacer en materia de transparencia fiscal y financiera, muy pocas cosas cambiarán«. 

Un manual que fracasó

Página/12 consultó a Adrian Falco, secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, sobre por qué el documento hace esa señalización del riesgo de seguir los dictados de la OCDE, la poderosa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico nacida como OECE en 1948 de la unidad de países europeos para la administración de las ayudas del Plan Marshall. A partir de 1961 se fortaleció y modificó su rol político internacional con el ingreso de Estados Unidos y Canadá.

«Tradicionalmente, la OCDE y el GAFI son los que dictan las normas para controlar o combatir el blanqueo de capitales en el mundo, pero ese manual nunca le sirvió a nuestra región, lo que merecería una revisión sobre la utilidad de esos consejos, que además proviene de los países que más se han beneficiado de la fuga y evasión de capitales de nuestra propia región». 

Para Falco y para la organización que representa, uno de los méritos principales del proyecto del «fondo para pagarle al Fondo» es que «cambia el foco del debate, al señalar que quienes deben pagar la deuda son los dueños de grandes riquezas, los beneficiarios de políticas que no han sabido o no han podido controlar subsidios, exenciones, defraudación fiscal» y otras formas de transferencias regresivas de recursos.

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Combatiendo al capital en fuga

A su criterio, la documentación proveniente de los convenios con la OCDE de intercambio de información fiscal (sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior) «son útiles pero no suficientes». Falco apunta que un punto central en la propuesta del Frente de Todos en el Senado es el levantamiento del secreto bancario y bursátil, para poder tener un seguimiento completo de los movimientos de capitales de las grandes unidades económicas (millonarios y empresas).  

La propuesta de la Red de Justicia Fiscal complementa el proyecto de ir en busca de los fondos fugados no declarados, con la propuesta de crear «registros públicos de beneficiarios finales, intercambio automático de información financiera entre países, reportes de actividades de empresas país por país, fortalecimiento de la capacidad regulatoria y verificadora de las administraciones tributarias, fortalecimiento de las regulaciones sobre los mercados de capitales», independientes de la OCDE y por iniciativa y participación directa de los países más afectados por esta estafa global.

«Urge democratizar los espacios de debate, la creación inmediata de un cuerpo intergubernamental de crisis para denunciar y generar propuestas para terminar con esta estafa tributaria a escala global», sostiene Falco. «Sólo con filtraciones, a través de hackeos a grandes estudios de abogados o por lo que cuentan arrepentidos, no alcanza», apunta el secretario de la Red. «Informes que, además, no son nuestros», aclara, no sin justificada desconfianza con respecto a la información que se divulga y la sospecha sobre si antes de darse a conocer, no se «saca de la lista» a quienes se decide «no tocar». 

«La disputa por los recursos fugados es parte de la puja por el poder real», define el documento de la Red de Justicia Fiscal. Y reclama la creación de «un organismo supranacional que trabaje en recomendaciones de políticas anti elusión y anti evasión. CELAC podría ser una buena plataforma para este proyecto, no la OCDE», define. Es uno de los mayores desafíos que enfrentará la economía argentina en los próximos años, cargando además sobre la espalda el peso del endeudamiento que el gobierno de Mauricio Macri pergeñó con el FMI. Salir de esa trampa requiere de una nueva estrategia financiera y fiscal. El proyecto hoy en el Senado podría ser un buen primer paso.