San Miguel de Tucumán se convirtió en el primer municipio del país

que aprobó el cupo laboral obligatorio para víctimas rescatadas de la trata

Es la primera vez que un municipio vota una ordenanza que garantiza la reinserción laboral para las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó esta mañana por unanimidad, la ordenanza que fija un cupo de reinserción laboral para victimas rescatadas del delito de trata, estableciendo que se disponga del 1 % de todos los lugares disponibles en el municipio y bajo todas las formas de contratación.
El proyecto, presentado por el Concejal Gonzalo Carrillo, fue aprobado por unanimidad en el recinto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán y de esta manera, el cupo laboral del 1% para víctimas rescatadas de la trata de personas con fines de explotación sexual se convirtió en realidad.
San Miguel de Tucumán se convierte en el primer municipio del país en generar una política pública de inclusión e igualación de derechos para las víctimas de uno de los flagelos más aberrantes del siglo XXI. Tratándose de un municipio de amplia estructura que gestiona para más de 650 mil vecinos y vecinas, es un gran paso que seguramente generará iniciativas similares en todo el país, acorde con los esfuerzos del Estado nacional por garantizar el acceso al trabajo para las victimas rescatadas de la trata, como lo demuestra el flamante programa de Capacitación e Inclusión laboral para victimas impulsado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La sesión contó con la presencia del Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Gustavo Vera, quien brindó el apoyo y las herramientas para la concreción de la Ordenanza.
El edil capitalino expresó que se trata de “una conquista más para la ampliación de derechos” y que es “fruto del trabajo constante y silencioso para visibilizar una problemática que nos concierne a todos y todas y en la que cuesta hacerse cargo”. En este marco agregó que “a partir de ahora, aportamos un granito de arena, para que el Estado esté presente para garantizar derechos vulnerados y brindar la contención necesaria para que las víctimas puedan reinsertarse socialmente y evitar ser revictimizadas, trabajaremos en todo el país para recrear ordenanzas similares con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de las víctimas y sus familias”.
Gonzalo Carrillo, es un joven Concejal, que viene trabajando activamente en proyectos que generan políticas públicas efectivas, como fue el Proyecto del Cupo Laboral Trans, la adhesión municipal a la Ley Micaela. “El trabajo articulado que venimos realizando junto al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en la figura de Gustavo Vera y el Delegado Regional, Rodrigo Pérez; y también con la Secretaría de Participación Ciudadana a cargo del Dr. José Farhat, hoy vio sus frutos, con la aprobación unánime de la Ordenanza por parte de todos los concejales”, finalizó Carrillo.
Por su parte, el delegado del Comité para la provincia de Tucumán y la región Noa Rodrigo Pérez, destacó que la ordenanza “es el resultado del trabajo serio y comprometido que el Comité desarrolla en todo el país y que permite articular con otros aliados, como el caso del Concejal Gonzalo Carrillo con cuyo proyecto, hoy convertido en ordenanza, se hace realidad la restitución de derechos para las víctimas”.
Durante la sesión todos los bloques expusieron su apoyo al proyecto y a la necesidad de evitar la revictimización de las personas liberadas de redes de trata y elogiaron el esfuerzo que viene haciendo el Comité Ejecutivo en todo el país en dirección a visibilizar esta problemática y convocar a municipios y gobiernos provinciales a aportar su grano de arena a la vez que se ejecuta el plan bienal que tiene como norte estratégico el acceso al trabajo, la vivienda, el acompañamiento terapéutico entre otras medidas tendientes a restituir derechos para las y los sobrevivientes de la explotación sexual o laboral.
A partir de la sanción de la Ordenanza y su posterior promulgación el Departamento Ejecutivo Municipal cuenta con 90 días para la reglamentación y efectivización de la misma.
La jornada histórica vivida en el Concejo Deliberante, también contó con la rúbrica de un Convenio de Colaboración y Cooperación entre el Honorable Concejo Deliberante, representado por su Presidente, Fernando Juri y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera. De esta manera, se capacitará y articulará la promoción y difusión de la Línea 145, además de distintas acciones que permitan visibilizar la problemática.