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AGENTES DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA

E INFRAESTRUCTURA SE CAPACITAN EN LEY MICAELA.

Los más altos rangos de la cartera participaron del taller que tuvo lugar en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno. La iniciativa fue coordinada entre la Vicegobernación, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la Dirección de Economía, Igualdad y Género de MPEI y el IPAP.

Las más altas autoridades del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura (MPEI) participaron de un taller en el marco de la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. 

La iniciativa fue llevada adelante de forma conjunta entre la Unidad de Coordinación, Monitoreo y Seguimiento de Políticas para la Igualdad de la vicegobernación, la Dirección de Economía, Igualdad y Género del MPEI y el Instituto Provincial para la Administración Pública (IPAP), y cuenta con dos talleristas especializadas en la materia. 

La capacitación alcanzó a las y los Subsecretarios y Directores de áreas del MPEI, y fue encabezada por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el ministro Santiago Pérez Pons, la secretaria de DDHH y Géneros, Silvana Pérez, la jefa de Gabinete de MPEI, Martina Quaglia y la directora de Economía, Igualdad y Género, Iara Tejeda Martínez.  

La formación se da en el marco del compromiso de la provincia de Chaco en dar efectivo cumplimiento a la Ley Micaela y su adhesión provincial, para iniciar un proceso de transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos y áreas del ejecutivo provincial. 

El objetivo es que las acciones de gobierno tengan en cuenta el impacto diferenciado que las mismas producen entre los géneros y pueda aportar a construir una sociedad y una provincia más igualitaria, equitativa y libre de discriminacion y violencias por razones de géneros. 

La vicegobernadora celebró la realización del taller, iniciativa de la Dirección de Géneros del MPEI. “Sabemos que transitar el camino de la capacitación y formación llevará mucho tiempo, porque implica desandar un recorrido histórico en el que nos han enseñado y hemos aprendido de un modelo que estableció profundas desigualdades estructurales y produjo violencias”, aseguró Analía Rach Quiroga

“Pero ante este escenario, estoy convencida de que, si contamos con las herramientas de información y formación necesarias, seremos capaces de identificar las desigualdades y comprender de qué estamos hablando, cuando hablamos de violencia de género y así podremos garantizar los derechos de los chaqueños y las chaqueñas”, remarcó.

Por su parte, Santiago Pérez Pons expresó su satisfacción por participar del taller y expresó que “cuando inicié la gestión vimos la necesidad de crear una Dirección especial que trabaje las desigualdades en el acceso al trabajo, al estudio y a lugares de toma de decisiones que se dan entre los géneros en nuestra provincia. Son situaciones que ya venían siendo trabajadas por la Vicegobernación y por la Secretaría de DDHH y Géneros, pero creímos imprescindible que desde el seno mismo del MPEI, donde se definen las pautas presupuestarias de las distintas políticas públicas, exista un área que no deje pasar detalles en la distribución equitativa de las oportunidades: desde una obra pública hasta un servicio con perspectiva de género”, remarcó el ministro.

Pérez Pons remarcó los cambios sociales que la nación y el mundo atraviesan en relación a la búsqueda de igualdad. “Hay mucho trabajo por hacer en este sentido, y como varones especialmente, tenemos mucho por aprender, sobre todo porque es tarea difícil despojarse de los privilegios que siempre hemos tenido. Así que con mucho gusto hoy participé de este taller, en el entendimiento de que en materia de género todos y todas estamos en un camino de aprendizaje permanente”, sintetizó. 

Mientras que para la secretaria de DDHH y Géneros, Silvana Pérez, fue importante destacar que “se organizó un taller presencial donde se vieron algunos contenidos de la capacitación total de la Ley Micaela como incentivo motivación y debate para que quienes forman parte del MPEI como funcionarios y empleados puedan y deban inscribirse en el curso de capacitación que tiene una determinada carga horaria, formación y trabajos específicos”, expresó. 

En este sentido Pérez agregó “me parece fundamental que, a través de la Dirección de Género y Diversidad, se esté dando impulso y difusión a una tarea tan importante en la transformación de la mirada de las políticas públicas para ir hacia una transversalización de la perspectiva de género. Nos parece fundamental que esta dirección esté motorizando y difundiendo la capacitación de ley Micaela”, concluyó.

En su oportunidad, la Jefa de Gabinete de MPEI, interpeló a los y las presentes con un interrogante: “¿por qué estamos haciendo todo esto? Es muy importante saber de dónde venimos para también entender el valor que tiene para toda nuestra sociedad la Ley Micaela. Ella era militante política del movimiento Evita y, como tantas otras chicas y chicos, creía en la política como herramienta para transformar la realidad”, anticipó. 

“Su femicidio fue en 2017, hoy una forma de transitar el dolor que nos transmite recordarla, es reivindicando su nombre y poniendo una parte de todos para construir una sociedad en la que nadie se sienta incómodo cuando hablemos de violencias. Y como trabajadoras y trabajadores del estado tenemos una obligación aún más importante, la de poder detectar casos antes que sea tarde o mismo que las mujeres sientan que tienen una red de contención a la hora de hablar o de contar alguna situación por la que estén pasando”, enfatizó Quaglia.

“La Ley Micaela no es sólo una capacitación, sino que es la determinación política de trabajar una sociedad, una provincia y un país más justo para todas y todos, donde no haya tabúes ni incomodidades a la hora de hablar de esta dolorosa problemática que atraviesan cientos y miles de mujeres”, finalizó la funcionaria. 

Revertir las dolorosas cifras de desigualdad

Para dar a conocer los avances de la Dirección a su cargo, Iara Tejeda Martinez, dijo que “La brecha económica existente entre las chaqueñas y los chaqueños no puede esperar. Sólo adoptando la dimensión de género en la economía como una herramienta transformadora para la igualdad, podremos tener una provincia más justa. En Chaco ya comenzamos a implementar herramientas de análisis, medición, comprensión y diseño de estrategias de manera transversal y coordinada con todas las áreas del Gobierno. Es por eso, que hoy adelantamos los ejes del documento sobre ese relevamiento, que plasma la situación de disparidad actual, en nuestra provincia”, enfatizó. 

En ese sentido, Tejeda Martínez fue tajante sobre la urgencia que requiere trabajar, desde las políticas económicas para combatir esa desigualdad, al resaltar que es necesario “revertir las dolorosas cifras de desigualdad en ingresos, la carga dispar en el trabajo doméstico y los altos niveles de desempleo y precarización laboral de las mujeres y personas LGTBIQ+ , como una tarea que nos convoca a trabajar unidos y unidas”. 

Objetivos y alcances de las capacitaciones

La ley nacional 27.499 busca que, a través de procesos de formación integral, se aporte a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación. 

En ese sentido, la provincia del Chaco mediante un trabajo articulado con la Unidad de Políticas para la Igualdad de la Vicegobernación y el IPAP, ha dado inicio a la capacitación obligatoria desde marzo del 2020, con un total de 600 agentes capacitados en la temática durante su primer año de implementación. 

Al año 2021, la capacitación obligatoria brindada por el IPAP lleva un total de 18 comisiones de 45 personas en ejecución y 9 comisiones a iniciarse el 19 de mayo. Lo que hace a más de 1200 agentes inscriptos, de diferentes áreas del ejecutivo provincial como de los municipios de la provincia, en la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres. 

Mediante las capacitaciones obligatorias se busca transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación que aún persisten entre los géneros, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. 

Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado. De esta manera, con la puesta en marcha de esta ley, se ha institucionalizado la perspectiva de género tornándose inadmisible que un funcionario, funcionaria, juez, jueza, empleado o empleada estatal, fuerzas policiales, legisladores y legisladoras, entre otros/as, reproduzcan estereotipos de género y operen con desconocimiento, impericia, negligencia, omisión y actos revictimizantes ante un caso de violencias por razones de género.

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