Senado de la Nación: El Consenso Fiscal logró el aval
en comisión y será llevado al recinto la semana próxima. El acuerdo otorga $ 70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda púbica y suspende los procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El Senado buscará sancionar la semana próxima el proyecto de ratificación del Consenso Fiscal 2020, que recibió este miércoles dictamen favorable en comisión y otorga $ 70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda púbica y suspende los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal.
El acuerdo fiscal suscripto por el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales el 4 de diciembre pasado, en un acto que se realizó en la Casa Rosada, será incluido en el temario de convocatoria al período de sesiones extraordinarias, que quedará abierto mañana cuando los senadores debatan una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor.
Todas las provincias firmaron el convenio, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables, tampoco adhirió a la norma por decisión del jefe del distrito, Horacio Rodríguez Larreta.
En una videoconferencia que se realizó este miércoles en la Comisión de Presupuesto, el presidente del cuerpo, Carlos Caserio (Frente de Todos), destacó que «el consenso es una herramienta muy importante en un año que seguirá siendo duro», y resaltó la importancia del fortalecimiento de la interrelación Provincias-Nación.
Caserio también puso de relieve que el acuerdo contempla la posibilidad de que «las alícuotas tengan un máximo» y señaló que «es una limitación a lo que cada provincia puede hacer».
«Hay una serie de normas por las cuales se busca mayor consenso administrativo para ir ajustando la recaudación nacional y provincial», subrayó.
El jefe de la bancada del oficialismo, José Mayans, dijo por su parte que su bloque acompaña la norma porque la meta debe ser lograr «una coordinación entre el gobierno nacional y las provincias».
«Estos pactos tienden a resolver los problemas fiscales que tiene el país».Senador Mayans
Mayans remarcó finalmente que «el tema central es cómo se conseguirá estabilizar las cuentas públicas tanto a nivel nacional como provincial».
Desde el radicalismo, el senador nacional Victor Zimmermann (Chaco) manifestó su «preocupación» porque en el texto, dijo, «no hay ninguna recomendación respecto al comportamiento del gasto».
«Es importante hablar de la calidad del gasto e inclusive hacer algunas recomendaciones para seguir fortaleciendo el sistema sanitario», consideró.
Por su parte, el senador Julio Martínez (UCR La Rioja), dijo que «durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos las provincias tuvieron superávit. Cuando asumimos había 14 provincias que no podían pagar aguinaldos y 17 en déficit, y cuando terminamos el gobierno la mayoría estaba en equilibrio», y cuestionó a las diferentes gestiones por «asfixiar» a los municipios, como la capital riojana.
El acuerdo fiscal establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera, respecto de los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, o con acreedores institucionales siempre que estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
Otro punto central del acuerdo estará vinculado con las demandas judiciales, y establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
La velocidad de esa recuperación dependerá de la normalización de las regulaciones en el mercado de trabajo, así como de incentivos concretos a la inversión, el crédito y una disminución de la presión fiscal al sector formal de la economía.
