Cristina Kirchner y Sergio Massa recibieron el primer informe semestral del organismo.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, entregó a la titular de la Cámara de Senadores, Cristina Kirchner, y al presidente de Cámara de Diputados, Sergio Massa, el primer informe semestral de fiscalización y seguimiento de la Dirección de Asistencia judicial en Delitos complejos y Crimen Organizado, D.A.Ju.De.C.O, en el que se detectaron una serie de irregularidades en el armado de causas judiciales. 

El titular de la Bicameral Leopoldo Moreau describió como «una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria» el accionar de la D.A.Ju.De.C.O –que por decreto del entonces presidente Mauricio Macri quedó en manos de la Corte Suprema– debido a la comisión de «irregularidades muy severas que afectaron la intimidad de las personas, a través de escuchas ilegales y filtraciones a los medios, y sus derechos y garantías más básicos» y calificó la creación del oficina de escuchas en manos del máximo tribunal como el intento de «establecer un terrorismo judicial». 

El informe entregado a los titulares de ambas cámaras del Congreso contiene el análisis de 20 de las 55 precausas creadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en tiempos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y las filtraciones de escuchas de tres casos en particular a partir de causas judiciales y precausas: las conversaciones entre Parrilli y CFK, los diálogos privados de exfuncionarios presos en el penal de Ezeiza tomados de los teléfonos públicos –conocida como “Operación puf”– y pinchaduras a los teléfono de familiares de Santiago Maldonado.

Moreau adelantó que en marzo se presentará un segundo informe semestral que demostrará la organización de «un plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política». 

Además, el titular de la Comisión Bicameral, que ayer dio dictamen al informe y comenzó a hacerlo público, tal como adelantó PáginaI12, señaló que en las últimas 24 horas el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, respondió a un pedido hecho hace tres meses, respecto de una de las irregularidades detectadas: la creación de comités de evaluación para designar a los peritos de las causas, que podían ser cambiados «a sola firma» del titular del máximo tribunal.   

El informe fue elaborado por una subcomisión de la Bicameral, integrada por los diputados Rodolfo Tahilade (Frente de Todos) y José Cano (Juntos por el Cambio) y el senador Claudio Doñate (Frente de Todos), quienes mantuvieron reuniones con los funcionarios judiciales y examinaron infinidad de documentos, normativas y decisiones administrativas de ese Organismo. Entre ellas la solicitud a los juzgados federales de todas las causas en las que estuvo involucrada la AFI.

En virtud de la profundidad del informe elaborado, Moreau señaló que «no se trata de una trabajo literario, se trata de un trabajo científico» y destacó que «es un informe técnico que contó con el aval de la totalidad de los miembros de la comisión; muy pocos legisladores de la oposición hicieron observaciones pero solo al dictamen». 

Al realizar un anticipo del informe a los titulares de las cámaras, Moreau no solo apuntó las irregularidades en la actuación de la D.A.Ju.De.C.O sino también en su propia conformación, a partir de un DNU presidencial, a pocos días de la asunción de Mauricio Macri, y que fue aceptado de forma exprés por la Corte. 

Y, a partir de allí, el presidente de la Bicameral enumeró varias irregularidades cometidas por el máximo tribunal, entre ellas la propia designación del titular de la oficina, Martín Irurzun.  «Ni el organismo, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pudieron entregar a la Bicameral el acta de sorteo con la que se definió el cargo», denunció. 

Moreau agregó que la creación de las comisiones evaluadoras para la designación de peritos especializados en Casos de Corrupción y en Delitos contra la Administración Pública eran elegidas a discrecionalidad. «Algunas de esas designaciones fueron a la sola firma del entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti», añadió Moreau en referencia al entonces titular de la Corte. 

Tras la exposición de Moreau tomó la palabra el senador Oscar Parrilli, integrante de la Bicameral y uno de los afectados por el funcionamiento de la D.A.Ju.De.C.O, quien aseguró que si el actual gobierno presentara «un proyecto con esta estructura de organización, nos calificarían de estar creando una Gestapo judicial».

«Fue claramente la creación de un organismo para hacer espionaje», aseguró Parrilli y resaltó que no se trató solo de irregularidades cometidas por la Corte Suprema sino también del Poder Ejecutivo, a partir de la «connivencia y participación de funcionarios responsables como Arribas, Majdalani, y los ministros de Justicia, Germán Garavano, y Seguridad, Patricia Bullrich».