El aporte de las grandes fortunas ya es ley
El Senado sancionó el proyecto con 42 votos a favor y 26 en contra.
Más temprano la Cámara alta sancionó la iniciativa que prohíbe la venta de tierras incendiadas, convertida en ley por 41 votos a favor y 28 en contra. Juntos por el Cambio se opuso a las dos normas impulsadas por el oficialismo.
En una sesión relativamente corta, el Senado sancionó la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. El Frente de Todos cosechó 42 votos positivos frente a los 26 que colectó Juntos por el Cambio. De esta manera, el Gobierno nacional estará en condiciones de recaudar 300 mil millones de pesos que deberán ser volcados a planes productivos y sanitarios.
La iniciativa prevé el cobro de 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevará al 2,25 por ciento en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25 por ciento para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5 por ciento.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, fue el encargado de brindar los detalles de los alcances de la norma que busca paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. En ese sentido, el senador cordobés dijo que va a generar un “gran impulso” económico en Argentina. “Esta ley y estos recursos van a ser un gran impulso para la Argentina”, señaló y agregó que “es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional” y remarcó que el país está “saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas».
«Este aporte que solicitamos es para ayudarnos a recuperar de la pandemia”, insistió y agregó que “el Estado es una herramienta fundamental”. En ese sentido, afirmó que “si el Estado no hubiese puesto el ATP, habría empresas que no le podían pagar a sus trabajadores”.
Por otro lado, remarcó que el aporte “es obligatorio, porque es por ley, pero lo solicitamos de buen modo”. “Les pedimos a los que más tienen un aporte solidario”, aseveró y luego indicó que la medida alcanzará a “diez mil o doce mil contribuyentes”.
El primer opositor en hablar fue el senador Martín Lousteau, quien consideró que la presión tributaria en la Argentina “no va a generar trabajo” y agregó que “esta ley no es un aporte, es un impuesto”, al aseverar que “no existe tributariamente la palabra ‘aporte’ salvo para el sistema de seguridad social”.
“Si este es un impuesto extraordinario por única vez, no entiendo cómo vamos a seguir financiando las cosas que están listadas en la ley que realmente importan”, agregó. En ese sentido, añadió que “cada vez que el Estado quiere gastar más, crea un impuesto” y, como es habitual en sus discursos, se preguntó si “¿no podríamos mejorar la gestión?”.
Además, Lousteau cuestionó el número de aportantes obligados por la ley: “¿Sólo diez mil casas que valen un millón de dólares? Hagan bien los cálculos, muchachos. O mejoren la AFIP”, dijo para luego definir su condición de representante del neoliberalismo al señalar que la Argentina «tiene pobreza récord. Con más de este Estado no vamos a salir de la pobreza. Es el Estado, no la solidaridad. Para eso hay que construir un buen Estado con un nivel de gasto adecuado”, sentenció.
El resto de los opositores se concentró en repetir que el incremento de impuesto ahuyenta las inversiones y que el aporte extraordinario va en ese sentido.
«No estamos castigando a nadie, en realidad estamos poniendo un tributo extraordinario a los privilegiados, no todos, pero mucho de esos son privilegiados. Entonces, me parece justo, necesario y ético porque en esta circunstancia los que más deben aportar son los que más beneficios tuvieron en la actividad económica argentina», indicó el peronista Oscar Parrilli.
El salteño y experonista Juan Carlos Romero dijo que se oponía a la ley y, sorpresivamente, aseguró que no lo hacía en defensa de los empresarios y menos de sus patrimonios. La fortuna de los Romero en Salta es una de las más importantes y tal vez por eso consideró que la norma tiene un trasfondo de «venganza».
Romero no se salió un milímetro del reiterado discurso opositor a acusar al Gobierno de quitarle dinero a un sector para beneficiar a otro. En ese sentido puso como ejemplo la corrección de los fondos para el traspado de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires: «Lo están poniendo en práctica acá para darle a los más pobres», dijo sin sonrojarse. Luego aclaró que eso no es jusitica sino revancha. Eso sí, nada dijo del decreto por el cual el entonces presidente Macri le quitó dinero a las provincias, incluso a la suya, para dársela a CABA.
El último opositor en hablar fue el radical formoseño Luis Naidenoff no se diferenció de sus compañeros de bancada. Criticó el aporte solidario porque dijo que es la salida que encontró el oficialismo a los problemas que generó el Gobierno al extender la cuarentena. Como al pasar, reconoció que hay una herencia pero no profundizó ni intentó hacerse cargo de esa crisis que provocó el gobierno de Macri que el senador integró.
Naidenoff aseguró que el proyecto del oficialismo sólo busca «tapar el ajuste o de lo contrario lo hubieran tratado antes y no a esta altura del año». Luego comparó esta norma con la resolución 125 al equivocar la caracterización del sujeto al que afecta: «Lo están haciendo con la gente de las grandes fortunas. Con este importe de 200 millones de pesos, con la brecha del tipo de cambio y al no incluir el pasivo, están afectando a muchos tipos que empujan en serio, que traccionan y generan enriquecimiento en los pueblos. No se va contra los fondos en el exterior sino con los que están en concursos porque no se considera el pasivo. Es un error político. Esto es una traba a la producción».
Por último, la senadora Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de cerrar el debate. La mendocina destacó cómo la oposición se mostró muy preocupada en defender a los ricos. «En ningún momento hablaron del interés de la mayoría argentina. Estamos en crisis por la pandemia mundial pero también la Argentina tuvo que afrontar esta crisis con una economía híperendeudada con 55 por ciento de inflación, caída del PBI, pérdica de empleo, cierre de Pymes. En ese contexto surge este aporte solidario», indicó.
Fernández Sagasti le recordó a los opositores que el Gobierno primero tuvo que darle «sustentabilidad a la deuda pública que la oposición nos dejó como herencia para todos los argentinos. Luego se paliaron los efectos inmediatos de la pandemia, invirtiendo en hospitales, insumos, plus a los trabajadores de la salud, ayudas a las empresas. Acá nos tildan de antiproductivistas, pero nos ocupamos de los trabajadores de las empresas y a los trabajadores no registrados y desocupados. Finalmente nos pusimos a trabajar en la vacuna al involucrarnos en cada uno de los proyectos que había en el mundo para ser uno de los primeros países en tener la vacuna. También pensamos en la pospandemia y eso está expresado en el presupuesto. En ese marco decidimos invertir en salario, consumo y no en los intereses de la deuda que ustedes nos heredaron», afirmó.
«Hay que desmitificar ciertas zonceras que se repiten en este recinto como si fueran verdaderas. No pueden decirnos por qué defienden el bolsillo de un puñado de multimillonarios», indicó para luego detallar a quiénes alcanza este aporte solidario: «Los que pagarán son unos 9300 personas humanas y no lo pagan las empresas sino los contribuyentes que tienen grandes fortunas, sobre todo en el exterior».
La senadora por Mendoza señaló que de ese universo hay 2800 que tienen un patrimonio entre 200 y 300 millones de pesos y pagarán un promedio de 6 millones de pesos cada uno. Pero además destacó que hay 256 contribuyente con patrimonio de más de 3 mil millones de pesos que representa el 0,00056 por ciento de la población que aportará casi la mitad de lo que se recuadará con el aporte extraordinario. La mayoría de esas fortunas se encuentran en depósitos, títulos, acciones y sobre todo, están en el exterior. Para los que hablan del campo, ninguno tendrá que vender nada, ni los campos, porque de los 9300 contribuyentes los campos representan el 2,7 por ciento de sus patrimonios», dijo y luego se fue a votar.
El resultado fue 42 votos a favor, entre los que figuraron los de Carlos Menem y el puntado Adolfo Rodríguez Saá, y 26 en contra donde apareció el voto de dos experonistas, el salteño Romero y el santafesino Carlos Reutemann.
