Sin la red de protección estatal la pobreza hubiese sido mucho más elevada

Informe de la UCA sobre la delicada situación social durante la pandemia

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que sin las transferencias económicas del Gobierno a los hogares, los números de pobreza e indigencia hubieran ascendido a 53,1 y 27,9 por ciento, respectivamente.

Hay distintas formas de medir la pobreza. La oficial, que cuenta con más consensos a nivel internacional, es hacerlo por nivel de ingresos. De acuerdo a esta medición, la población bajo la línea de pobreza aumentó de 40,8 a 44,2 por ciento y los indigentes pasaron de 8,9 a 10,1 por ciento entre julio y octubre de 2019 y 2020.  Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimaron que sin las transferencias económicas del gobierno a los hogares, los números ascenderían a 53,1 y 27,9 por ciento, respectivamente. 

Sin embargo, la medición de pobreza incluye otro tipo de privaciones que van más allá de las monetarias de los ingresos del hogar: entre 2018 y 2019 la población que registra una pobreza estructural multidimensional (en ingresos y en tres o más carencias), aumentó de 21,4 a 27,3 por ciento. «Desde la UCA respetamos y reconocemos que el dato oficial de pobreza es el Indec, pero creemos que la medición de la pobreza por ingreso es necesaria pero insuficiente para evaluar las pobrezas estructurales que tiene la población y los hogares del país», señala Agustín Salvio, el director del Observatorio durante la presentación del informe, y agrega que hay distintas dimensiones que difícilmente pueden ser identificadas por el nivel de ingresos y la UCA intenta abordar. 

Las carencias a las que mide la UCA como no monetarias son manifestaciones asociadas a la pobreza, tales como la inseguridad alimentaria (familias que redujeron involuntariamente la porción de comida), la falta de vivienda digna por vivir en condiciones de hacinamiento o sin inodoro, educación, salud, la discriminación y la falta de un empleo legal y decente, entre otras carencias que no siempre ni necesariamente pueden ser resueltas a través de ingresos.

Más desigualdad

El porcentaje de hogares afectado por al menos una carencia se mantiene estable desde 2016 después del incremento experimentado ese año en el que se pasó de un 64 a un 66 de los hogares afectados. Los hogares en situaciones de mayor vulneración, los que presentaban tres carencias o más se incrementaron en el último año llegando a un 28,5 por ciento en 2020. Esto revela una profundización de las brechas de desigualdad entre hogares y significa un fuerte incremento de la pobreza estructural que, tal como se mencionó anteriormente, pasó de 21,4 a 27,3 por ciento a nivel de la población.

La correlación entre la evolución de las privaciones no monetarias y la pobreza por ingresos, se observa en mayor medida en el análisis a nivel de población y no en hogares, donde influyen más este tipo de características no monetarias.  

En general los indicadores basados en carencia por derechos no fueron sensibles al impacto covid porque miden situaciones más estructurales, por lo que su efecto estará en el mediano o lago plazo. Sin embargo, algunos aspectos a destacar en la evolución interanual de las carencias no monetarias es el salto de 9,3 a 10,4 por ciento de las personas que tuvieron que reducir su porción de alimento o sufrieron hambre en repetidas ocasiones. La dificultad de acceso a la atención médica aumentó poco porque porque hubo crisis de oferta: de hecho se redujo el porcentaje de personas que no podían acceder a los medicamentos (en 2019 eran el 23,6 por ciento de las personas encuestadas y en 2020 el número bajó a 21,8 por ciento). Asimismo, hubo una reducción del déficit de la vivienda digna de 26,2 a 24,2 por ciento de la población «por la construcción de viviendas precarias y por autoconstrucción gracias al confinamiento», explica Salvio. 

Empleo

Entre 2019 y 2020 en gran parte por el efecto de la pandemia y de la cuarentena, disminuyó la participación de la población en el mercado de trabajo y la cantidad de puestos de trabajo disponibles. La tasa de desocupación se incrementó de 10,6 a 14,2 por ciento.

Además, la UCA registró un cambio en la calidad de empleo en el período, que también afectó más a los más vulnerables. El 74,1 por ciento de la personas con empleo pleno en 2019 pudo sostener su trabajo en iguales condiciones en 2020, aunque un 18,6 por ciento consiguieron un empleo precario y el 6,1 por ciento quedó desempleado. De aquellos que tenían un empleo precario en 2019, la mitad siguió manteniendo esa modalidad, mientras que un 14 por ciento quedó desempleada (el doble que los que contaban con empleo pleno), y un 24 por ciento consiguió un empleo pleno. Los números duelen más en el caso del impacto de la pandemia en los desempleados en 2019: el 26,5 por ciento mantuvo su condición, un tercio consiguió un empleo precario, otro tercio changas y apenas el 7,6 por ciento consiguieron un empleo pleno. 

La clásica: pobreza por ingresos

Bajo el escenario de crisis, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro con efectos regresivos sobre la pobreza y la indigencia. El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social.

Según los datos de la EDSA Agenda para la Equidad, entre julio y octubre de 2020 se estima que el 7,3 por ciento de los hogares y 10 por ciento de las personas son indigentes: se trata de los valores más altos de la década. La tasa de pobreza fue de 34,9 por ciento en hogares y 44,2 en personas, también el registro más alto observado en la actual década. 

La pobreza monetaria concentra sus efectos en la población localizada en el Conurbano Bonaerense y que pertenecen a hogares del estrato trabajador marginal, de niveles socio económicos muy bajo, conducidos por personas que afrontan coyunturas de desocupación o subempleo. Además, la presencia de niñas/os en el hogar se asocia con factores estructurales que también refuerzan la caída en la pobreza o la indigencia. 

Alcance de las ayudas económicas

«La mayor parte de las medidas de gobierno adoptadas buscaron reducir los efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social habría sido más grave. Sin embargo, cabe destacar que no hay posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha un plan de reactivación del mercado interno, tanto formal como informal», asegura el informe que calculó que el 55,5 por ciento de las personas recibe ayuda económica del Estado, más de diez puntos porcentuales por encima de 2019 que eran 43,8 por ciento. Si no hubiesen existido estas ayudas, la UCA calcula que la tasa de pobreza hubiese sido de 53,1 por ciento en vez del 44,2 por ciento observado en personas: y la indigencia de 27,9 por ciento en vez del 10 por ciento.