Juicio de la Obra Pública: Un testimonio que demuestra la persecución política

Declaró un auditor de Vialidad que el macrismo usó para denunciar a Cristina Kirchner.

Marcelo Bianchi es el titular de la Unidad de Auditoría Interna de Vialidad Nacional. Relató cómo Javier Iguacel presionó para tener el informe rápido y solo sobre Santa Cruz y que a pesar de que el estudio no mostraba irregularidades lo usaron para perseguir políticamente a la expresidenta y exfuncionarios de su gobierno.Por Raúl Kollmann

Los testigos pasan y la acusación se debilita. Así sucede en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, eje fundamental de las imputaciones contra Cristina Fernández de Kirchner. Este martes pasado declaró el contador Marcelo Bianchi, quien fue y es titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que firmó el estudio que luego utilizó el interventor del macrismo, Javier Iguacel, para hacer la denuncia contra CFK y una gran cantidad de funcionarios de su gobierno. Bianchi dijo que no encontró grandes anomalías, que los controles eran “razonables”, que no analizaron sobreprecios, que las obras se atrasaban y se siguen atrasando en todo el país y que nunca le dijeron que el trabajo que firmó se iba a usar para hacer una denuncia. «Cuando terminamos el estudio pensé que a Iguacel no le iban a gustar las conclusiones, pero no me dijeron nada», acotó el contador. Es que el informe concluye que no había graves irregularidades ni en las rutas construidas en Santa Cruz ni en la adjudicación de obras a las empresas de Lázaro Báez. Pese a lo que decía la auditoría, el macrismo igual hizo una denuncia ampulosa y mediática.

La audiencia, como todas, fue presidida por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu del Tribunal Oral Federal 2 y se extendió a los largo de casi seis horas. El testigo Bianchi era de máxima importancia porque, junto a dos ingenieros, firmó el informe de auditoría que el macrismo ordenó el 16 de enero de 2016. “Nunca, en todos los años que llevo trabajando en DNV me pidieron un informe en 15 días y un informe limitado a un solo distrito, el 23, Santa Cruz”, dijo Bianchi. De esa manera, quedó claro el direccionamiento de lo que hizo el macrismo desde el primer día: Iguacel asumió el 15 de enero de 2016 y al día siguiente, con su resolución número 1, ordenó el estudio, no en todas las provincias, sino en una sola: Santa Cruz. El objetivo era el kirchnerismo

Pero, además, el contador Bianchi ratificó lo que se firmó en aquel informe: que no existían grandes anomalías en los 2.000 kilómetros de rutas analizadas. Uno de los temas centrales fue el atraso en las obras de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. El contador puso como ejemplo lo que sucede con el Camino del Buen Ayre, en la Provincia de Buenos Aires, que ya lleva diez años de obras pero que en muchos tramos depende de la liberación de la traza, es decir de las expropiaciones de los terrenos. Bianchi ratificó que las obras en todo el país suelen rediseñarse y se atrasan, en especial en la Patagonia por la veda invernal por el frio. Hay un elemento adicional no mencionado pero que está tácito: a las constructoras no les convenían las demoras. Sucede que el cálculo del valor de las obras se actualizaba por los índices del Indec que en aquella época estaban visiblemente atrasados respecto de la realidad. También los atrasos inmovilizaban personal y maquinaria, antes y ahora.

Quedó claro en el testimonio, como también es nítido en el informe firmado por Bianchi y dos ingenieros, que no se hicieron pagos sin certificados de obra, es decir que se pagó sólo lo que había sido construido. «¿Existía la posibilidad de certificados de obra falso?, le preguntaron. «No, de ninguna manera», respondió Bianchi. El contador sí  dejó entrever que Austral lograba cobrar antes que otras empresas, pero que la concentración de obras que se dio en Santa Cruz, con mayoría de licitaciones ganadas por las constructoras de Báez, se daba también en otras provincias. Las empresas radicadas en un distrito tienen la ventaja de ser locales, tener el personal en la zona, las maquinarias en el lugar y el know how imprescindible en territorios complicados como los del sur. Por eso presentan propuestas con valores más bajos.

“Nosotros hicimos un informe favorable, con salvedades. Vimos un control razonable, aceptable. Yo cuando leo lo que entregamos pienso que debimos tener más tiempo, porque lo que falta en ese informe es una comparación con otros distritos. Pero lo querían en 15 días”, redondeó Bianchi, dando a entender que en Santa Cruz las rutas se construían con parámetros normales parecidos a los de las demás provincias.

Con su relato de cómo le pidieron el informe, en 15 días y sólo en Santa Cruz, el contador dejó flotando otra vez que el objetivo del macrismo no era saber si las rutas en la Argentina se estaban construyendo bien o mal, sino que el objetivo fue la persecución política. De esa manera, Bianchi terminó siendo otro testigo favorable a las defensas y perjudicial para la acusación.