Chile votó por enterrar la Constitución de Pinochet
La opción «Apruebo» arrasó en el histórico plebiscito.
La ciudadanía chilena decidió poner fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la dictadura. El estallido social del año pasado fue decisivo para este proceso constitucional.
Desde Santiago de Chile
Aunque todos los sondeos vaticinaron el triunfo de la opción “Apruebo”, ninguno previó una cifra tan espectacular: 78,20 por ciento frente al 21,80, con el 86 por ciento de las mesas computadas, con lo que se abre el tan ansiado proceso de cambiar la Constitución de 1980 elaborada por la dictadura de Pinochet y que aún rige a Chile, con modificaciones que apuntan más a quitar lo “militar” pero manteniendo un modelo económico que beneficia a las empresas en contra de la ciudadanía. También arrasó la opción Convención Constitucional (79,10 por ciento) frente a la Mixta (20,90), la que obligará a conformar un equipo para redactarla, de 155 miembros elegidos por voto popular y con paridad de género frente la segunda opción que buscaba incluir un 50 por ciento de parlamentarios en ejercicio.
Desde las 20:00 de este domingo sectores como Plaza Baquedano/Italia —rebautizada como “Plaza de la Dignidad”— comenzaron a llenarse de personas, incluidas familias donde destacaban cánticos como “El pueblo unido jamás será vencido” y la bandera mapuche, símbolo del movimiento social que generó todo este movimiento, mientras las Fuerzas Especiales se mantuvieron a distancia en una celebración totalmente pacífica.
Quizá por primera vez desde la pandemia, se podía percibir cierta alegría en las personas. El sol primaveral, la sensación de estar haciendo historia en las nuevas generaciones y cierto recuerdo del plebiscito de 1988 donde el “No” derrotó a Pinochet generó un ambiente sin mayores perturbaciones. En los colegios de Santiago Centro donde se votaba, se veía mucho joven y adulto mayor y hasta los policías y militares que controlaban estos locales de votación saludaban a las personas, en una postal francamente sorprendente.
Piñera: “Ha triunfado la democracia»
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros dio un discurso por TV a las 21:20 (misma hora que en Argentina). “Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo una Convención Constituyente, que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una Nueva Constitución para Chile”.
Mientras miles de personas llegaban a la zona de Plaza Baquedano/Italia/Dignidad y en el centro de Santiago se escuchaban aplausos, bocinazos y gritos, tal como si fuera la final de un mundial, Piñera continuó: “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo de todos los chilenos (…) El comienzo de un camino, que juntos, todos, deberemos recorrer. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la Nueva Constitución sea el gran marco de unidad y se constituya en la casa de todos”.
Y finalizó: “Hoy es tiempo de sanar las heridas del pasado, unir voluntades y levantar con generosidad la vista hacia el futuro. Agradezco a todos los que contribuyeron a un plebiscito constitucional que nos enorgullece y a los millones de ciudadanos, en Chile y en el extranjero, que cumplieron con su deber cívico (…) Como siempre lo hemos hecho, una vez más nos pondremos de pie. Todos sabemos que para avanzar juntos no debemos dejar a nadie atrás”.
Parecía el final, pero es solo el principio
Este plebiscito, acordado el 15 de noviembre en una maratónica sesión en el Congreso tras semanas de paros, movilizaciones y cabildos auto convocados, se conoce como “de entrada”. Lo que viene son las elecciones de los ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente el 11 de abril de 2021. Luego vendrá la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente habrá un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022.
El profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica e investigador COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social), Manuel Gárate tiene muy claro lo que se viene: “Los mayores problemas y desafíos, a mi parecer, están en el exceso de expectativas sobre los cambios a venir. Nos espera un largo proceso deliberativo no exento de conflictos y tensiones. La cláusula de aprobación de dos tercios (por cada artículo de la Constitución) obligará a l@s constituyentes a llegar a acuerdos y a negociar largamente”.
El historiador cree que habrá un periodo importante donde la convención deberá ponerse de acuerdo sobre sus reglas de funcionamiento, y que suele ser un momento tenso, largo, pero necesario. “Entonces es importante que las autoridades democráticas, los partidos, y otras organizaciones de la sociedad civil hagan una amplia pedagogía para explicar qué se puede esperar y qué no de un proceso constituyente. La movilización y la protesta social seguramente continuarán, aunque quizás con menos fuerza que en 2019. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad importante en proteger el proceso y evitar los excesos de cualquiera de los extremos y no aprovechar la situación para imponer una agenda propia o un pre-proyecto constitucional. También deberá encuadrar y regular muy bien la acción de la policía y evitar los abusos que vimos durante los últimos meses”.
El cientista político e investigador de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes advierte que hay que tomar en cuenta el multipartidismo del sistema político chileno. “No hay mayoría absoluta de una sola tendencia. El gran desafío va a ser establecer mínimos constitucionales básicos para llegar a un acuerdo que, según la norma requiere dos tercios. Por lo tanto, necesitas acuerdos de distintas fuerzas políticas para un mínimo constitucional.
El segundo desafío para Fuentes es que, independiente del proceso, “hay una demanda ciudadana por participar, por ser protagonistas de esta transformación”. “Hay que ver como las élites, que estarán en la Convención Constituyente serán capaces de abrirse para incluir distintos actores y agentes sociales, mecanismos de participación no vinculantes, cabildos, etcétera. Esto requiere una convención abierta, si no será percibida como un acuerdo cupular”.
La calle fue decisiva
Hace exactamente un año, más de un millón de personas repletó las calles de Santiago pero también el resto de Chile popularizando frases como “Con todo ¿sino pa’qué?” o “No fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Está última en relación al alza del precio del metro que generó una serie de manifestaciones lideradas por escolares que comenzaron a evadir el boleto del metro (subte) capitalino en lo que sería el comienzo del “Estallido Social” del 18 de octubre.
Esto generó una desproporcionada represión policial contra los chicos, pero también el apoyo de los adultos que terminó con bombas lacrimógenas, estaciones incendiadas y la declaración de Estado de Emergencia,dejando 31 muertos, 500 chicos mutilados en los ojos (la policía disparaba balines a la cara) junto a más de 5.558 personas denunciando violación de derechos humanos
“La calle fue decisiva. Sin eso no hubiera pasado nada”, explica el profesor de derecho de la U. de Chile y presidente del movimiento Fuerzo Común, Fernando Atria. “El proceso constituyente fue abierto por la movilización popular, eso está clarísimo. La clase política lo acepta a regañadientes, atribuyéndose un rol más importante del que tienen en realidad”.
“Los sectores políticos no están muy conscientes del rol que cumple la protesta y el movimiento social en el proceso” agrega Fuentes. “La Convención Constituyente busca abrirse a mecanismos de participación más inclusivos: paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, participación de independientes. Pero ha costado mucho, porque es una idea que va a contrapelo de las elites, que no quieren ceder poder. Es una historia conocida en América Latina. Esta tensión requiere ser resuelta”.
Gárate recuerda que ya desde 2006 con la llamada “revolución pingüina” —término que alude popularmente al uniforme de colegios públicos— y el movimiento estudiantil de 2011, la protesta y el malestar se intensificaron fuertemente. “La protesta y el malestar siguieron por años con reventones sociales esporádicos en todo el país, pero la olla seguía juntando presión. El sistema político, en general, no fue capaz de resolver esas demandas o bien fueron bloqueadas o dilatadas por la oposición como le ocurrió al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, la protesta social, sobre todo desde el año pasado, obligó a la clase política a mirar de frente los problemas de Chile y terminar con el discurso complaciente de los últimos 20 años, que nos hablaba de los éxitos y el desarrollo del país, mientras se acumulaba un enorme malestar y frustración por el costo de la vida y el endeudamiento endémico que promueve y alienta nuestro modelo de desarrollo”.
Y agrega: “La clase política ha sido reactiva; logró un acuerdo importante el 15 de noviembre pasado, pero «in extremis». Creo que aún no dimensiona la magnitud del malestar social y tratan de sacar ventaja en una óptica de corto plazo. Es fundamental para evitar la reversión autoritaria que la llamada clase política se abra a una participación diversa de las y los chilenos que no son militantes de partido, y comprender que el Chile de hoy es mucho más complejo que hace 30 años y exige más participación y una renovación de sus representantes. Sin la movilización ciudadana probablemente no habría pasado nada de lo que estamos viendo en estos días. Nada nos asegura un éxito en el futuro proceso, pero se abrió un camino para superar la crisis social y política desatada el 18 de octubre pasado”.
Una Constitución al servicio del pinochetismo
La Constitución de 1980 mantiene una serie de bloqueos institucionales y políticos a cuestiones que la sociedad viene pidiendo hace años, explica Gárate. Una auténtica máquina legal al servicio de la elite pinochetista que incluye quórums supra mayoritarios en el Congreso que, incluso siendo aprobado cuenta con el Tribunal Constitucional que puede bloquear cualquier intento de cambio de temas como pensión, salud, educación, vivienda o el cuidado de la niñez. “Pero seguramente la necesidad del cambio constitucional tiene también un componente simbólico-político en el sentido de ponernos de acuerdo nuevamente sobre cómo diseñaremos el pacto social para los próximos 50 años y con la posibilidad histórica de hacerlo con paridad de género. Una constitución democrática probablemente no soluciona ningún problema en particular ni rápidamente (salvo el no menos importante de su legitimidad de origen), pero abre un camino más participativo para discutir, deliberar y hacer que la clase política esté en mayor sintonía con el electorado”, dice el académico.
Aunque tuvo modificaciones, siendo la más relevante la hecha por Ricardo Lagos en 2005, los cambios señala Atria, “estaban más vinculados con la relación del poder civil y el militar, como por ejemplo, la restitución al presidente de la posibilidad de destituir a los comandantes de jefes de las FF.AA. Lo que no hizo fue cambiar la forma en que la Constitución le daba a la derecha, los herederos del proyecto político de la dictadura en relación al veto político”. Para el abogado —que desde 2009 ha estado impulsando en televisión y prensa la necesidad de cambiar la Carra Magna, “era un sistema electoral distorsionado en beneficio de la derecha, leyes orgánicas constitucionales que exigían quórums muy exagerados y Tribunal Constitucional con muchas facultades. Desde 2005 quedó claro que las reformas que se le podían hacen al texto constitucional no iban a solucionar el problema”.
Un escenario que tal como la pandemia, nadie hubiera imaginado hace un año.
