La imputación de Carlos Stornelli a Miriam Lewin
Los disparates del fiscal que no quiere que se analicen las fake news y los discursos de odio.
A partir de una denuncia de Juntos por el Cambio
En un insólito dictamen, el fiscal Carlos Stornelli dio curso a una denuncia de diputados de JxC y, sin producir pruebas, pidió la indagatoria de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por la decisión de crear un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales (Nodio). La acusación es por supuesta “censura previa” y ataque a la “libertad de expresión”, pero no detalla hechos ocurridos ni derechos afectados. Sólo se basa en la presentación, por parte de la Defensoría, de una línea de trabajo que busca mejorar el debate público, propiciar la información certera y la calidad democrática, sin controlar ni supervisar la tarea de prensa.
En un dictamen que dejó azorados a juristas y colegas, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, porque considera delictiva la decisión del organismo de presentar como nueva línea de trabajo un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales, llamado Nodio. El planteo de Stornelli está inspirado en la denuncia de un grupo de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, el mismo núcleo que intenta debilitar la causa por espionaje del macrismo que tramita en Lomas de Zamora y que –aunque parezca una paradoja– atacó con una denuncia penal a periodistas que informan sobre ella. Se basa, además, exclusivamente, en una comunicación de la Defensoría que explica que el objetivo del Observatorio es proteger a la ciudadanía de las “noticias falsas, maliciosas y falacias”. No alude a ningún hecho ocurrido ni derecho afectado. Stornelli plantea que en este anuncio hay un “posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público”, “censura previa” y de ataque a la “libertad de expresión”. La presentación, sobre la que deberá decidir la jueza María Eugenia Capuccheti, criminaliza y le imprime un cariz político a una discusión sobre la veracidad de la información y mensajes violentos que trasmiten los medios que atañe a fortaleza del sistema democrático.
El trabajo del Observatorio fue anunciado para el aniversario número 11 de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a modo de línea de trabajo e investigación, que sigue el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre los discursos de odio y también sus criterios sobre el problema de la desinformación. Esto incluye las recomendaciones de “reconocer, vigilar y analizar las tendencia relativas al discurso de odio y recopilar datos sobre ella”, así como la investigación que vincula la difusión de esos discursos por internet y redes sociales y los actos de violencia.
La presentación de Lewin en la que se basa Stornelli explicaba la complejidad que introduce la convivencia de “los medios convencionales y el mundo digital”, lo que “potencia la libertad de expresión” y “mejora los procesos democráticos” al tiempo que contribuye a “la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa”. Era taxativa, a su vez, en señalar que lo que propicia la Defensoría en función de los criterios internacionales son “iniciativas ciudadanas con espíritu no punitivo” que involucren a “periodistas, medios, plataformas digitales, verificadoras, universidades y organizaciones de la sociedad civil”.
Sin embargo, el fiscal Stornelli interpretó que existe “la aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas poiíticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales por cuestiones ideológicas u opinión política”.
Además de pedir la indagatoria, sin antes tramitar ninguna prueba, el fiscal le requiere a la jueza que dicte una media cautelar para “impedir la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio Nodio y que facilitara de esa forma la consolidación de posibles o mayores efectos dañinos”.
Lewin ya había explicado, cuando fue presentada la denuncia, que no hay ningún acto administrativo de por medio, que ni siquiera es que se crea un ente (también hay observatorio, por ejemplo, de discriminación) y que la Defensoría no ejercerá “control ni supervisión de la tarea de prensa”.
La mayor parte de las corrientes que trabajan –incluso desde el derecho– en estas problemáticas parte de que la existencia de observatorios que se ocupan de investigar y producir trabajos académicos no tienen bajo ningún punto de vista el objetivo de la persecución penal. Al revés, la existencia de observatorios y políticas públicas que se ocupen del análisis de los procesos de información y su veracidad se plantea como alternativa a la penalización de la libertad de expresión, para evitar que se persiga judicialmente a quienes pueden mentir, y aunque lo hagan. Son políticas que pretenden mejorar el debate público, propiciar la información certera y la calidad democrática.
Las preguntas del fiscal
Pero en su lectura particular y desconcertante, el fiscal Stornelli se hace preguntas que le transmite a la jueza, en un apartado destinado a “consideraciones finales”, como estas: “Una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese? ¿Será que algún o algunos trasnochados, nostálgicos del Medioevo, quieren avanzar sobre la libertad ambulatoria primero, la de expresión después y finalmente la del pensamiento? ¿Volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzanas? ¿Se castigará a la prensa, especialmente libre, otorgándosele a la esclava patente de corso?”.
En medio de esa sucesión de interrogantes, Stornelli se pone a sí mismo de ejemplo y dice: “Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo”. El fiscal, vale recordar, está procesado por asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa conocida como D’Alessiogate, en la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga una organización dedicada al espionaje ilegal, con agentes orgánicos e inorgánicos. Estuvo ocho meses en rebeldía sin presentarse a la declaración indagatoria. El juez incluso dijo que le correspondería prisión preventiva si no fuera porque tiene la protección de los fueros por su cargo. En el marco de ese expediente se descubrió que Stornelli hizo espiar al ex marido de su actual pareja, el piloto Jorge Castañón; incluso hay conversaciones donde el fiscal y el falso abogado Marcelo D’Alessio planean plantarle droga y hacerlo detener. Dos semanas atrás, el fiscal quedó en el foco de atención de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que pidió los registros “técnicos” (filmaciones o grabaciones) de las declaraciones de los “arrepentidos” de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que dispone la ley, pero que en este expediente no existen. La fiscal que tiene a cargo encarar el juicio oral, Fabiana León, confirmó que solo hay “legajos” digitalizados. Casación debe decidir si toma una determinación que podría hacer tambalear el caso.
La denuncia contra Lewin que Stornelli tomó al pie de la letra fue presentada por los diputados del oficialismo Waldo Wolff –que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados–, Fernando Adolfo Iglesias, Graciela Ocaña, José Luis Patino, Julio Enrique Sahad, Adriana Noemí Ruarte, Héctor Antonio Stefani, Martín Grande, Omar De Marchi, Alvaro de Lamadrid y Jorge Ricardo Enríquez. La lógica (o ilógica) del planteo se parece a la que dio origen a otras causas, donde a decisiones de gobierno o incluso del Congreso se las trató como delitos: como la causa del Memorándum con Irán, basada en la denuncia que hizo el fiscal fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman; o también la causas conocida como la del “dólar futuro” –ambas están elevadas a juicio oral–. El mismo Stornelli imputó a Félix Crous por desistir de querellas como titular de la Oficina Anticorrupción.
El caso de la denuncia contra la Defensoría tiene el ingrediente de una insólita interpretación de una tarea que, al revés de lo que se denuncia, apunta a garantizar la libertad de expresión, su no persecución judicial, y la calidad informativa. El equipo jurídico de la Defensoría del Público aguarda la notificación judicial y prepara una presentación. Además, Lewin se presentará el próximo lunes ante la Comisión bicameral permanente de promoción y seguimiento de la Comunicación audiovisual, las Tecnologías de las telecomunicaciones y la Digitalización.
