La hermana de Etchevehere denuncia a su familia y dona parte de su herencia

De este modo busca tomar distancia del ex presidente de la Sociedad Rural y exministro de Macri, a quien acusa de corrupto.

Cede el 40 por ciento de su herencia al Proyecto Artigas, un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, en las antípodas de lo que su familia representa. 

«Hoy, luego de once años de investigación, denuncia e impunidad, creo que es necesario contar mi historia. Una historia que está atravesada por los crímenes cometidos por mis hermanos, contra mí, pero también contra muchas otras personas víctimas del poder e incluso, contra el Estado». En un video de ocho minutos, Dolores Etchevehere denuncia una larga lista de delitos cometidos por una de las familias más poderosas de Entre Ríos, que la llevaron a alejarse y ceder el 40 por ciento de su herencia al Proyecto Artigas, un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, en las antípodas de lo que su familia representa. 

El 4 de agosto de 2009, Luis Félix Etchevehere se encontraba internado y entubado en Buenos Aires, luchando por su vida. Sin embargo, según el acta de directorio de Las Margaritas S.A. estaba en Paraná, presente en la reunión donde le delega a Leonor Barbero Marcial (su esposa) la administración de la principal empresa del Grupo Etchevehere, dueña de 5.000 hectáreas de campo. Este es apenas un fragmento en la historia de los “Etchevehere corruptos”, como llama Dolores a sus tres hermanos: Sebastián, Juan Diego y el ex presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere; que resume cómo los portadores de uno de los apellidos más tradicionales de la oligarquía agropecuaria usaron su poder económico y sus contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos para realizar actos de corrupción, violencia e impunidad, que incluyen falsificación de firmas, administración fraudulenta, evasión fiscal por cuentas en el exterior no declaradas, lavado de dinero, explotación laboral, acceso a tierras fiscales a precios viles y violencia económica. 

Pesada herencia

Con la falsificación de su firma y la de su padre, la única heredera mujer de la familia perdió el derecho a la administración de los bienes familiares. «Desde siempre soy testigo del manejo fraudulento, que me avergüenza: el total desprecio por los demás, sobre todo por las personas humildes trabajadoras y las mujeres. Mi familia ha cometido actos aberrantes contra la integridad física no solamente de las mujeres que trabajaban en mi casa sino también contra la de sus vínculos personales», expresa Dolores.

Durante diez años, la hermana mujer denunció sin éxito la usurpación de tierras fiscales. Uno de los casos paradigmáticos, y protagonistas del Proyecto Artigas, es el de Casa Nueva, uno de los cinco campos de la familia Etchevehere, ubicado en la entrada de una ciudad fábrica que creció alrededor del Frigorífico Santa Elena. En la década del 80 el frigorífico pasó a manos estatales y cerró en 1993. El Estado despidió a los trabajadores entregándoles tierras como parte de la indemnización, pero sin título de propiedad. En 2004, el gobernador Busti decidió liquidar los bienes del frigorífico, incluidas las tierras donde producían los ex trabajadores. Tres años después, los hermanos Etchevehere obtuvieron 370 hectáreas de estas tierras a solo un 10 por ciento de su valor, gracias a contactos políticos y judiciales. Los arrendatarios fueron desalojados a punta de escopeta por un grupo armado con Juan Diego Etchevehere a la cabeza.

También denunció el vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos, empresa dueña de El Diario de Paraná, históricamente perteneciente a la familia Etchevehere. Este acto, que implicó el traspaso de alrededor de seis propiedades a la empresa fantasma «Construcciones del Paraná» sobre la que Dolores no tiene incidencia, incluyó el despido de 70 trabajadores de El Diario y un fraude al Estado: le pidieron al Banco Itaú tres préstamos por un total de 500.000 de dólares para productores de soja a tasa subsidiada por el Estado, cuyo garante fue el grupo Los Grobo S.A. Ese dinero terminó luego en las arcas de AMUS, la Asociación Mutual del empresario Walter Grenón, ex propietario del 66 por ciento de las acciones de Sociedad Anónima Entre Ríos, para solventar financieramente la operación de vaciamiento de El Diario. Para pagar la deuda con Itaú, los hermanos tomaron un crédito del Banco Nación por un total de 900.000 pesos a tasa subsidiada por el Estado para que pequeños productores cubran los daños ocasionados por inundaciones. Por supuesto, inundaciones que no afectaron los campos de los Etchevehere. Por este préstamo fue imputado el entonces director del Banco Nación, Carlos Melconián.

Otra denuncia pública realizada en el medio de esta disputa familiar fue la de los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, explotados durante 38 años en uno de los campos de la familia Etchevehere. Fueron encontrados en 2014 viviendo sin agua potable ni luz eléctrica y cobrando 450 pesos mensuales cada uno por cualquier tipo de trabajo, incluso desmonte o la manipulación de agroquímicos perjudiciales para su salud.   

Mientras investigaba, Dolores sufría violencia económica: con la intención de despojarla de sus derechos hereditarios, los hermanos Etchevehere cometieron actos intimidatorios, amenazas y abuso de poder. Lo hicieron mientras la asfixiaban económicamente, a ella y a sus hijos, como modo de extorsión: cuando en 2010 Dolores Etchevehere solicitó parte de su herencia para afrontar una situación económica difícil a causa de un tumor, su madre le puso como condición que le cediera parte de su herencia. 

El Caso Etchevehere está en manos de Juan Grabois, a quien Dolores define como «uno de los pocos que se planta contra los que oprimen a los demás». Este jueves 15 de octubre, con la conformación del Proyecto Artigas recuperaron una parte de la Estancia Casa Nueva para conformar una cooperativa agropecuaria bajo un modelo productivo sustentable y desplegaron acciones legales simultáneas en todos los juzgados donde están iniciadas las causas del caso. Piden la recusación de jueces y fiscales por faltar al principio de imparcialidad en su función; la remoción de aquellos que garantizan sistemáticamente la impunidad a favor de una minoría privilegiada; y la reparación del daño ocasionado por la administración fraudulenta de los bienes heredados. 

«Esto es una clara muestra del contubernio entre sectores de poder. En estas estafas hay involucrados bancos, jueces, sectores de la política reaccionaria y medios de comunicación. Es el principio de un trabajo que tenemos bastante avanzado y vamos a ir divulgando por etapas e incorporando pruebas a medida que se sustancien los oficios y avancen las distintas instancias judiciales», informa Grabois en diálogo con PáginaI12 y concluye: «Con la bandera de la propiedad privada privan de su propiedad privada a otros: pequeños campesinos, arrendatarios, a su propia familia. Con el argumento del librecambismo y la libertad de empresa han construido fortunas sobre la base de la apropiación de bienes públicos».