Se pedirán cuatro años al FMI
En busca de una recuperación sólida.
El Gobierno buscará despejar la carga de la deuda con el Fondo hasta 2024, como logró en el acuerdo con los acreedores privados. Se trabajará en un stand by con desembolsos calzados con los vencimientos comprometidos.
Los pronósticos de hiperinflación y caos que dominaban la escena mediática hasta que se alcanzó el acuerdo con los acreedores privados quedaron esta semana todavía más en evidencia tras el anuncio de que empezarán las negociaciones formales con el FMI. Lejos de hiperinflación y caos, el Gobierno está logrando avanzar en la agenda económica que había enunciado en la campaña electoral y los resultados le juegan a favor, en un contexto de crisis global a causa de la pandemia y habiendo tomado el país al borde del abismo. Su próximo objetivo en el ordenamiento de la deuda en virtual default que dejó Cambiemos es garantizar un horizonte de cuatro años de vencimientos de capital e intereses marcadamente despejado.
Esa meta ya la consiguió con los bonistas privados que poseen títulos con legislación extranjera. El canje de esos bonos, que tuvo una adhesión masiva, asegurará que entre 2020 y 2024 solo tendrán que pagarse 3900 millones de dólares en concepto de deuda. “Es el equivalente a dos meses de fuga de capitales del gobierno anterior”, compara el último documento de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “El principal logro de ese proceso de reestructuración tiene que ver con el alivio financiero conseguido para los próximos cuatro años”, agrega. “El 80 por ciento del ahorro total de la deuda se definió para ese período”, completa.
Lo mismo buscará replicar ahora el Gobierno con el FMI, como pauta inicial de negociación. El Fondo Monetario es el principal acreedor de la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri, a quien nadie le pide explicaciones mientras descansa en Europa y sus economistas opinan por los medios como si no tuvieran nada que ver con lo que pasó, generó un pasivo con el organismo de 44.900 millones de dólares, equivalente al 14 por ciento de la deuda total del Estado nacional.
Alberto Fernández denunció esa situación el 26 de agosto de 2019, hace un año, cuando se reunió con la misión del Fondo que vino a verlo tras su triunfo en las PASO. “El FMI y el gobierno (de Macri) son responsables por la catástrofe social”, advirtió, para marcar la cancha de la negociación que finalmente ahora está por empezar.
“El crédito otorgado por el FMI al gobierno anterior no tiene antecedentes en la historia reciente. Esto equivalió al 1,277 por ciento de la cuota del país, lo que lo constituye en el préstamo más grande concedido por este concepto a cualquier país”, recuerda el informe de FIDE. “Tan es así que hoy en día la Argentina es el principal deudor dentro de la cartera del Fondo”, precisa.
Esa situación de evidente irregularidad es admitida por la actual conducción del organismo, a cargo de Kristalina Georgieva. “El crédito fue otorgado, luego ampliado y su calendario de pago modificado, adelantando desembolsos en coincidencia con las necesidades electorales del entonces oficialismo”, remarca el documento de FIDE.
Con esa base el equipo económico que encabeza Martín Guzmán buscará definir un nuevo programa con el Fondo bajo el formato de un stand-by. El crédito que se pacte en esas condiciones será utilizado para cancelar vencimientos con el propio organismo, de modo que el monto neto a pagar hasta fines de 2024 sea cercano a cero. Será una estrategia similar a la implementada por Néstor Kirchner en 2004.
El programa que había firmado Macri fijaba un calendario de pagos crecientes a partir de 2022. El gobierno de Fernández, como se dijo, planteará que eso se modifique hasta 2024 y que la curva de compromisos a partir de entonces contemple una mayor gradualidad.
El stand-by establece metas a cumplir en materia macroeconómica. El Gobierno coincide en la necesidad de ordenar especialmente el frente fiscal, pero no mediante el recorte del gasto público y el modelo clásico del ajuste ortodoxo, como lo intentó Nicolás Dujovne cuando promovió el déficit cero, sino en el marco de un plan de recuperación de la actividad económica, redistribución del ingreso y una reforma tributaria para que paguen más impuestos los que tienen mayor capacidad contributiva.
La presentación del proyecto de ley para establecer un aporte extraordinario de las grandes fortunas se encamina en esa dirección. El Ministerio de Economía y la AFIP trabajan en una reforma mucho más amplia que dejará a resguardo a los asalariados y a las empresas que reinviertan capitales y apuntará a mejorar la progresividad del cobro de tributos y combatir los bolsones de evasión de sectores concentrados y el comercio exterior.
“Producto de la pandemia, asistimos a una realidad mundial y regional radicalmente opuesta a la que existía cuando el préstamo del FMI fue otorgado” en 2018 y 2019, señala el informe de FIDE. “La recuperación post-pandemia requerirá del sostenimiento de déficit fiscales. Además, esto traerá consigo niveles de endeudamiento público muy elevados, que se sostendrán durante mucho más tiempo”, advierte. “Todo ello plantea la necesidad de concebir la negociación con el Fondo a partir de una estrategia de reprogramación de deuda que sea consistente con los objetivos de mediano y largo plazo, en torno al modelo de crecimiento económico”.
Por todo ello, el informe apunta que la condición básica para que el acuerdo con el FMI sea sostenible deberá habilitar políticas de demanda que dinamicen el crecimiento. “En este sentido, no es solo el monto que el FMI considera susceptible de refinanciar y el perfil de vencimientos, sino los grados de libertad que la política económica tendrá para desenvolverse en el mediano plazo”, concluye.
Es decir, las dos condiciones que se buscarán en la negociación con el Fondo Monetario serán el alargamiento de los plazos de pago hasta 2024 y la aceptación de un programa económico que admita déficit fiscal y márgenes de maniobra hasta consolidar una recuperación sólida. El acuerdo con los acreedores privados, ahora el inicio del diálogo con el FMI y las medidas regulatorias de mercados concentrados, como el de las telecomunicaciones que se dispuso esta semana, muestran que el Gobierno está dando pasos para ordenar la economía tal como se lo propuso antes de asumir, aunque en un contexto extremadamente más difícil por los trastornos que ocasiona la pandemia.
