En la Fiscalía de Rosario.

En el marco de la investigación por asociación ilícita y estafa, se presentó un pedido de inhibición general de bienes a Vicentin, en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. El fiscal Miguel Moreno analiza el planteo del abogado Gustavo Feldman, que representa a personas y empresas afectadas por el default de la firma. Con la solicitud se busca evitar vaciamiento o fuga de capitales. 

El letrado presentó la denuncia a mediados de julio pasado, contra el directorio de la agroexportadora santafesina para determinar si hubo un «esquema defraudatorio a gran escala» y un plan de vaciamiento. En ese expediente, ingresó un pedido de inhibición general de bienes de las empresas, directores y ejecutivos del grupo. 

La presentación expresa como fundamentos que la Inspección General de Personas Jurídicas, por medio de distintos escritos, le manifestó al juez del concurso de Vicentin que «se registraron como sociedades (creadas en 2014) tres entes denominados Vicentin Familia Grupo, VFG Inversiones y Actividades Especiales SA e Industria Agroalimentaria Latam SA». Y plantea que «Vicentin Family Group controla a las sociedades que hasta hace cinco años controlaba Vicentin SAIC. Que varios directores de la compañía han realizado movimientos tendientes a la extracción de bienes de sus patrimonios y consecuente insolvencia”. 

Otro punto expresa: «El Discovery solicitado por el Comité de Bancos Extranjeros (también acreedores de Vicentin), da cuenta de una fuga y sustracción de fondos de 400 millones de dólares y de la utilización de distintas sociedades para ello».

El escrito agrega que «se llevaron a cabo actos concretos que evidencian una sistemática conducta delictual». Y enumeró: «La venta de Renova, días antes de la declaración de cesación de pagos; distintos certificados solicitados por integrantes de Vicentin para realizar actos de donación o venta de bienes de su propiedad, cuando ya se había presentado el concurso preventivo; desvíos de fondos a cuentas propias que se efectuaron desde cuentas que eran garantes de los créditos del Banco Nación, conforme fue informado por el fiscal Pollicita en la causa que se sigue por los créditos que esta entidad le otorgó a Vicentin meses antes de declarar su cesación de pagos, para evitar que dichos fondos fueran inmovilizados ante la falta de pagos de aquellos créditos». También citó «gestiones tendientes vender el frigorífico Friar; las negociaciones con Sancor para venderle la firma Alimentos Refrigerados, que el Grupo Vicentin había comprado en 2016».

El pedido de inhibición general de bienes alcanza «no solo a las personas físicas relacionadas con Vicentin sino a todas aquellas sociedades conectadas directa o indirectamente con ésta o con accionistas de éstas». Y nombra a la «Algodonera Avellaneda; Sir Cotton SA; Buyanor SA; VFG Inversiones y Actividades Especiales SA; Vicentin Family Group SA; Industria Agroalimentaria LATAM SA». Y a las personas físicas «Daniel Buyatti; Alberto Macua; Roberto Gazze; Máximo Padoan; Cristian Padoan; Martín Colombo; Sergio Vicentín; Pedro Vicentín; Roberto Vicentín; Yanina Colomba Boschi; Héctor Goldaraz; Amelia María Vicentin de Alal; Bettina Padoan de Moschen; Osvaldo Boschi; Raúl González Arcelus; Omar Scarel; Gabriela González; Mariano Pelaya; Gastón Scarel; Andrés Nardelli; Gustavo Nardelli; Roberto Padoan».