Un testimonio arrasador en el juicio de la obra pública
Declaró el funcionario de carrera Raúl Rigo.
A lo largo de tres horas precisó que todas las rutas construidas en Santa Cruz, con sus detalles y sus costos, fueron aprobadas por las dos cámaras del Congreso Nacional, que la ejecución fue controlada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, y que el Congreso aprobó lo hecho todos los años.
El funcionario de carrera, contador Raúl Rigo, que llegó a subsecretario de presupuesto en 2002, pero que estaba en Economía desde 1992, arrasó con buena parte de las acusaciones de la causa de la obra pública. A lo largo de tres horas precisó que todas las rutas construidas en Santa Cruz, con sus detalles y sus costos, fueron aprobadas por las dos cámaras del Congreso Nacional, que la ejecución fue controlada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, y que el Congreso aprobó lo hecho todos los años. Rigo contestó preguntas de los jueces, el fiscal, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y todas las defensas dejando en claro que no hubo reasignaciones exclusivamente a la provincia sureña sino que fue a todos los distritos.
Rigo es uno de los mayores especialistas en cuentas públicas del país. Dejó en claro su nivel de conocimientos y precisión. El contador no fue designado a cargo del presupuesto por el gobierno de Néstor Kirchner, dado que ingresó en 2002, ni dejó su cargo con Cristina Kirchner, sino que renunció en 2017, transcurridos dos años del gobierno de Mauricio Macri. Después estuvo en un cargo en la provincia de Buenos Aires y ahora regresó a la administración nacional. Es esencialmente un técnico del máximo nivel.
Una de las acusaciones más insólitas del expediente de la obra vial fue que a Santa Cruz se le adjudicó la construcción de demasiadas rutas. Rigo explicó que todo se votó en el Congreso después de un arduo proceso que fue -y sigue siendo- la elaboración del presupuesto nacional. En el proyecto que se lleva al Congreso, cada obra tiene adjunto una especie de folleto en el que se explican los motivos y los costos y nada es sencillo, porque los legisladores de cada provincia tratan de que se voten las obras que favorecen a sus distritos. El presupuesto es limitado, por lo que si se incluye una obra adicional, se le quitan fondos a las obras que vienen en el proyecto. No es que se le da un cheque en blanco al Ejecutivo, sino que el presupuesto indica qué ruta y qué tramo se va a construir.
Todo pasa por la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se discute fuertemente y luego se aprueba en las dos cámaras. En ocasión de esos debates, lo habitual es que esté presente y explique las obras el titular de Vialidad Nacional. En paralelo, los movimientos de dinero quedan registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera, que maneja el Ministerio de Economía, es decir que no se pueden mover fondos bajo cuerda.
La ejecución del presupuesto se refleja en lo que se conoce como Cuenta de Inversión, que indica cómo se llevó adelante cada obra y cada gasto. Rigo explicó que ese trámite se cumplió normalmente todos los años y que fue aprobado por la Auditoría y la Sigen. No es una planilla, son dos libros con el detalle de cómo se cumplió o se desarrolló cada punto del presupuesto.
Más allá de los aspectos de procedimiento, es una obviedad que los presupuestos reflejan una mirada política, porque cada gobierno elegido democráticamente tiene desarrollos que privilegia. Los fiscales, por ejemplo, objetaron que Santa Cruz tuviera el 12 por ciento de la obra pública vial, por encima de otras provincias, pero para nada desproporcionado respecto del 11 por ciento del territorio nacional que ocupa la provincia sureña. Y, aunque lo fuera, surge de la decisión política, votada por el Congreso. Por ejemplo, durante los gobiernos de CFK el presupuesto del Ministerio de Planificación rondó siempre el 12 por ciento, es decir esa era la proporción para obras viales, energéticas, de vivienda. Al pago de la deuda pública se destinaba aproximadamente el siete por ciento. En cambio, en la administración de Macri, la obra pública estuvo entre ocho y el seis por ciento y los pagos de la deuda pública llegaron hasta el 20 por ciento. Cada gobierno, que llegó a la Casa Rosada democráticamente, tuvo sus prioridades.
Lo que demostró Rigo es que todo se debatió en el Congreso, en las comisiones y en las dos cámaras. No hay una disposición discrecional del Poder Ejecutivo o de un presidente: nada se puede hacer sin voluntad política, pero se requiere el voto en el parlamento. El contador explicó que incluso en los Decretos de Necesidad y Urgencia, el gobierno de CFK reasignó una inmensa cantidad de partidas, siempre dentro del presupuesto, pero para todas las jurisdicciones y de forma equitativa.
Para la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, el testimonio de Rigo fue fundamental porque está claro que la exmandataria no podía ni debía tener control alguno en la marcha de las obras porque estas se licitaron, se adjudicaron y controlaron en Santa Cruz. De manera que para CFK lo decisivo era demostrar que los proyectos de las rutas pasaron por el Congreso en tiempo y forma, que se aprobaron sin ningún trámite extraño y que la ejecución se controló como todas las obras, antes y después de su gobierno. Es más, Rigo relató que ajustes en los costos y atrasos en los tiempos son fenómenos habituales de prácticamente todas las obras del país. El contador detalló que la Oficina Nacional de Presupuesto tiene personal especializado en el control de las obras viales, de manera que cada gasto tiene quien lo analice y, por supuesto, nada se paga sin el certificado de obra que tiene numerosas firmas. «Ni en el congreso ni en el ministerio ni por parte de los organismos de control ni por parte de la oposición hubo nunca una objeción», redondeó el funcionario.
Por Raul Kollmann
