La cúpula policial presentó su dimisión en rechazo a la suspensión de los agentes acusados.

La cúpula de la policía del Chaco presentó su renuncia en rechazo a la decisión de la gobernación de sostener la suspensión de los cuatros agentes imputados por atacar un grupo de jóvenes qom, en la localidad de Fontana. La dimisión fue presentada por el jefe de la Policía, Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y Mariela Noemí Aguirre, directora del Centro de Análisis, Comando y Control Policial. El gobierno que encabeza Jorge Capitanich recibió la carta de renuncia, pero todavía no definió si la aceptará o no. La posición de la Policía se dio luego de que el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, rechazara la reincorporación de los cuatro policías imputados por los hechos de violencia institucional registrados el 31 de mayo. Y desencadenó una serie de reclamos a favor y en contra de la fuerza.

En Fontana, las familias afectadas del pueblo qom, junto a representantes de pueblos originarios, realizaron una marcha pacífica y respetando distancia social -detallaron-, hasta la puerta de la Comisaría 3ª donde ocurrieron parte de los hechos. Mientras, en Resistencia, integrantes de la fuerza reclamaron por la reincorporación de los cuatro imputados en el caso de Fontana y arengaron en defensa de la cúpula policial.

En ese contexto, el Comité por la Prevención de la Tortura en Chaco busca instalar un marco de acuerdos en los que se pueda avanzar, teniendo en cuenta la situación que implica “la gestión de este nuevo gobierno, en un marco acuciante como el de la pandemia”, detalla el abogado Silvio Del Balzo, presidente del Comité. Y agrega: “Todavía no se acordó nada, estamos tratando de ver cómo dirimir el conflicto”. Pero aclara “nuestro límite es la violencia institucional, y nuestra meta es que podamos generar en la provincia, un nuevo pacto social”.

Yohana Saravia, madre de uno de los jóvenes violentados, pidió justicia y rechazó la libertad de los imputados. “Acá hay un fuerte odio racial hacia nosotros” expresó Saravia en referencia al desenlace que hasta hoy tienen los hechos del 31 mayo. Aquel día, los imputados Cristian Flores, Orlando Cabrera, Cristian Foschiatti y Cristian Benítez ingresaron a la vivienda de la familia qom, torturaron a varios de sus integrantes y abusaron sexualmente de dos mujeres jóvenes. Ya en la comisaría, a los varones los golpearon y rociaron con alcohol, amenazándolos con prenderles fuego mientras les decían «indios infectados». Los policías fueron detenidos recién dos semanas después del hecho, tras el repudio generado por la viralización del video donde se vio la brutalidad de sus acciones.

Luego del cambio de carátula de la causa ocurrido días pasados, los imputados fueron liberados. “El viernes los liberan, se da lugar al cese de la prisión preventiva ya que los hechos y las pruebas de la querella todavía no se han incorporado a la causa por parte de la fiscalía”, explica el abogado Del Balzo. “Primero les salió la domiciliaria”, detalla Cecilia Solá, de la APDH Chaco y miembro de la Mesa Multisectorial Feminista. Y amplía: “Desde los organismos de derechos humanos y desde el Comité Contra la Tortura que es querellante, se apeló la domiciliaria, pero antes de que se resolviera les sale la libertad, esto significa que pueden volver a sus funciones, en el mismo barrio donde vive la familia violentada”.

Con estos antecedentes, la Secretaría de Derechos Humanos local sostuvo que los imputados no podían volver a la actividad y esto generó la renuncia de la cúpula policial. Y la preocupación de los organismos: “La preocupación de la Asamblea y de la Mesa Multisectoral es intensa, porque la situación pone de manifiesto el poco interés en las víctimas y en la Justicia por parte de la corporación policial –detalla Cecilia Solá–. Los renunciantes plantean diferencias con el Ejecutivo sobre el destino de los policías involucrados en el caso de Fontana. Esto nos preocupa porque habla de un accionar corporativo”.

Para el abogado Del Balzo, “este es un momento para que el gobierno de Chaco, la policía y los organismos nos sentemos en la mesa y podamos generar un nuevo pacto social para convivir de acá en adelante. Obviamente el comité que presido sostiene el diálogo, pero el límite es la violencia institucional, eso no lo perdemos de vista. En ese marco, buscamos la posibilidad de rediscutir y redefinir el rumbo de la política pública de seguridad en la provincia”.

El pedido desde el Comité que es querellante en la causa es por protección y acompañamiento psicológico a las familias y a las víctimas “que se sienten amenazadas por las fuerzas de seguridad”, detalló Del Balzo. “Querellamos en el interés del Estado por desterrar la tortura y la violencia institucional”, señaló. Y explicó que el compromiso del Ministerio Público Fiscal con las querellas y las familias “es que rápidamente van a incorporar hechos y pruebas que todavía no se han producido”.

La visión de Del Balzo es historicista. “Venimos en un proceso de situaciones con la policía desde el inicio del gobierno, que es nuevo y debe definir un rumbo, que no está definido –dijo–, porque estos actos tratan de imponer un rumbo para el Estado chaqueño, pero no se trata de la voluntad de la policía o de un jefe en particular, sino que debemos tratar de modificar la historia de la policía en la provincia. Es un momento para poner a funcionar un acuerdo y redefinir el pacto social y el rumbo. Esta cúpula policial es otra que hace unos años, con otras perspectivas”. En ese sentido, se busca que las fuerzas puedan reformular su accionar. “Porque en los operativos por la pandemia –destacó Del Balzo– recibíamos gran cantidad de denuncias con rasgos y elementos de abuso de autoridad”. Eso es lo que subyace en este conflicto.

Violencia de género

La renuncia de la cúpula policial y sus repercusiones se da en el marco de un aumento de la violencia en la provincia de Chaco, donde este fin de semana se denunciaron tres femicidios. “Nos preocupa el encubrimiento de los violentos que forman parte de las fuerzas –sostiene Cecilia Solá, de la APDH–, porque además de la liberación de los imputados en el caso (el ataque a los qom), este fin de semana tuvimos tres muertes: en Castelli una chica de 14 años, Xiomara Matías, que apareció ahorcada pero su cuerpo está golpeado. Ramona Benítez, de 29 años, en Presidencia de la Plaza, estaba yendo a realizar la denuncia número 18 por violencia de género y una cuadra antes de llegar a la comisaría, el hombre que la violentaba la degolló. Y Camila González, de 24 años, apuñalada por el novio Alejandro Bordón, en Resistencia. La situación de violencia e inseguridad es atemorizante y por eso entendemos que se deben abrir puentes de cuidado con la ciudadanía y no de mayor hostilidad”.