«Los activos ocultos» de Vicentin y sus directores
La inspección de justicia de Santa Fe amplió su denuncia ante el juez Lorenzini.
El informe revela el encadenamiento entre más de 20 firmas, a través de sociedades offshore, que no fueron informados como activos propios ante los acreedores en la convocatoria.
La inspección general de Justicia del gobierno santafesino presentó ante el juez Fabian Lorenzini, a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, los elementos que prueban que las empresas que conforman el holding agroexportador son muchas más que las admitidas en la presentación que hizo la cerealera ante la convocatoria de acreedores. Se trata, al menos, de 15 empresas en el país y otras diez en el exterior, todas bajo su absoluto control, pero ocultas en su conformación accionaria a través de firmas offshore en Uruguay y en Panamá, y otras en Brasil. Además, el informe de la IGPJ describe las operaciones inmobiliarias realizadas por al menos cuatro de los directores de Vicentin, que a través de escrituras públicas inscriptas entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 (inmediatamente a la cesación de pagos y casi hasta la aprobación de apertura del concurso) cedieron la propiedad de al menos diez inmuebles que estaban a su nombre, a favor de parientes o allegados, presumiblemente para alejarlos del riesgo de cualquier demanda sobre ellos de parte de los acreedores.
Con todos estos elementos, más otros que surgen de actuaciones de la Sigen y de otros tribunales, la inspección de justicia insistió en el reclamo de apartamiento del Directorio de Vicentin de la conducción de la empresa, ante el riesgo de alteración de pruebas de delitos comerciales o penales, y pidió el nombramiento de una intervención judicial en su reemplazo.
El «entramado social» de Vicentin, según revela el informe de la IGPJ, se conforma de ocho empresas «con domicilio coincidente con el de Vicentin SAIC, calle 14 número 495 de Avellaneda, Santa Fe», otras seis en Reconquista o Rosario con las que comparte todos o la mayoría de directores, una en Buenos Aires bajo la misma condición, una bodega en Mendoza y otra en San Juan, tres filiales de Vicentin en Paraguay, Brasil y Europa, y otras tres radicadas en Uruguay.
Las tres en Uruguay son Vicentin Family Group, VFG Inversiones e Industrias Agroalimenticias Latam. Las tres tienen como representante a María Carolina Buyatti, el mismo apellido del actual presidente de Vicentin SAIC, y que se repite en varios de los directorios de empresas vinculadas. Hay una cuarta, Nacadie SA, inscripta en Uruguay cuyo objetivo social es «realizar operaciones offshore sobre agrocommodities». Es la única accionista además de una sociedad panameña, Swass International Corporation. ¿Por qué la IGPJ la relaciona con Vicentin?
Su representante es un contador argentino, Patricio Coghlan, que en 2017 la inscribe en Argentina y fija domicilio de la empresa en Boulevard H. Yrigoyen 298 de Reconquista, donde está el frigorífico Friar. Coghlan, como representante, fija domicilio en calle 14 número 495, Avellaneda; la misma dirección de Vicentin y de otras ocho empresas del grupo. Ese mismo año, Nacadie decide la compra del 49% de las acciones de Friar, quedando el resto de su capital en manos de VFG Inversiones, 50,5%, y una porción menor a medio punto en Vicentin SAIC.
Este mismo mecanismo fue utilizado en innumerables oportunidades, entre 2014 y 2018, para sacar del patrimonio aparente de Vicentin SAIC a muchas de estas empresas. En los informes y folletos, sin embargo, son todas mostradas como parte de un poderoso grupo con Vicentin SAIC como nave insignia. La IGPJ considera una grave irregularidad que Vicentin se presente a concurso despojada de esos otros millonarios activos, en perjuicio potencial hacia los acreedores. De allí el reclamo de que, por conductas sospechosas, el Directorio de Vicentin sea desplazado «en forma urgente» del control de la empresa.
La instancia actual de ampliación de prueba surge de la respuesta del juez comercial de Reconquista, Santa Fe, a la presentación de la IGPJ santafesina pidiéndole que dispusiera la intervención judicial. El magistrado resolvió abrir un «incidente por separado» con esa demanda y pidió que los cargos que se le imputaban a los directores de Vicentin, fueran acompañadas de pruebas. La IGPJ, conducida por María Victoria Stratta, cumplió ayer con ese reclamo. Los elementos que denuncian la intención de ocultamiento de activos, en perjuicio de los acreedores de Vicentin y de la transparencia del concurso, parecen contundentes.
La presentación de la inspección de justicia provincial era el primer paso de la estrategia ofrecida por el gobernador Omar Perotti a Alberto Fernández, como alternativa al envío al Congreso de una ley de expropiación. El sendero previsto por el gobernador requería que el juez accediera a nombrar una intervención suya, que incluyera a los dos interventores nombrados por el Ejecutivo nacional más un tercero en representación del mismo Perotti, para que condujera el proceso del concurso de acreedores. Luego, el Estado nacional propondría un acuerdo con productores, cooperativas y otros actores económicos de la región, incluida la Provincia, para conformar una sociedad mixta que se haría cargo de la empresa para evitar la quiebra, pero también que pasara a manos extranjeras. Por ahora, esa estrategia se vio trabada por la respuesta del juez y la resistencia de «los Vicentin» (el Directorio anterior) a abandonar el control de la firma, el que retomaron de la mano del juez Lorenzini.
Al mismo tiempo que la inspección general santafesina hacía la nueva presentación ante el juez, el gobernador disponía en la noche del martes la intervención del puerto de Reconquista, estación fluvial sobre un brazo del río Paraná que no registra actividad desde 2004, pero sigue bajo control de Vicentin. Sin embargo, algunas versiones indican que el ente portuario provincial habría detectado actividades de acopio y descarga no declarados. Es decir, operaciones «en negro».
Casi al mismo tiempo, en Paraguay, un grupo de siete senadores encabezados por el ex-presidente Fernando Lugo avanzó en un pedido de informes a la Aduana de ese país referido a la comercialización de soja, «ya que existen actualmente denuncias de supuestos lavados de activos como también de triangulación realizada por la soja argentina por Paraguay, provocando grandes perjuicios económicos al vecino país (por Argentina)».
