DESCENTRALIZACIÓN ESTATAL: «EL OBJETIVO ES MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS», DIJO OCAMPO
El secretario de Municipios brindó precisiones sobre el programa de descentralización que forma parte del Plan Chaco 2030. Aseguró que beneficiará a los municipios y no afectará la situación laboral de los recursos humanos.
El secretario de Municipios Rodrigo Ocampo destacó entre los objetivos de gobierno el proceso de descentralización estatal que se prevé llevar adelante en todo el territorio provincial para optimizar la implementación de las políticas públicas en el territorio. Explicó que será un proceso gradual que incluye distintas etapas, y que entre otras cosas, otorgará autonomía a los municipios para el mantenimiento preventivo de edificios públicos. “El objetivo es garantizar servicios públicos de mejor calidad”, resaltó.
Ocampo aseguró que se pretende mejorar la prestación de los servicios de salud, seguridad y educación, sin afectar la situación laboral de los recursos humanos. “No hay ninguna intención de que los trabajadores de la provincia pasen a manos de los municipios; solo buscamos trabajar de forma organizada para mejorar los servicios”, aclaró.
La descentralización, uno de los ejes del plan Chaco 2030, será gradual y progresiva; su primera etapa consistió en la reorganización de la provincia en diez nuevas regiones administrativas para un mejor ordenamiento territorial. Además, prevé otorgar autonomía a los municipios en la administración y mantenimiento de los edificios y servicios públicos. Se comenzará por los municipios de tercera categoría para avanzar luego hacia las comunas más grandes.
“El proceso inicial es que los municipios tengan autonomía para el mantenimiento preventivo de edificios como escuelas, centros de salud y comisarías para lo cual se hará transferencia de recursos”, explicó. Aseguró que así se garantizará que vecinos y vecinas tengan espacios públicos de mejor calidad. Por último, el funcionario consideró que este proceso requerirá del control de la ciudadanía, del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Diputados para garantizar la transparencia y su correcta aplicación.