Rutas con contratos de concesión vencidos pasarán a manos del Estado
Los usuarios viales piden “terminar con el impuesto a la circulación”.
Dos rutas cuyos contratos vencen en la medianoche de este viernes pasarán a manos del Estado. Se trata del primer corredor que el Gobierno Nacional decidió que no vuelva a la órbita privada. En tanto, los usuarios viales reclamaron terminar con el actual sistema de concesión de peajes y eliminar las franjas horarias establecidas por el macrismo. Tras los escandalosos negociados de los peajes del gobierno anterior que hoy analiza la Justicia, integrantes del el Comité de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) se reunieron con las nuevas autoridades de Obras Públicas y pidieron “terminar con el impuesto a la circulación”.
Este viernes 31 de enero a las doce de la noche vence el contrato de concesión de dos tramos de dos rutas muy importantes. La 34, que atraviesa parte de los Valles Calchaquíes, y una parte de la ruta 9. Un total de 730 kilómetros pasarán a ser administrados por Corredores SA, empresa cuya participación accionaria es totalmente estatal. La firma fue creada por el macrismo como paso previo para las polémicas «PPP» (Participación Público Privada). En este caso, el corredor que empieza en Selva –límite entre Santa Fe y Santiago del Estero- y va hasta San Pedro, Salta, ya no pasará a manos privadas.
Katopodis defendió el rol del Estado en la materia y ratificó que se están revisando varias de las concesiones: “Estamos avanzando en la revisión de algunos corredores en el interior del país que entendemos que van a ser administrados por el Estado de manera mucho más eficiente y con mucho más resultado para todos. Porque, entre otras cosas, el lucro que hasta acá viene recibiendo una empresa privada que tiene la concesión, se va a poder reinvertir, en manos del Estado, en el mantenimiento y en la mejora de esas rutas”.
Para la Asociación de Usuarios Viales, sin embargo, esto no es suficiente. El reclamo es que no haya más peajes en la Argentina y que las obras se solventen con la “reasignación en forma efectiva de los 90 mil millones de pesos anuales que el Estado recauda por el impuesto al combustible”. Según afirman, equivale a la posibilidad de construir dos mil kilómetros de autovías por año.
Entre las denuncias penales que tomaron impulso el año pasado y la polémica por la falta de transparencia en los contratos PPP impulsados por la gestión anterior, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad buscan administrar el complejo entramado de las concesiones de los peajes en rutas y autopistas. En ese marco, funcionarios de Obras Públicas recibieron a los representantes de la entidad que nuclea a los usuarios viales. “Lo que se pidió es que esta vez haya coraje y voluntad política para terminar con el impuesto a la circulación. Es una locura que estamos padeciendo hace 28 años”, dijo a Página/12 Ricardo Lasca, titular de la Conaduv.
Si bien el objetivo de máxima de la Organización es que no haya más cobro de peajes en la Argentina, el Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de Obras Públicas, Gerardo Adrián Otero y el nuevo Administrador de la Dirección de Vialidad Nacional, Gustavo Héctor Arrieta escucharon algunos de los reclamos que buscan amortiguar el peso de los desorbitantes aumentos de tarifas aplicados por el gobierno de Mauricio Macri. Entre otras cosas, reclamaron que se elimine la hora pico los fines de semana y las múltiples franjas horarias que implicaron aumentos encubiertos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Entre un amplio abanico de temas, está pendiente la situación de las concesiones de la Panamericana y el Acceso Oeste y de siete corredores viales de rutas nacionales que hoy se encuentran judicializados. Se trata, por un lado, de la investigación por los importantes beneficios y la prórroga del contrato sin licitación a la empresa Ausol S.A, cuyo accionista era el Grupo Socma. La causa por defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. Mientras que la otra investigación cursa en el juzgado de Sebastián Casanello y busca determinar si hubo delito en la operatoria con contratos totalmente vencidos durante casi dos años de una importante cantidad de rutas nacionales.
Mientras que la situación de la administración del Acceso Norte está bajo análisis de las nuevas autoridades, fuentes del Ministerio de Obras Públicas señalaron que “no está en los planes” volver a licitar los corredores que hoy están en la mira de la Justicia. El ex Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, imputado en la causa, había firmado el traspaso de esas rutas a la empresa estatal Corredores S.A. dos semanas después de la apertura del expediente en Comodoro Py, lo que significó un reconocimiento de la situación irregular en la que estaban operando las concesionarias, supuestamente a la espera de una nueva licitación bajo el paraguas de las PPP. Ahora, como se dijo, el gobierno de Alberto Fernández planea dejar a esas las rutas bajo la órbita estatal.
En el caso de las autopistas, Lasca consideró que las concesiones deberían caerse: “son obras recontra pagadas y amortizadas que deberían volver a manos del Estado y eliminarse el cobro del peaje”. Y consideró que “el Poder Ejecutivo tiene que velar por el interés general y no del club de los empresarios del peaje”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirma que su política será la de priorizar el manejo estatal: “Tenemos dos líneas de trabajo muy importantes, por un lado evitar la cartelización de la obra pública en nuestro país, garantizar condiciones y normas que permitan que realmente haya de parte del Estado un rol de ordenador, coordinador, de responsable de un plan de obra pública a nivel nacional”, dijo ante la consuta de Página/12. Y agregó que buscarán “lograr que haya una competencia transparente y clara, garantizando que las obras se hagan al menor costo posible”.
