El gobernador Jorge Capitanich suscribió un decreto, a través del cual se le otorga una pensión vitalicia a la última sobreviviente qom de la Masacre de Napalpí Rosa Grilo. De esta manera, la ciudadana de 111 años comenzará a percibir una asignación mensual intransferible, compatible con otras asignaciones sociales estatales. Además se la exime del pago de servicios públicos.

El decreto compromete también a las autoridades correspondientes a garantizar la provisión gratuita de agua y a los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social para proveer la correspondiente atención sociosanitaria, en tanto que instruye al Ministerio de Planificación y Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos restitutivos a la sobreviviente que garantiza el instrumento legal.

El objetivo del decreto es efectivizar de manera inmediata estos derechos establecidos en el proyecto de ley presentado por la diputada Teresa Cubells, elaborado en forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia.

Así, hasta tanto el Poder Legislativo retome su actividad ordinaria, queda igualmente garantizado su cumplimiento, de acuerdo al tenor humanitario que reviste el caso. No obstante, se solicita el tratamiento prioritario de dicho proyecto de ley entendiendo al decreto como la voluntad del Ejecutivo de apoyar la iniciativa.

La iniciativa forma parte de las políticas de reparación histórica del Estado Provincial que contempló en 2008, durante el primer mandato de Jorge Capitanich, el pedido de perdón por parte del gobierno provincial a los pueblos Qom y Moqoit por la Masacre de Napalpí y a las comunidades originarias víctimas del terrorismo de Estado. Además el Estado provincial impulsó las correspondientes investigaciones y gestiones judiciales para la Memoria y la Justicia de los pueblos.

A partir de estas investigaciones se supo la existencia, en Colonia Aborigen, de la sobreviviente Rosa Grilo cuyo testimonio ante Fiscalía Federal de Resistencia, fue clave para la apertura de un juicio por la verdad que reconstruya lo sucedido.

En junio de 2019 la legislatura provincial la declaró Patrimonio Cultural Viviente y el gobierno provincial le entregó una vivienda. No obstante, para el gobierno provincial esas respuestas resultaban incompletas, por lo que trabajó en un proyecto de ley a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros que le garantice una mejor calidad de vida, y suscribió hasta tanto el presente decreto.

EL ESTADO CHAQUEÑO, QUERELLANTE EN LA CAUSA

Días atrás, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros informó que será querellante en la causa por la masacre de Napalpí. La importancia de la decisión radica en el compromiso del Estado chaqueño de contribuir en el restablecimiento de la verdad, la memoria y la justicia, como parte integral de la política reparatoria hacia los pueblos originarios en particular y del pueblo chaqueño en general.

En 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal actuó de oficio, a través del Federico Carniel, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay, iniciando la investigación sobre los hechos ocurridos durante la Masacre de Napalpí. Dicho trabajo cuenta con testimonios de sobrevivientes como Pedro Balquinta, Rosa Grilo, y los hijos de los sobrevivientes Melitona Enrique, Rosa Chara y Enrique Lacori.

A su vez, se incorporaron trabajos de investigación sobre la Masacre de Napalpí y el Genocidio Indígena, recortes periodísticos de la época, legajos de efectivos de la Policía Nacional de Territorios Nacionales, informes y documentación del Ministerio del Interior y de Defensa de la Nación, del Archivo del Congreso Nacional, del Archivo Histórico del Chaco, del Superior Tribunal del Chaco y del Aeroclub Chaco.

En septiembre de 2019, por pedido de la Fiscalía Federal, el Equipo de Antropología Forense (E.A.A.F) inició excavaciones en el lote 39 de Colonia Aborigen Chaco, lugar donde los testimonios indicaron que habían sido depositados los cuerpos en fosas comunes luego de la Masacre. Con las excavaciones, que aún están en curso, se daría por concluida la investigación y la fiscalía requerirá al juez la apertura de un juicio por la verdad.