El Banco Nación cuestionó el millonario préstamo del macrismo a Vicentín

Las nuevas autoridades del Banco Nación, presidido por Eduardo Hecker, abrieron un sumario para investigar el préstamo de 18.700 millones de pesos que la gestión de Javier González Fraga brindó a la cerealera Vicentín, que se declaró en «estrés financiero» a principios de diciembre. El vocero del Banco Nación, Sergio Resumil, advirtió que en el préstamo otorgado por la administración macrista «hubo controles que no fueron activados».

Resumil, en diálogo con Radio 10, explicó que tras la renovación de autoridades «se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes y porque no se habían cumplido las mejores prácticas en su otorgamiento». El «estrés financiero» declarado por la empresa santafecina significa una pesada herencia para las nuevas autoridades del organismo, ya que la deuda con el banco estatal representa el 78 % de la deuda total financiera de la firma cerealera.

«¿Por qué se vulneraron las reglas de control que rigen el otorgamiento de este tipo de créditos?», se preguntan las nuevas autoridades del banco, que cambiaron la calificación de la deuda de la compañía, de «categoría 1» a «categoría 4», que significa una alta probabilidad de morosidad.

El vocero del organismo señaló que la recategorización coloca a la empresa en una situación previa a la quiebra o la convocatoria de acreedores, por lo cual se habilitó un canal de negociación para avanzar en la cancelación de la deuda. «Hasta hoy, la empresa no presentó al banco ninguna propuesta de pago», advirtió Resumil.

El mismo vocero señaló que «en 2018 Vicentín facturó 118.000 millones, es decir que la deuda representaba el 15% de esa facturación». «Para el banco no es grato que una empresa quiebre, pero estamos obligados a proteger nuestros activos, porque tenemos ocho millones de clientes», subrayó Resumil.

Mientras tanto, esta semana Vicentín inició negociaciones con el resto de los acreedores, entre ellos el Centro de Corredores de Cereales de Rosario y Santa Fe y la Sociedad Gremial de Acopiadores de la misma provincia, que representan el 22% restante de la deuda.

Ante esos acreedores, la firma cerealera se comprometió a no inciar el concurso preventivo de crisis, poner en marcha sus plantas y presentar una oferta de pago de una parte de la deuda.

«No podemos tolerar que los recursos que depositan los argentinos sean objeto de este tipo de maniobras. Lo ideal sería que la empresa no vaya a la quiebra, pero queremos recuperar el dinero. Por eso si no hay oferta de pago, se tomarán otras acciones», manifestó Resumil.