“Macri desplazó a 41 mil empleados del Estado pero multiplicó la línea dirigencial» 

Durante los años del macrismo, Ana Castellani estudió y analizó, entre otras cosas, cómo la élite económica se acomodó en el Estado y quedó a ambos lados del mostrador. Doctora en Ciencias Sociales, directora del Centro de Innovación de los Trabajadores (Umet-Conicet) y coordinadora junto a Paula Canelo del Observatorio de las elites, ocupa ahora un despacho en un edificio en el que funcionaba el ministerio de Modernización: es secretaria de Gestión y Empleo Público y depende de la Jefatura de Gabinete. Desde ellí se dispone a pensar mejoras para el Estado desde adentro. “Creían que era bueno que el sector privado administre lo público, pero es un error garrafal. Confundir el Estado con una empresa es un error de concepto. Por suerte con estos cuatro años ese debate queda saldado”, señala. Apunta que con Alberto Fernández la elite política es “plebeya” y que eso es posible en la Argentina grancias a la universidad pública. Habla del trabajo de familiares de funcionarios en el Estado, de la distirbución de por género y de los conflictos de intereses. Revela Cambiemos desplazó a 41 mil trabajadores del Estado pero multiplicó la línea dirigencial. “La gente remite maltratos en la sociabilidad elemental, no saludar, no mirar a los ojos, tratar a los empleados como la servidumbre de las casas de las élites”.

–¿Cuáles son los principales cambios que quieren introducir en la concepción del Estado?

–El macrismo concibió al Estado como un lugar de ineficiencia, cooptado por la militancia, con nada para rescatar. Se le debía dar la impronta de la productividad y la eficiencia que solamente existe, en esta mirada, en el sector privado. Hubo un desconocimiento de las importantísimas capacidades estatales que hay en la administración pública y que son claves para que las políticas públicas funcionen. Se contrataron consultoras privadas para hacer la racionalización de las plantas y establecer la dotación óptima de cada una de las reparticiones. Tenían la misma planilla de análisis de dotaciones a todas las reparticiones. Y pasaron cosas ridículas como ir a la Comisión Nacional de Energía Atómica con el mismo cuestionario que en la Superintendencia de Seguros. Y preguntaban por qué necesitan que los técnicos que revisan los reactores estén rotando cada x tiempo.

–Quedó plasmado en esa frase de la grasa militante.

–Precisamente. La grasa es algo que uno siempre quiere deshacerse, además no solamente es despectivo sino que tiene algo insalubre, algo de vulgar. Hubo dos grandes objetivos de Cambiemos en el área de la modernización. Uno fue la tecnologización del Estado, la puesta en marcha del expediente electrónico. Hay muchísimas cuestiones para revisar en términos de conflicto de intereses en esas licitaciones pero, a pesar de los malos manejos, implicó mejoras en los procesos de la administración pública. Nadie piensa volver al papel. Pero donde Cambiemos ha sido mucho más transformador negativamente es en materia del empleo público, porque se llegó a una concepción del empleado público como un ventajero que no quiere trabajar, sin ninguna capacidad. Yo diría que es sociológicamente de clase porque acá la gente remite maltratos en la sociabilidad elemental, no saludar, no mirar a los ojos, tratar a los empleados como la servidumbre de las casas de las élites. El nivel de maltrato ha sido enorme y el temor ha sido muy fuerte.

–¿Cuántas personas fueron desplazadas?

–41 mil personas fueron desplazadas de la función pública a nivel nacional. La mayoría eran designaciones transitorias pero también muchos concursados fueron desplazados. No estamos contando los ingresos que se produjeron hasta el 2018, fundamentalmente en lo que se llama la raviolera o la cúpula de la función pública. Hay dos grandes tipos de empleados: la línea, que son los empleados de la carrera administrativa sin función ejecutiva y la conducción política, que entra y sale con el gobierno. Y hay un colchón en el medio que es la alta dirección pública, los directores o coordinadores, que son las figuras que en el macrismo más crecieron. O sea, mientras se iba llevando adelante la racionalización de la planta estatal se iba multiplicando, hasta un 50 por ciento la línea dirigencial. Nosotros vamos a revisar las designaciones de los últimos tres años y los concursos de los últimos dos y los que están en curso. Ingresaron muchos en cargos altos por excepción. Lo que se revisa es la función y la idoneidad. Se inventaban coordinaciones, la coordinación de la coordinación coordinada. Cada uno de esos cargos de dirección son equivalentes a cinco de los que habían despedido. Muchos despidos tuvieron que ver también con la supresión de programas. Si hay programas que dejan de funcionar, esa gente se queda sin funciones. Por eso mucha gente también renunció. El problema no era venir a trabajar, sino venir y no tener ninguna función que cumplir. Hay un común denominador: una sensación de maltrato y de sospecha permanente. O sea, se controlaban las redes sociales y en función de eso se tomaban decisiones sobre si continuaban o no algunas personas.

–¿Cuáles fueron las primeras medidas que tomaron ustedes?

–Poner en suspenso el decreto que sancionó a Macri a fines de noviembre, con el que se generaba un régimen diferencial para la alta dirección pública, para los directores y coordinadores, que eran precisamente lo que más se había abultado en los dos primeros años de la gestión de Cambiemos. Eso generaba beneficios discrecionales en comparación con los que tiene el Sistema Nacional de Empleo Público. Y condiciones más favorables de acceso con menos requisitos que permitía tener gente sub 30 sin experiencia en conducción de equipos, sin título de posgrado, haciéndose cargo de direcciones nacionales. Es muy fuerte la cantidad de cargos que todavía hay en el Estado sin concursar. Hay que hacer 68 mil concursos. En cuatro años no voy a poder, pero mi objetivo es irme habiendo concursado a todas las personas que tienen más de diez años.

–¿Encontraron sobresueldos?

–Los secretarios, subsecretarios y ministros tenemos dentro del presupuesto lo que se llama unidades retributivas. Con eso se suele premiar a alguna persona del staff, o pagar a algún colaborador extra. Es discrecional. Pero hay casos en los que las unidades retributivas se usaron para sí mismos. Yo llegué el 9 de diciembre y la caja chica estaba en cero, y la caja chica es una por mes. O sea, tengo que creer que mi antecesor se consumió del 1 al 7 de diciembre la cuota de la caja chica integra. Pero es el primer dato de los cuidadores de recursos públicos. Y después están las cosas que están rayanas con la ilegalidad, que han sido las contrataciones de consultorías que esconden en realidad generaban un retorno para los funcionarios que la contrataban. Lo de las unidades retributivos creo que las usaron así porque creían que debían pagar sueldos más altos para traer gente del sector privado. Creían que era bueno que el sector privado administre lo público, pero es un error garrafal. Confundir el Estado con una empresa es un error de concepto. Por suerte con estos cuatro años de gestión de Macri ese debate queda saldado. Ser el mejor de la mejor empresa trasnacional no te habilita a ser el mejor hacedor de la política energética de un país. No es el mismo derecho que te rige. No son las mismas condiciones de sociabilidad de política y construcción de legitimidad.

–No es el mismo interés ni los objetivos

–Ni el interés ni las visiones. Tu objetivo en una empresa es la maximización de utilidades y siempre estás pensando en un sector. En el sector público estás pensado en los bienes públicos y en el interés general. Acá no venimos a hacer la política para una parte.

–¿Cuál es su postura sobre el tema de las contrataciones de parientes en el Estado?

–El jefe de gabinete nos instruyó a pensar la cuestión del nepotismo y cómo reglamentarlo. En todos los países donde hay reglamentación de nepotismo la prohibición rige sobre el área de jurisdicción de la autoridad política, no sobre todo el Estado. En ningún país del mundo existe lo que Macri sancionó, que es que no se pueda nombrar en todo el sector público a un pariente de hasta segundo grado. Pero los primos, que son de cuarto grado, quedaban excluidos en lo que estableció Macri. O sea que podías tener primos en toda la administración pública nombrados, pero, por ejemplo, un hermano del ministro de Defensa no podía ser designado en el Ministerio de Educación. No tiene asidero. Lo que hay que restringir es en el ámbito de la jurisdicción del ministro. Siempre, además, distinguiendo entre autoridades políticas y empleados de carrera, que pueden conseguir la estabilidad plena. Un funcionario en su jurisdicción puede traer un hermano o un primo a trabajar con él, siempre y cuando cumpla el requisito de idoneidad. Lo que no puede hacer designar su jurisdicción como empleado, aunque sea con una designación transitoria, a su familia. Ahora si a mi hermano o algún pariente lo llamaran para trabajar en otra jurisdicción, para mí no tiene ningún impedimento. No obstante, se está trabajando en una norma nueva. Lo que hay hoy es engañoso porque lo extiende a todas las jurisdicciones pero es muy poco restrictivo en cuanto al grado de parentesco, porque lo lleva nada más que hasta el segundo grado.

–¿Sobre la paridad de género están trabajando? ¿Se sabe si hubo una evolución?

—En los últimos tiempos la evolución es positiva, pero sigue siendo abrumadora la mayoría de varones en los cargos. Si hablamos de ministros, secretarios, subsecretarios, sea el gobierno que sea está 75/25 80/20. Seguimos teniendo en los cargos más altos predominio masculino, pero no pasa lo mismo a nivel de las direcciones nacionales o direcciones simples o coordinaciones. Ahí hay un promedio de 60/40 65/35. Para que eso pueda cambiar se tienen que generar condiciones distintas. Los cargos tienen que ser entendidos como algo en donde una mujer pueda desempeñarse sin sentir que con eso deja atrás todo lo que tiene que ver con la vocación de cuidadora, donde socialmente todavía hay una diferencia. Ese techo de cristal se va corrigiendo cuando se modifican criterios de reclutamiento, cuando se establecen cupos y cuando se modifican condiciones del ejercicio del puesto. Si Santiago Cafiero me hubiera dicho que tenía que estar disponible hasta las 12 de la noche en la oficina y los fines de semana, no lo haría, tengo hijos y tengo que tener un equilibrio. Está claro que este puesto demanda más que un puesto académico. Yo estoy separada, mis hijos también están con su padre y tengo una persona que puede estar en mi ausencia, pero yo no me banco no ver a mis hijos. Necesito poder estar con ellos. Pero veo ese deseo también en los hombres de la nueva camada.

–Más allá de que no se haya hecho un gabinete paritario, ¿En este gobierno creció la cantidad de secretarias o subsecretarias?

–Todavía no tenemos la estructura aprobada hasta subsecretarios. En la Jefatura de Gabinete, en la primera línea digamos que hay bastante equilibrio. Y además no solamente un equilibrio numérico sino que hay secretarías que son clave, está Cecilia Todesca como vicejefa de Gabinete, que sigue la evolución del presupuesto. No es que no haya mujeres capaces de ser ministras o secretarias. Pero la realidad es que hay una historia, no se puede negar el pasado y en el pasado la clase política dirigencial ejecutiva, más que la legislativa, que ya viene con cupo de antes, es eminentemente masculina. Creo que probablemente en unos años se va a lograr paridad. Es empezar un camino. Muchas mujeres arrancan de subsecretaria o de secretaria y luego pueden ser reclutadas para ministra. Hay algunas que son ministras por peso propio, que ya venían con una trayectoria en el Poder Legislativo o en la academia. Hay dos apuestas fuertes, con Elizabeth Gómez Alcorta y con Sabina Fréderic. Pero tampoco en las mesas políticas en las que estuve en el grupo Callao había una abrumadora mayoría femenina. O sea, en los espacios previos, donde se fueron conformando los equipos técnicos, siempre son minoría las mujeres. Es un fenómeno más profundo. El Poder es masculino. Las elites son masculinas. Entre los presidentes de empresas o gerentes generales de empresas es peor.

–Hubo un anuncio del jefe de Gabinete sobre recorte del “gasto político” y por otro lado está la tensión de que “el gasto político” se usa como recurso contra la política en general ¿Cómo lo evalúa?

–Hay que cuidar al máximo los recursos públicos porque son escasos. Con la responsabilidad que tienen los cargos no me parece descabellado lo que se gana. Dicho esto, en el contexto de la emergencia social y económica en el que está el país, en el contexto de la Ley de Solidaridad que orienta las políticas públicas de este gobierno, estoy totalmente de acuerdo de congelar los salarios de los altos funcionarios durante todo el 2020. No va a resolver el problema. Pero es un gesto reparador que podemos tener para con la ciudadanía. Sí tenemos nichos donde hay privilegios y son salarios que están totalmente dislocados de la realidad. El servicio exterior argentino tiene salarios promedio en mano del orden de 400 mil pesos. Es un disparate. También, cuando te dicen no hay ningún problema en lo que gana un gerente en una empresa privada porque total lo pagan ellos, eso no es verdad, lo pagamos cada vez que compramos un producto, por ejemplo, porque ese costo es trasladado a los precios. No es que en el sector privado lo hacen con la suya y en el sector público se paga con la nuestra. Y también podrían pagar mejores salarios sus trabajadores y bajarse el sueldo. Pero eso no pasa.

–Trabajó desde la investigación en los casos de conflictos de interés en el macrismo ¿Qué van a hacer ahora con es el tema?

–Es clave que haya un trabajo transversal en todas las jurisdicciones del sector público para garantizar la integridad. Nosotros habíamos revisado hasta directores nacionales y habíamos encontrado 161 directores nacionales seguían formando parte de directorios de empresas privadas. Hay que ver cuántos renunciaron y cuántos no, pero yo me tengo que ocupar de que eso no pase. No podés tener un funcionario en la línea de director nacional que además forme parte del directorio de una empresa privada. Es incompatible. La función pública sólo es compatible con el ejercicio de la docencia.

–Durante estos últimos años trabajó en el diagnóstico de cómo las elites tomaron el Estado durante el macrismo ¿A qué apuntan ahora? Si el gobierno de MAcri fue el de las las élites, el de Alberto Fernández…?

–Claramente no es el gobierno de las elites, si bien las posiciones que ocupamos son de elite. Las autoridades políticas son posiciones de elite. Ser secretaria de Estado es una posición de élite. Ahora, la persona que está ocupando esa posición de Estado vive en Sarandí, viene de padres que no terminaron la secundaria. Hay un origen social en las posiciones de elite que es muy distinto al que se hizo en el gobierno de Cambiemos. Hay otro criterio de reclutamiento en el gabinete de Alberto. Ahí hay élite política clara y no a nivel social. Eso me parece que va a tener un efecto y no solamente desde lo más elemental que es que los empleados se asombren que los saludamos, sino también… no sé en qué país y en qué gobierno del planeta se puede dar que la persona que acá hoy nos trajo una jarra de agua viva a 15 cuadras de la casa de la secretaria de Estado. Yo creo que hay pocos países en el mundo que tienen una elite tan plebeya. Y la tenemos por ese decreto que tengo enmarcado y que hace 70 años hizo gratuita la universidad pública porque ¿cuál es la credencial que te distingue para estar acá? El 75 por ciento de las elites sean económicas o políticas son graduados universitarios. En este país se puede llegar al título universitario sin pagar, obviamente hay un esfuerzo de la familia para que uno pueda ir, pero es mucho más sencillo. No te pase en Chile, no te pasa en Colombia o no te pasa en Perú, que son los países que tenía bien estudiado, donde la configuración de la élite política es muy cerrada. Cambiemos también tenía casos de gente que había llegado a ese lugar viniendo de sectores sociales medios o medios bajos. Pero el peronismo es el gran plebeyizador de la fuerza política porque el diputado también viene de abajo, porque recluta en los movimientos sociales, en el sindicalismo. Es un movimiento muy amplio. Por eso esta elite ejecutiva en la administración pública tan plebeya es posible en la Argentina peronista.