Diputados aprobó la Ley de Solidaridad Social

Tras un largo debate, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica. El proyecto fue aprobado en general con el voto de 134 legisladores. En contra votaron 110. El Senado tiene previsto darle sanción definitiva hoy mismo.

El proyecto del Gobierno que declara la emergencia en materia económica, financiera, administrativa, previsional, fiscal, tarifaria, energética, sanitaria y social fue debatido por más de 15 horas hasta su aprobación en general. La votación en general fue poco antes de las seis y media de la mañana. Junto a los oficialistas votaron los legisladores que responden a Roberto Lavagna, al gobernador cordobés Juan Schiaretti y de distintos bloques provinciales.

Durante el debate el propio Alberto Fernández instruyó a sus diputados a “mejorar» la iniciativa con el propósito de sumar voluntades. Así se avanzó en la segmentación de las retenciones, favoreciendo a los pequeños y medianos productores. También se exceptuó a docentes y científicos de la emergencia previsional.

El oficialismo admitió numerosas modificaciones al texto original, especialmente en los dos puntos más conflictivos de la iniciativa: jubilaciones y retenciones, a las que se habían sumado algunas agrupaciones agropecuarias como la Federación Agraria y CRA. Así el Frente de Todos consiguió el número necesario para la media sanción.

Modificaciones

La decisión de realizar concesiones surgió desde el propio presidente Fernández antes que arrancara el debate en Diputados. En un hilo de tuits el Presidente sostuvo que sugirió al jefe de la bancada de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, “mejorar la ley que se está tratando en el día de hoy”. “Queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos. Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal”, remarcó.

También reveló que habilitó “incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”. Por último expresó que “contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión. Pero queremos construir confianza entre todos y todas y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros. Unidos en el debate pondremos de pie a la Argentina”.

La propuesta ya había sido plasmada en el texto modificado del dictamen de mayoría, que el FdT consiguió el miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Allí se especifica que el 67 por ciento de la suba en las retenciones irá “al financiamiento de los programas de la Administración Nacional de Seguridad Social y el PAMI. Pero que otro 3 por ciento “se destinará a la creación de un Fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos». Y que «este Fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura”. Un sistema de compensaciones con los que el gobierno busca diferenciar a los pequeños y medianos agricultores.

Pero dos de las cámaras patronales que integran la Mesa de Enlace, FA y CRA, acercaron al lavagnista Interbloque Federal una propuesta de segmentación de las retenciones. La discusión y negociación sobre compensación y retenciones continuaba al cierre de esta edición en los despachos del Palacio Legislativo, hasta donde incluso llegó el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Aunque el Lavagnismo insistía en la segmentación por regiones y mayores compensaciones para los pequeños y medianos productores para acompañar el artículo sobre retenciones agropecuarias.

En tanto también se modificaron los derechos de exportación de hidrocarburos y minería, que la actualización realizada por Fernández al decreto con que Mauricio Macri repuso las retenciones las dejó en el 12 por ciento. “Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8 por ciento del valor del valor imponible o del precio oficial”, reza el texto del dictamen que se discutía en el recinto. La baja de 4 puntos, habían sido justificadas el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ante en el plenario de comisiones donde sostuvo que el gravamen a esas actividades también deberían contemplar las regalías que reciben las provincias productoras.

Jubilaciones

Hasta ayer por la tarde se habían excluido de la suspensión de la ley de movilidad para jubilaciones y pensiones varios regímenes especiales . La medida alcanza a los docentes, docentes universitarios, científicos y las pensiones graciables para los hijos de víctimas de violencia de Género, que estableció la llamada Ley Brisa.

En los pasillos de la Cámara baja comenzaron correr las menciones a la resistencia del lobby judicial, que también quiere fuera de la suspensión a su privilegiado régimen jubilatorio.

El Gobierno y el oficialismo buscaron bajar las tensiones con el párrafo agregado al texto oficial en el que se compromete a convocar a una comisión integrada por el Ejecutivo y el Congreso de la Nación que proponga un proyecto de movilidad jubilatoria, que reemplace al actual y suspendido por 180 días. Pero propios y aliados seguían exigiendo otras propuestas que garanticen una recuperación económica a las jubilaciones y pensiones que no son alcanzadas por las sumas fijas que se otorgarán a la mínima durante diciembre y enero.

Entre otras modificaciones, se eliminaron varios artículos que acompañaban la emergencia sanitaria. Entre ellos, el que suspendía por un año la incorporación “de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas, al Programa Médico Obligatorio (PMO). Otras modificaciones incorporaron nuevos destinos para la recaudación de los impuestos creados: el PAMI también será uno de los beneficiarios del impuesto a los gastos en dólares en el exterior.

Debate

La sesión arrancó apenas 5 minutos después de la hora convocada. El oficialismo logró sentar en el recinto 129 diputados, entre propios y aliados, y con el número justo abrió el debate. En tanto, JpC celebró que ninguno de sus diputados del interbloque aportó al quórum, para despejar la posibilidad de tener que enfrentar díscolos en su bancada y que quienes estaban dispuestos a acompañar el quórum si no se lograba no tuvieran que sentarse en las bancas. Fue la muestra que la discusión sería dura. Aunque por lo bajo, varios diputados de JpC sostenían que podrían acompañar partes de las emergencias sanitarias y social, así como la moratoria a las Pymes.

Carlos Heller defendió el proyecto oficialista y repasó aspectos de la herencia macrista. “En materia financiera, los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. El anterior gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque los hechos demostraron que la deuda tal como estaba contraída era imposible de pagar”, sostuvo. “La economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante” y “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino, y esta es la deuda interna que ha dejado el estado con sus habitantes”, sumó Darío Martínez.

“La emergencia en Argentina se ha consagrado como un estado de normalidad más que de excepción”, ya que “el kirchnerismo gobernó durante 14 años en emergencia”, replicó el macrista Luciano Laspina y agregó: “No nos parece bien cerrar el Congreso en el altar de las herramientas del nuevo gobierno. Entiendo las necesidades del gobierno de Alberto Fernández de instalar la sensación de ‘tierra arrasada’, pero ese relato no es consistente con la transición ordenada que hemos tenido como hace muchos años no teníamos”.

Las intervenciones fueron subiendo de tono. Después de las 19,30 de la noche, cuando ya habían trascurrido varias horas de debate, llegó al Congreso Elisa Carrió, la representante del ala más dura de JpC. Carrió dijo que no iba a hablar en el recinto pero hizo circular el texto que incorporaría al registro del debate. Allí no solo justifica el rechazo que el interbloque haría al megaproyecto y amenaza con judicializar las delegaciones que el Congreso le daría al gobierno nacional.