El Gobierno anulará el decreto de Macri que dejaba tres mil funcionarios propios en el Estado
El Gobierno suspenderá el decreto que Mauricio Macri firmó 14 días antes de dejar la Casa Rosada y que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para 3000 funcionarios nombrados en su gestión. El decreto 788 del año 2019, implica «una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado», sostuvo la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, para anticipar la decisión de la nueva administración de suspender el decreto que también rubricaron el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ahora ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. La norma pretendía dejar una gruesa capa geológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos. El decreto, del que dio cuenta PáginaI12, había sido cuestionado y denunciado desde los propios abogados del Estado y el gremio de ATE.
Castellani, argumentó la decisión del nuevo Gobierno en que el decreto de Macri modifica el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta Dirección Pública e involucra a más de 3.000 cargos, creando un escalafón de «privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios».
El régimen que se buscó establecer dispone «una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción», señalaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es «vital» construir un nuevo sistema que «jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público».
El gobierno de Cambiemos inició su mandato en diciembre de 2015 con miles de despidos en todas las dependencias de la administración pública y estigmatizaba a los trabajadores que resistían los despidos como “ñoquis” y “grasa militante”. Pero a menos de dos semanas de finalizar el mandato, Macri creaba por decreto el «Régimen de Alta Dirección Pública» que daba “estabilidad laboral” a unos 3000 funcionarios jerárquicos y directores nacionales nombrados por su gestión. Además establecía que para removerlos debía pagarse una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. A modo de ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año.
El decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que «promueve un sistema de concursos más transparente». Desde UPCN también negaron ante este diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas. «Lo que planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando», había dicho entonces a PáginaI12 el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso que había dispuesto Macri tiene «exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.
