El Gobierno envió el proyecto de ley al Congreso. Empieza el tortuoso camino del reperfilamiento

El Palacio de Hacienda envió al Congreso el proyecto de ley para reestructurar la deuda pública emitida bajo legislación argentina. La normativa que ingresó al parlamento con más de tres semanas de demora no detalla los términos en los que se realizará la negociación con los tenedores locales y extranjeros de esos bonos. La iniciativa había sido anunciada a finales del mes pasado, cuando el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dispuso el default de los papeles de cortísimo plazo. Ambas medidas junto con el esquema de controles cambiarios conformaron la estrategia oficial para hacer frente a los vencimientos de la deuda y las renovadas presiones cambiarias. “El problema hoy es de plazos, por eso se está pensando en una extensión ‘amigable’, no es un cambio en las condiciones de los bonos”, indicaron fuentes oficiales al referirse a los términos de la futura negociación.

“Este proyecto habilita al Ejecutivo a entablar una negociación. Da una señal de que la eventual discusión de la deuda se hará en un marco voluntario y de racionalidad”, indicaron desde Hacienda. La reestructuración alcanzará a bonos por una suma superior a los 20.000 millones de dólares. Se trata de títulos regidos por ley argentina. Los papeles comprendidos son aquellos que fueron emitidos a 10 años de plazo. Las tenencias de títulos registradas a nombre de cualquier entidad del Sector Público Nacional no serán tenidas en cuenta como parte de la emisión, ni a los fines del cómputo de las mayorías. Tampoco quedan alcanzadas las tenencias del FGS de la Anses.

Los funcionarios pretenden que la reestructuración sea acompañada con la incorporación de cláusulas de acción colectiva en los nuevos papeles. “El principal artículo del proyecto incorpora a estos bonos la cláusula de acción colectiva que sí tienen los de legislación extranjera, y que establece que si el 66 por ciento de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50 por ciento por especie”, expresaron desde la cartera que encabeza Lacunza. “Argentina no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de su deuda, pero sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual”, sostienen desde el Palacio de Hacienda.

Cuando anunció el default de las letras de corto plazo y el intento de reestructuración de los bonos con legislación argentina, Lacunza informó que también buscarían modificar los plazos de repago con los tenedores de los títulos emitidos bajo ley extranjera. “Sería razonable trabajar en paralelo con ambas legislaciones. En primer lugar, porque hay superposición de tenedores, y por otro lado, porque los riesgos de liquidez en el corto plazo están más asociados con la ley argentina. Resolver ambos frentes es necesario”, consideraron en Hacienda. La pretensión oficial es modificar los plazos de pago de 30.000 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera. Bancos extranjeros ya presentaron propuestas para encarar esas negociaciones que se desarrollarían tras el recambio presidencial.