El debate sobre cómo organizar el debate presidencial
La organización del debate presidencial ya está en marcha. Se prevé que cada uno –el primero el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el segundo el 20 del mismo mes en la Facultad de Derecho de la UBA– dure un poco más de dos horas. El consejo asesor para la organización, integrado por académicos, organizaciones de la sociedad civil y la Cámara Nacional Electoral, les propuso a los seis representantes de los partidos un esquema de dos bloques de unos cuarenta minutos, con un intervalo de doce, y un cierre por candidato. Quedó en manos de los frentes definir si será así o no.
La Ley de Debate Presidencial Obligatorio indica que deben ser los equipos de campaña los que definan los moderadores, los temas a desarrollar y el reglamento. Igualmente, el consejo asesor les presentó a los apoderados de cada fuerza un escrito con distintos temas. Para el primer debate, según pudo reconstruir PáginaI12, les propusieron debatir sobre: política económica, salud, relaciones internacionales y derechos humanos, género y diversidad. Para el segundo: empleo y vivienda, federalismo fiscal y coparticipación, institucional y rol del Estado y seguridad. Serían dos temas por bloque, es decir cuatro por debate y ocho en total. El consejo asesor llegó a estos temas, que “son los que más interesan a la ciudadanía”, a través de 150 entrevistas, bases de datos de organizaciones sociales y el trabajo de cuatro encuestadoras.
Sin mujeres en la mesa, los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, y los rectores Enrique Mamarella (UNL) y Alberto Barbieri (UBA), en el lugar de anfitriones, recibieron este jueves a la prensa en el primer piso de la sede de la Cámara Nacional Electoral. “Está previsto que el debate tenga la mayor difusión posible. La trasmisión de radio y televisión será absolutamente libre, para que todos los medios pueda acceder a esta discusión”, explicó Corcuera y agregó que “los protagonistas son los candidatos pero es un debate dedicado a los ciudadanos”.
El debate es obligatorio para todos los candidatos que compitan por la Presidencia en la elección general del 27 de octubre: Alberto Fernández, del Frente de Todos; Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio; Roberto Lavagna, de Consenso Federal; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda; José Luis Espert, de Unite; y Juan José Gómez Centurión, del Frente Nos. Quienes no participen serán castigados con la quita de los espacios de publicidad audiovisual que les corresponden y, durante el debate, su lugar quedará vacío en el escenario “a fin de denotar su ausencia”, según lo que regula la Ley 27.337. Por el momento, todo indica que no habría ninguna ausencia.
Sobre las promesas incumplidas de Mauricio Macri, en el debate presidencial de 2015, Barbieri dijo: “Nosotros no podemos comentar sobre las promesas de los candidatos, si las cumplen o no, para eso la ciudadanía en el voto sabrá lo que tiene que hacer”.
Para los dos debates –también para un tercero en una eventual segunda vuelta electoral–, el Poder Ejecutivo giró un presupuesto de 24 millones de pesos. Si bien la definición de los moderadores corre por cuenta de los equipos de campaña, desde el consejo asesor les propusieron que sean un hombre y una mujer en cada uno para que no se repita la ausencia femenina que hubo en 2015. Otro de los puntos que los representantes de cada espacio deberán definir es si habrá o no tramos para que los candidatos discutan libremente entre ellos.
Según contó a este diario uno de los apoderados que se reunieron con los camaristas, los representantes de los partidos menos votados propondrán una agenda de temas que despierten mayor polémica en los votantes. Al contrario de los más votados, que no buscarán entrar en la confrontación para mantener su caudal de electores.
Los apoderados quedaron en volver a reunirse el jueves de la semana que viene para comenzar a definir algunos de los temas y reglamentos del debate. La Cámara Nacional Electoral pondrá a los últimos días de septiembre como fecha límite para que lleguen a un consenso. De no haberlo, Corcuera y Dalla Vía deberán intervenir para establecer las bases y condiciones del debate.
Informe: Antonio Riccobene.
