Capitanich presentó propuestas en seguridad, justicia y derechos humanos

En la Facultad de Humanidades de la UNNE, el candidato a gobernador del Frente Chaqueño debatió ideas, intercambió opiniones y recibió objeciones y recomendaciones para lograr un consenso en estas temáticas.

En el marco del programa de gobierno para el periodo 2019-2023, el candidato a gobernador del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich presentó sus propuestas e iniciativas a desarrollar en materia de seguridad ciudadana, justicia, derechos humanos y prevención de la tortura para los próximos cuatros años en caso de acceder a la titularidad del Ejecutivo provincial. La propuesta tuvo como objetivo debatir ideas, intercambiar opiniones y recibir objeciones y recomendaciones para lograr un consenso en estas temáticas sensibles a la sociedad.

En el salón de actos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Coqui detalló sus iniciativas e instó a debatir políticas para el desarrollo sostenible. El programa de gobierno 2019-2023, según detalló Capitanich, contiene 10 premisas básicas, tres ejes estratégicos, una agenda digital, 200 medidas de gobierno y 25 acuerdos sectoriales. Durante la jornada, Capitanich planteó las propuestas y recibió recomendaciones y objeciones: “La seguridad es un fenómeno multicausal, es un problema grave por lo que el abordaje debe ser interdisciplinario con fuerte participación ciudadana. El cumplimiento de las normas garantiza el ejercicio de derechos”, destacó.

Seguridad Ciudadana

Capitanich manifestó que se apunta a la “profundización de la ley de seguridad ciudadana y su aplicación efectiva, así como mejoras de inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y tecnología, y otros. Todo en el marco de un gran debate y trabajos en foros para poder analizar en profundidad políticas fuertes en un tema muy sensible y de notoria preocupación para la comunidad, que requiere herramientas de participación ciudadana y de carácter institucional”, señaló.

En ese marco, mostró 11 compromisos a trabajar e implementar en materia de seguridad ciudadana. Estos son: 1, un plan plurianual de obras para la construcción y remodelación de comisarías (92 comisarías en óptimas condiciones), con incorporación de los reclusos en las tareas de construcción y refacción; 2, mejorar el sistema de inteligencia criminal para delitos complejos; 3,  fortalecer las capacidades investigativas de la policía para actuar con eficacia como auxiliares del sistema de administración de justicia; 4, instrumentar esquemas de articulación de medidas y acciones en materia de seguridad ciudadana con los gobiernos municipales, 5, perfeccionar las modalidades de planificación estratégica y operativa de la institución policial, con capacitación del recurso humano; 6, garantizar el ejercicio simultáneo de derechos en una comunidad democrática mediante el protocolo de petición ante los poderes públicos; 7, un plan plurianual de actuación territorial para reducir el índice de siniestralidad vial, con participación de los municipios; 8, promover la educación vial con el propósito de mejorar el desenvolvimiento de las personas en la vía pública como conductores y peatones; 9, garantizar a los internos privados de su libertad el reconocimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes; 10, impulsar la ratificación constitucional de la ley de seguridad democrática, del comité de prevención contra la tortura y los malos tratos; y 11, la descentralización del sistema de seguridad pública en los municipios, con participación de la comunidad en la elección de las autoridades policiales.

Justicia

En cuanto a la justicia, Capitanich señaló como importante avanzar en 10 puntos fundamentales para lograr un avance “sustancial” en esa materia.

Los puntos y compromisos para trabajar en materia de justicia son: 1, promover la realización de concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos en el Poder Judicial, con una duración de cinco (5) años y opción a un nuevo concurso por un período similar; 2, propiciar la enmienda al artículo 156 de la Constitución Provincial con el objeto de incluir al Ministerio Público de la Defensa; 3, la creación de la Escuela Judicial a fin de que los aspirantes que rinden por fuera del Poder Judicial (abogados independientes) no se encuentren en situación de desigualdad con los trabajadores del citado poder; 4, Instrumentar el juicio por jurados y una justicia de faltas que penalice severamente las contravenciones; 5, Mejorar acceso a la justicia mediante la simplificación de procedimientos, la participación de la sociedad civil y la ampliación del ámbito de actuación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; 6, promover la ampliación del ámbito de competencia de los tribunales más cercanos a la ciudadanía funcionen bajo principios de sencillez y rapidez procesal para la resolución de los conflictos inmediatos de los ciudadanos; 7, establecer que el presupuesto, la carrera judicial, los concursos y la estructura de cargos deberá guardar proporción técnica en materia de recursos por norma constitucional y regulada por ley anual; 8, apoyar la modernización del Poder Judicial para asegurar el acceso a la justicia, entendido en un sentido amplio, en particular para los grupos poblacionales más vulnerables; 9, estimular la adopción de buenas prácticas en cuanto a acceso a la justicia, asentada en la mejora de la calidad de atención y la promoción de la innovación en servicios otorgados o metodologías de intervención; y 10, promover la desconcentración de los servicios y un sistema jurídico con capacidad para responder a la demanda de conflictos que se presenta para su solución, con la calidad e integralidad necesaria.

Derechos humanos y prevención de la tortura

Por último, Capitanich dio detalles de los 10 compromisos asumidos en materia de políticas de derechos humanos. Es son: 1, trabajar, junto al Comité Provincial de Prevención de la Tortura (Ley 1798. B), para fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas privadas de su libertad; 2, asegurar la aplicación de las leyes, los reglamentos y el marco jurídico que previene y prohíbe la tortura y otras formas de malos tratos; 3, lograr un programa de formación y capacitación del personal policial y de seguridad sobre el trato debido a las personas privadas de su libertad; 4, la aplicación de directrices sobre el trato debido a las personas privadas de libertad, instauración de mecanismos de control y de supervisión; 5, introducción de sistemas efectivos para estudiar las quejas relativas a malos tratos a las personas privadas de libertad; 6, asegurar la aplicación de las garantías procesales en interrogatorios, registros de prisiones y sanciones en caso de incumplimiento de la ley; 7, revisión permanente de prácticas y reformas institucionales necesarias para garantizar que éstas se ajusten a un enfoque de derechos; 8, promover y difundir los derechos de protección de las personas privadas de su libertad a la comunidad y a los responsables de políticas públicas; 9, la investigación sobre la tortura, el enjuiciamiento efectivo de torturadores y la aplicación de mecanismos de monitoreo independientes; y 10, asegurar la instrumentación de mesas de diálogo, charlas y talleres de capacitación, tanto al personal policial, penitenciario y a la ciudadanía.

De la presentación de las propuestas participaron diferentes representantes de sectores de la sociedad, legisladores nacionales, diputados provinciales, funcionarios y ex funcionarios nacionales, provinciales y municipales, concejales, así como representantes de diferentes áreas de la educación universitaria, y referentes de foros vecinales de seguridad, organizaciones sociales y políticas y vecinos en general.