La muerte de un capitán sacude a Venezuela

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo impactó en Venezuela. Arévalo, retirado desde hacía diez años de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se encontraba detenido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ser investigado por su presunta participación en la denominada “Operación vuelvan caras” develada por el ministro de comunicación Jorge Rodríguez. Había sido detenido el 21 de julio, su muerte ocurrió “durante el acto de presentación frente al tribunal competente”, según fue informado por un comunicado oficial del gobierno nacional el 29.

Las razones exactas de la muerte de Arévalo aún no han sido esclarecidas. Las denuncias de su esposa y del abogado apuntan a que fue torturado dentro de las instalaciones de la Dgcim, lo que habría derivado en su fallecimiento. El Fiscal General, Tareck William Saab, informó haber solicitado la detención preventiva de un teniente y un sargento segundo adscritos a la Dgcim como presuntos responsables de los hechos, imputados por el delito de homicidio preterintencional con causal.

Arévalo, alias “Gonzalo” dentro de la Operación, tenía como tarea apoderarse de quince vehículos blindados del Banco Central de Venezuela para utilizarlos en el asalto al Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Palacio de Miraflores. Así fue develado en los videos presentados por Rodríguez, donde el mismo Arévalo, junto a otros implicados, aparecen explicando las acciones paso por paso del golpe que debía darse el 23, 24 y 25 de junio. Rodríguez informó que la trama había sido infiltrada durante catorce meses por la contrainteligencia del gobierno venezolano. Junto a Arévalo fueron detenidos otros tres militares retirados y dos ex comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El caso del capitán de corbeta generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Acerca de los diálogos, Juan Guaidó afirmó que la delegación opositora, que estuvo reunida días antes con el enviado especial norteamericano para el caso Venezuela, Elliot Abrams, no asistirá al encuentro. El autoproclamado sostuvo que la suspensión se debe a la muerte de Arévalo, y no anunció un posible nuevo acercamiento en el intento de resolución acordada que ya ha tenido dos instancias públicas en Oslo y cuenta con el consenso de la mayoría de los países internacionales involucrados, a excepción central de Estados Unidos.

Nicolás Maduro anunció en cambio el día martes que habrán “buenas noticias en las semanas que están por venir sobre lo bien que van los procesos de contactos, negociaciones y preacuerdos con distintos sectores de la oposición venezolana”. Ya había anticipado días antes que habría noticias, indicando así que los acercamientos han seguido su proceso fuera de cámaras.

Respecto a Bachelet, la misma se mostró “profundamente preocupada” por el caso Arévalo, y afirmó: “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte (…) urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales”.

La Alta Comisionada había estado en Venezuela la semana anterior, invitada por el gobierno, para reunirse con las diferentes instancias, como ministros, representantes de poderes públicos -Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional Constituyente, Defensoría del Pueblo-, y el presidente Maduro, a la vez que con la Asamblea Nacional, Guaidó, y organizaciones de la sociedad civil.

Su informe final será leído este viernes 5 de julio. La oposición convocó a una movilización para ese día -que es, a su vez, el aniversario de la firma del acto de independencia- desde la sede de las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hasta la Dgcim. La derecha estará confrontada con su marcada tendencia de pérdida de capacidad de movilización. El anteúltimo llamado de Guaidó en Caracas fue el 11 de mayo y contó con la asistencia de cerca de dos mil personas. El último tuvo lugar durante la visita de Bachelet y no llegó a esa cantidad.

La apuesta de la oposición es trabajar sobre la muerte de Arévalo como punto de apoyo para lograr volver a convocar a las calles a su base social desencantada. No es el único caso que ha generado conmoción: el lunes por la tarde un joven, Rufo Antonio Chacón, perdió ambos ojos ante los perdigones recibidos por un miembro de la policía del estado Táchira -que corresponde a la gobernación opositora, aunque esa policía se encuentra intervenida por el gobierno nacional por denuncias de maltratos a la ciudadanía-. El Fiscal General anunció la detención de dos funcionarios ante ese caso y afirmó que serán “severamente sancionados”.

A los casos Arévalo y Chacón se han sumado acontecimientos como la explosión de una subestación eléctrica en la ciudad de Maracaibo, la falsa denuncia de un motín en el Dgcim, que han dado lugar a un cuadro de río revuelto. Estos hecos ocurren en el contexto de un intento golpista dirigido desde EE.UU. con fachada Guaidó, que tuvo su última operación el pasado 30 de julio, y varias operaciones violentas desmontadas por los servicios de inteligencia. La más reciente, “operación vuelvan caras” contaba, entre otras cosas, con trescientos mercenarios israelíes organizados para asesinar al presidente y dirigentes claves del chavismo, según denunció el ministro Rodríguez.

A su vez, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó a Guaidó para ratificarle su apoyo “inquebrantable” y felicitarlo por el próximo 5 de julio como día de la independencia. El tiempo vuelve a ser acelerado en Venezuela.