Una muerta más por un aborto clandestino

Un día después de que miles de mujeres marcharan al Congreso para reclamar la aprobación del nuevo proyecto por la legalización del aborto, una mujer de 31 años, con tres hijos, murió por interrumpir su embarazo de forma insegura en Pacheco, Tigre. La mujer, de la que no trascendió su identidad, falleció por una infección generalizada el miércoles, tres días después de haber ingresado al Hospital Pacheco. Según comunicó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, vivía en el barrio de Los Tábanos y tenía escasos recursos económicos.

A pesar de que le practicaron una histerectomía de urgencia por el cuadro que presentaba, la mujer no sobrevivió y murió ayer por un shock séptico. De acuerdo a la información de los médicos que tuvieron acceso al diagnóstico, la infección generalizada de origen uterino se generó por una maniobra de aborto incompleto.

“Se produjo un Síndrome de Mondor, una infección en el útero”, explicó a este diario Cecilia Agote, miembro de la Red. El martes, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por octava vez el proyecto para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, acompañada por una marea verde que volvió a tomar las calles de toda la Argentina para reclamar la legalización del aborto. “Esta muerte pone sobre la mesa una vez más la responsabilidad del Estado frente a las muertes evitables de mujeres por abortos inseguros”, resaltó en un comunicado la Red.

En el caso de la mujer que falleció, ella no pudo acceder a la información necesaria sobre los riesgos que corría su vida por intentar practicarse un aborto clandestino. A metros de su vivienda, había un centro de salud que realiza consultorías de reducción de daños e interrupciones legales de embarazos, pero “la mujer no accedió a este espacio tampoco”, puntualizó Agote. “Cualquier persona que acceda a cualquier efector de salud diciendo que está cursando un embarazo que no desea y que quiere interrumpirlo, lo mínimo que tiene que recibir es información sobre las consecuencias que pueda llegar a tener”, agregó la médica.

Además de reconocer el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 14 semanas de gestación (y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación), el proyecto presentado el martes establece que el Estado debe garantizar “asesorías” para las personas que las soliciten a la hora de pedir un aborto. En ellas, deberán recibir información “objetiva, pertinente, precisa, confiable, científica, actualizada y laica” sobre la práctica, y además se les tendrá que ofrecer métodos anticonceptivos.

“El Estado es responsable tanto de asistir como de informarle a la mujer que existen efectores de salud en todo el país que deben acompañarla en su situación”, indicaron desde la red, que cuenta con más de 40 efectores públicos de salud y con distintas organizaciones para acompañar las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar “respecto a su salud sexual, reproductiva y no reproductiva”. “Gritamos ni una muerte más por abortos inseguros. El Estado es responsable”, enfatizó la Red.