El poder de compra de los salarios tuvo en 2018 la mayor caída desde 2002: 13 por ciento
La capacidad de compra de los salarios experimentó el año pasado su mayor caída desde 2002. Como consecuencia de la aceleración inflacionaria que acompañó a la corrida cambiaria, el poder adquisitivo registró una contracción promedio del 13 por ciento durante 2018. Aunque todas las actividades relevadas marcaron pérdidas, la estimación solapa la inédita dispersión salarial registrada con acuerdos que registraron retrocesos entre 1 y 15 por ciento a lo largo de los últimos doce meses. La investigación realizada por el programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad de San Martín revela que los trabajadores estatales, los gastronómicos, los empleados de la industria del calzado acusaron las caídas más significativas.
El profundo ajuste recesivo que siguió a la devaluación y el proceso de transformaciones estructurales abierto a finales de 2015 desarticularon el efecto igualador provisto por la negociación colectiva. La dispersión salarial creció en los últimos tres años con aceleraciones inflacionarias originadas por devaluaciones: 2014, 2016 y 2018. El informe advierte que este año la dinámica validada desde el Poder Ejecutivo no sólo acrecienta la inequidad salarial al interior del empleo asalariado sino que fragmenta y debilita el reclamo salarial para este año. “La magnitud del deterioro que atravesó la economía durante 2018 menoscabó la eficacia de la negociación colectiva. Cuando está plenamente vigente, esta institución constituye una herramienta eficaz en favor de la reducción de las desigualdades salariales que genera el mercado”, sostienen Diego Schlesser y Matías Maito del Cetyd al destacar que “es indudable que, de no haberse producido paritarias, las diferencias hubieran sido aun mayores. Sin embargo, la dimensión de la divergencia que tuvo lugar en 2018 constituye un llamado de atención para los actores del mundo del trabajo”.
A la hora de estimar la merma en el poder adquisitivo, los investigadores analizaron 16 convenios de sectores que representan al 60 por ciento de los trabajadores registrados. Las pautas previstas en los acuerdos y los sucesivos aumentos acordados en las revisiones fueron contrastadas con la inflación acumulada. Los aumentos nominales negociados a lo largo del año pasado oscilaron entre 25 y 47 por ciento mientras que la inflación escaló hasta 47,6 por ciento. Detrás de las pérdidas registradas en los bolsillos de estatales, gastronómicos, calzado se inscriben las caídas experimentadas por los trabajadores de la salud privada (14 por ciento) y los empleados textiles (13 por ciento). Los químicos, por su parte, anotaron una pérdida del 6 por ciento. Camioneros, construcción, comidas rápidas y metalúrgicos componen el grupo más extendido, con caídas del 5 por ciento cada uno.
Schlesser y Maito advierten que, si bien siempre se han verificado diferencias en la magnitud de los aumentos salariales según las condiciones específicas del sector y de los actores que negocian, la dispersión observada el año pasado fue una de las más elevadas desde 2007.
“La situación es particularmente preocupante teniendo a la vista la ronda de paritarias de este año. La elevada dispersión salarial contribuye a desarticular una mirada compartida en el seno del movimiento obrero respecto a la definición de una demanda común de aumento salarial para este año”, sostienen los autores. Desde su perspectiva, mientras que un grupo de sindicatos podría negociar por la inflación esperada del 30 por ciento en 2019, otros gremios deberían incluir también un incremento adicional para compensar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado (y, en muchos, por años anteriores). “Si lo que llegara a pactarse en la mayoría de los convenios fueran aumentos salariales dirigidos sólo a preservar el poder adquisitivo en 2019, se terminará consolidando un nuevo piso para las remuneraciones de un amplio segmento de trabajadores bajo convenio. Una defensa articulada de las organizaciones sindicales es una de las pocas alternativas hoy disponibles para evitar ese desenlace”, concluyen el documento del Cetyd.
