El Gobierno aún duda si convocar o no a extraordinarias

El Gobierno continúa en duda sobre si convocar o no a sesiones extraordinarias en febrero, luego de que sus principales espadas advirtieran sobre el riesgo de una derrota. Una de las principales leyes que impulsa es la reforma del financiamiento electoral para habilitar a empresas a aportar a las campañas, una iniciativa que el macrismo viene promoviendo desde 2016, pero que cobra especial importancia luego del caso de los aportantes truchos. Tres ONG advirtieron ayer sobre la importancia de modificar la normativa actual y pidieron a los partidos y las empresas que se comprometan a no recibir dinero en efectivo.

En el Gobierno hay dudas sobre si llamar a extraordinarias desde que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, comentó en una reunión de gabinete que hay riesgo de serias derrotas legislativas en el inicio del año electoral. De hecho, lo que les advirtió es que podrían ni reunir el quórum luego del llamado a extraordinarias.

Entre las leyes que el macrismo intentó pasar en diciembre pasado y con las que quería insistir este mes, está la del financiamiento de los partidos políticos, que tiene como punto central el permitir el financiamiento por parte de personas jurídicas a los partidos. Es decir, empresas. “Si hay extraordinarias, va seguro”, confirmaron a este diario desde la Rosada. “Por ahora, está muy frío”, indicó una de las espadas parlamentarias del oficialismo.

La reforma del financiamiento de partidos no viene obteniendo consensos en el Congreso. Existe un dictamen en el Senado, con el que nunca se avanzó. Se trata de una iniciativa que el macrismo impulsa desde su primer año de gestión nacional, pero que generó más rispideces luego de que se conocieran los cientos de personas que figuraban en las listas de aportantes de campaña de Cambiemos bonaerense y que aseguraban no haber puesto un peso. Muchos eran beneficiarios de programas sociales, pero otros eran dirigentes y candidatos de esa alianza.

A esto se suma que el oficialismo recibió en la provincia de Buenos Aires el 88,52 por ciento de los aportes de campaña en efectivo. Todas las fuerzas políticas, en promedio, recibieron el 71 por ciento de sus aportes cash. En el caso de Cambiemos, además, hubo una derivación judicial de algunos de los aportes bancarios, que se hicieron todos a la misma hora y desde un mismo cajero. Esta investigación, hasta ahora, logró ser frenada con un conveniente cambio de fuero de la causa judicial.

Con el proyecto parado en el Congreso, tres ONG publicaron una solicitada para pedir una nueva ley e iniciaron una campaña con el hashtag #2019Transparente. Se trata de Cippec, Poder Ciudadano y la Red de Acción Política. Las tres plantearon que es urgente reformar el sistema de financiamiento y reclamaron que “los aportantes del sector privado y las empresas que financian partidos políticos lo hagan únicamente con dinero bancarizado”. Sostuvieron que todo el dinero debe ser trazable.

“El régimen de financiamiento de la política de nuestro país no está funcionando. El dinero circula en efectivo. Las campañas se financian con fuentes no permitidas. Los oficialismos nacionales y provinciales usan recursos públicos para las campañas. Las rendiciones de los partidos son inconsistentes y las sanciones llegan tarde. Todo esto queda en evidencia con cada uno de los escándalos que sistemáticamente estallan luego de cada elección”, sostuvieron las tres ONG.

Particularmente sobre el financiamiento por parte de empresas, las ONG señalaron que deben “respetar los límites impuestos por la ley a sus contribuciones”. “Las personas jurídicas no pueden aportar a la campaña, pero sí al financiamiento del partido político y eso es un problema. Hay una discusión enorme en el mundo sobre si las personas jurídicas pueden aportar. En algunos lugares lo prohibieron. En otros lo permiten con topes muy estrictos. Lo que seguro no podemos hacer es legislar una cosa y hacer otra, que es lo que está pasando”, sostuvo la directora de Cippec, Julia Pomares. “Los escándalos vinculados con el financiamiento de las campañas minan la legitimidad de la dirigencia política”, advirtió Pomares.

Las tres ONG también reclamaron mayor control de la Justicia electoral y mayores recursos para investigar la forma en la que se financian los partidos y sancionarlos en tiempo real y no años más tarde. “Más del 30 por ciento de las agrupaciones que compitieron en las últimas elecciones presidenciales no presentaron rendiciones de campaña y muchas de las agrupaciones que sí lo hicieron declararon un monto inferior al realmente gastado”, sostuvo Carolina Tchintian, directora del programa de Instituciones Políticas de Cippec. En los próximos días, se espera un pronunciamiento sobre este tema tanto de IDEA como del Foro de Convergencia Empresarial.