Exigencias del FMI y la liquidación del FGS
El artículo 117 del proyecto de Presupuesto 2019 sostiene que “los recursos del FGS destinados al pago del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados serán registrados como un recurso de capital de la Anses”. Como se agotaron los fondos extraordinarios provenientes del blanqueo de capitales para destinar a esos desembolsos, el gobierno propone que parte de los haberes se paguen con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional. Como esa caja de los jubilados es un stock de activos y los pagos son un flujo, a medida que se vayan haciendo las liquidaciones el fondo se irá reduciendo. El objetivo del Gobierno es destinar, por lo menos, el equivalente del 0,4 por ciento del PIB proyectado en 2019 como “recursos de capital” de la Anses. La rifa de activos de los jubilados sumaría entonces 73.661 millones de pesos el año próximo.
La utilización del FGS para atender gastos corrientes del régimen previsional es una condición establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el memorándum que implicó un primer desembolso de 15 mil millones de dólares, para terminar en un rotundo fracaso lo que obligó a redefinir el acuerdo, se informa que el Gobierno va “a amortizar activos de los fondos de pensión…como un medio para ayudar a financiar el pago de jubilaciones”, a un ritmo anual equivalente al 0,4 por ciento del PIB.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó en el Congreso, cuando presentó el proyecto de Presupuesto, que la utilización del FGS estaba prevista desde el momento en que fue autorizada por la Ley de Reparación Histórica. Explicó que primero había que agotar los recursos del blanqueo y luego apelar a los del FGS, para señalar que “el sistema previsional está en déficit y es lógico que el FGS pueda ser utilizado para lo que ha sido creado dentro del marco de la ley”. El secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, intentó aclarar que los activos del FGS no se liquidarán, sino que se apropiarán de las rentas que generen, diferencia que no cambia el resultado final de la licuación del Fondo.
Firma
El manejo del FGS esta generando conflictos al interior del gobierno porque no aparecen valientes que quieran rubricar operaciones que implican el remate de sus activos. Renunció el subdirector ejecutivo de Operaciones, Juan Martín Monge Varela, y junto a él dejaron sus cargos el gerente de Operaciones, Pablo Pereyra Iraola, y el gerente de Inversiones, Andrés Rodríguez Lubary. Se entiende el temor de esos ex funcionarios de convalidar operaciones que probablemente derivarían en un futuro tránsito por Tribunales, por investigaciones originadas en denuncias por la dilapidación de activos que respaldan la solvencia del sistema previsional.
Por lo pronto, la administración del FGS en el primer semestre del año no fue muy alentadora. En un demorado informe de la Anses se observa que el FGS perdió 17.691 millones de dólares a fin de junio. La cartera de activos del fondo alcanzó un valor de 1,371 billones de pesos, un aumento de 14 por ciento en el semestre, rentabilidad muy pobre teniendo en cuenta la evolución del tipo de cambio. Con un dólar cotizando a 29,57 pesos a fin de junio, el FGS cotizó el equivalente a 46.464 millones de dólares, cuando en diciembre estaba valorizado en 64.055 millones, lo que representó una pérdida de 27,6 por ciento en dólares.
Reforma
El FMI tiene una obsesión con los jubilados. Su directora gerente, Christine Lagarde, no la oculta: “Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya”, afirmó a mediados del año pasado, cuando presentó un documento del organismo respecto al aumento de la esperanza de vida de la población y la exigencia financiera de los regímenes jubilatorios. La propuesta del FMI es el recorte de los haberes y el aumento de la edad jubilatoria.
Pese a que la economía argentina no reúne las características de las economías maduras respecto a la velocidad del ciclo de envejecimiento –esto no significa que no existan tensiones previsionales propias–, el Fondo arremetió, con el aval del gobierno de Macri, sobre el sistema jubilatorio. Ya en la primera Consulta del Artículo IV (auditoría del FMI), a fines de 2016, definía que el actual régimen jubilatorio proyecta un déficit actuarial del 30 por ciento del PIB de 2016 (unos 150 mil millones de pesos anuales). Para corregir ese supuesto desequilibrio propuso tres medidas. La primera ya fue cumplida por la Alianza Cambiemos, que fue la de cambiar la fórmula de movilidad para que aumenten menos las jubilaciones. Las otras dos están pendientes de concretar. Una es disminuir la tasa de sustitución (la relación del último salario del trabajador con el haber inicial) del actual 72 al 60 por ciento, lo que implicaría jubilaciones más bajas. Y la tercera, subir gradualmente la edad de retiro de las mujeres de 60 a 65 años en los próximos diez años. El objetivo final es una reforma integral que incluya la privatización parcial del sistema previsional.
