Presentó un escrito, pidió la nulidad del proceso y recusó al juez y al fiscal CFK criticó la operación judicial en su contra

La ex presidenta Cristina Kirchner presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio en el que rechazó los cargos en su contra en la causa por las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. En el escrito CFK resaltó que se trata del cuarto expediente en el que se la acusa como jefa de una asociación ilícita mientras que «en todas las instancias judiciales» se le negó el pedido de realizar «una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015». En ese sentido, la ex mandataria cargó contra la «patria contratista» y recordó a la familia presidencial como protagonista de ese grupo de empresarios, al señalar que «resulta ridículo» apuntar al ex presidente Néstor Kirchner como organizador del «sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri».

La ex presidenta solicitó además la nulidad de la causa al señalar las maniobras de forum shopping —elección arbitraria del juez y el fiscal de la causa— y calificó el llamado a indagatoria como una «decisión política del Poder Judicial en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos». Cristina solicitó también la recusación de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. «Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Forum shopping?», apuntó la ex mandataria.

Respecto de la red de pagos descritos en las fotocopias de los cuadernos relacionados a la obra pública, la ex presidenta resaltó sus pedidos reiterados en otras causas referidas a la obra pública durante su gestión para que se auditen todas las obras e incluso recordó «los proyectos de ley presentados en ese sentido» que «no fueron tratados por el rechazo del oficialismo».

En ese punto, la senadora señaló que «Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás ‘Nicky’ Caputo» son  «socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública» y «emblemáticos» integrantes de la «patria contratista» presente en la historia de las contrataciones estatales desde la dictadura militar. «Hay abundante bibliografía, investigaciones y documentación que dan cuenta de un problema estructural de nuestro país», recordó la ex presidenta.

En ese tono, la senadora volvió a denunciar que las causas judiciales dirigidas por una figura de «juez enemigo» son «la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI». Cristina volvió a denunciar un «engranaje mediático-judicial» para avanzar en «la estigmatización, el juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política».

Ese entramado político-mediático-judicial, la ex presidenta lo tradujo en un requerimiento judicial de «litispendencia» —litigio pendiente— y solicitó que la causa sea enviada al juzgado de Julián Ercolini, donde trámite una causa que investiga hechas similares al de las fotocopias de Centeno desde 2008. La presentación de la senadora resalta que «la relación de litispendencia existente fue expresamente reconocida por el propio Bonadío en el marco de la causa ‘Los Sauces'», en la que la procesó en abril de 2017 antes de declararse «incompetente».

En ese sentido, la ex mandataria se refiere a la creación de causas mellizas y enumera las causas abiertas en su contra con similares figuras penales «‘Hotesur’, ‘Dólar Futuro’, ‘Obra Pública’, ‘Los Sauces’, ‘Memorándum de Entendimiento con Irán’ y ahora, ‘Obra Pública II’ o la ‘Causa de los Cuadernos'» como parte de una «auténtica novela sudamericana del tiempo que vivimos».

En su presentación, la ex presidenta anticipa que sus planteos serán presentados «por la prensa hegemónica como una estrategia para no declarar o bien para embarrar la cancha» y ante esa hipótesis responde que en la causa conocido como «Obra Pública» —en la que se investiga particularmente las obras concedidas al empresario Lázaro Báez— y también en la causa conexa abierta en 2008, viene solicitando «una investigación integral de toda la inversión en obra pública que se desarrolló entre los años 2003 y 2015» en todas las jurisdicciones y respecto de todas las empresas.

Tras insistir en su pedido de una auditoría general de la obra pública, la senadora advirtió que  «si existe un propósito auténtico por saber lo que ha ocurrido con la obra pública en nuestro país, incluso la investigación debe alcanzar hasta el presente» y subrayó: «resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista».  «Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas», insistió.

«Lo que pretendo como cualquier ciudadano es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial, con la misma vara para todos, que ponga en claro qué es lo que ha ocurrido, imponiendo a los eventuales culpables las sanciones que corresponda», indica la presentación de la ex mandataria.